lunes, junio 30, 2008
La crisis perfecta
La crisis perfecta, como la llamo en su columna Vianey Esquinca, es una magnífica definición de lo que sucede en el DF desde hace diez días. Y cuando hay una crisis, cada declaración, cada intento de salir adelante puede hundir más a quien lo intenta. "El único conflicto de la ciudad son los doce muertos", dijo el sábado, en una muestra de sensibilidad y sentido político el secretario de gobierno capitalino del GDF, José Angel Avila: estaba impulsando, otra vez, en plena crisis, la consulta petrolera. El viernes Guadalupe Acosta Naranjo, presidente provisional del PRD, había exigido al presidente Calderón y al dirigente del PAN, Germán Martínez, con que mostraran pruebas (sic) de la responsabilidad del gobierno capitalino en los hechos del News Divine (doble sic). Guillermo Zayas, ex responsable de la UNIPOL en la Gustavo A. Madero y ex jefe de homicidios de la procuraduría capitalina, a quien el procurador capitalino Rodoldo Félix Cárdenas acusa de haber "matado" a las doce personas en la discoteca, asegura ser inocente y que se lo ha convertido en un chivo expiatorio por los hechos. Es un viejo enemigo del procurador y nadie entiende, si realmente ordenó el operativo cómo pudo hacerlo tan mal.
El propio procurador tiene un problema grave: los 106 jóvenes detenidos, incluyendo las 35 jovencitas, fueron entregados al ministerio público más de cuatro horas después de su detención. ¿Dónde estuvieron durante esas horas?. Detenidos ilegalmente en oficinas sectoriales de la SSP-DF, donde fueron golpeados, vejados, robados, fotografiados a pesar de ser menores de edad y las muchachas, de 13 a 17 años, desnudadas y fotografiadas, por supuestos funcionarios de la SSP-DF y de la procuraduría. El gobierno capitalino ya tiene identificados a los responsables de esos hechos ¿los consignará por la totalidad de estos delitos?¿quiénes y cuántos son los responsables de esa suma de delitos?¿hasta dónde llega la responsabilidad?
El News Divine es que tenía sus papeles en regla, el único problema es que el local violaba toda normatividad. Entonces ¿por qué se le dieron los permisos y cómo se le renovaron?. El tema termina involucrando, a quien era en el 2002, cuando se renovaron esos permisos, delegado en la demarcación, el ahora secretario de seguridad pública, Joel Ortega, y a su hombre de mayor confianza, el ahora diputado Germán Lozano, que era entonces director jurídico y de gobierno, y que la semana pasada para justificar la renovación de los permisos, aseguró que lo había hecho porque tenía orden de renovar, sin revisión, todos los permisos de los giros negros. Como ya hemos dicho, si es así, alguien cometió un delito. La pregunta es sencilla: ¿quién le dio a Lozano esa orden?, porque quien haya sido estaba violando la ley. Y el tema llega hasta el día de hoy, porque es evidente que ese y otros "giros negros" han seguido funcionando, con muchos o pocos inspectores. Y no se ha hecho absolutamente nada para evitarlo.
Tampoco el operativo se dirigió a los dueños de ese local, sino contra los jóvenes. Eso ha quedado más que claro con los testimonios y los videos de lo sucedido. El interés no era clausurar un local que estaba violando las normas y reglamentos, sino detener a la mayor cantidad de jóvenes menores de edad posible. ¿Qué esperaban encontrar en ese operativo realizado a las 5.30 de la tarde, en un local abarrotado de menores de edad?¿buscaban a algún jefe del narcotráfico, de la piratería, del comercio informal?. No, simplemente querían dar un escarmiento a jóvenes que estaban disfrutando, como podían, la tarde del fin de curso en su escuela. Las muertes se produjeron porque quisieron esperar los autobuses para tener más detenidos, a pesar de que como se puede ver en los videos, los jóvenes no estaban cometiendo delitos alguno al momento del operativo. Y una vez detenidos los llevaron ilegalmente a cuarteles de la SSP-DF. Es doblemente criminal.
El jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard asegura, y en eso tiene razón, que ha hecho enormes esfuerzos por los jóvenes. que les ha dado el mayor sistema de becas del país. Es verdad, pero la criminalización de los jóvenes no se erradica con las becas de 500 o 700 pesos (en un sistema que además, sería oportuno, ante lo sucedido, que el propio Ebrard revise cómo y a quién se le está otorgando) sino con una renovación completa de la forma de ejercer el poder. Un sistema que se implantó desde el año 2000, con el inicio del mandato de López Obrador y que estuvo marcado, desde entonces, por todo tipo de arbitrariedades, sin tener la ley por norma. Si el funcionario más cercano al jefe de gobierno era visto embolsándose millones y no pasaba nada; si el secretario de finanzas se jugaba miles de dólares en Las Vegas y no pasa nada; si la Suprema Corte ordenaba respetar un amparo de un particular y no pasa nada; si las obras podían otorgarse, violando las normas, por adjudicación directa a los empresarios amigos y no pasaba nada, ¿por qué tendría que suceder algo ahora?. El delegado con licencia de la Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, un hombre cercanísimo, por cierto, a Bejarano, lo dijo con claridad: con López Obrador no se hubiera visto obligado a renunciar, López lo hubiera defendido. Podríamos ir más allá: el mismo López Obrador que no se ha dignado decir una palabra sobre lo ocurrido, ya hubiera sostenido que se trataba de un complot donde la víctima sería él y no los jóvenes fallecidos. Paradójicamente quizás exista algo así en contra de Ebrard, pero armado por sus propios enemigos internos, entre ellos, los que hubieran defendido a Chiguil. Y quizás también, si quiere, si no se derrumba o se queda sin fuerzas, puede ser la oportunidad de Ebrard para acabar con una forma de ejercer el poder que generó esta crisis perfecta.
Por: Jorge Fernández Menéndez Publicado en: Periódico Excelsior Fecha: Lunes, 30 de Junio de 2008
Etiquetas: AMLO, demagogia, Ebrard, GDF, justicia, news divine, populismo, PRD
domingo, junio 29, 2008
Ni modo mano
Cartón de Paco Calderón publicado el día de hoy en distintos medios.----------------------------------------------------
La mano invisible del mercado siempre esta presente en cualquier sociedad, aún en las más estatizadas y controladas centralmente, como lo fueron alguna vez los países del eje comunista. Y como trata de explicar Paco Calderón, si le pones controles por un lado, por el otro se desbordará con muchos problemas.
Al final de cuentas todos somos esa mano invisible del mercado, con nuestras decisiones de compra y de venta. Todos somos consumidores, y todos somos vendedores de algún producto o servicio en la economía. Y la suma de todas esas decisiones, sus interacciones, sus tendencias, modas, gustos, así como cuestiones ambientales, van conformando la mano invisible del mercado.
Pero hay quienes, sobre todo los políticos populistas y demagogos, que no pueden o no quieren entenderlo.
Etiquetas: ambulantaje, clientelismo, contrabando, corporativismo, demagogia, economia, estatismo, libre comercio, mercado, monopolios, piratería, populismo, proteccionismo
sábado, junio 28, 2008
AMLO sin rumbo ni destino
Luego de muchas vueltas, la realidad acaba de alcanzar a Andrés Manuel López Obrador. Pero en lugar de mostrarlo como un político maduro, lo volvió a exhibir como un dirigente sin brújula y sin destino.
El IFE le dio la oportunidad de regresar a la racionalidad al caracterizar de ilegal su cargo de "presidente legítimo". Pero en lugar de usar ese punto para flexionar su estrategia, asumir su condición de oposición y romper con las burlas de que no podrá ser presidente en el 2012 porque no hay reelección, López Obrador se va a hundir más en la defensa de su ilegitimidad.
El problema del tabasqueño es que perdió los referentes políticos. Toda su agitación violenta tiene el propósito de alcanzar el poder el 2012 por la vía institucional, pero pulverizó las instituciones: agredió a la sociedad con los plantones, reventó el sistema político al tratar de impedir la toma de posesión de Calderón, deshizo el Congreso al tomar violentamente las dos tribunas, desconoció al IFE y al Trife, repudió a la Corte y tachó a los ministros, anuló a la prensa en general y la lapidó en el zócalo.
Si llegara a la presidencia, López Obrador se encontraría con un sistema tronado por él mismo. Y ahí se localiza justamente la peor contradicción del tabasqueño: encabezar un movimiento que no es revolucionario ni fundacional, sino que pasa por la destrucción de las instituciones, pero la paradoja final es que ni él ni sus masas son revolucionarias quieren la revolución sino el arribo institucional al poder. Al final de cuentas, López Obrador representa la restauración del viejo régimen priísta, una mezcla del corporativismo de Lázaro Cárdenas y el populismo de Luis Echeverría. A este escenario se le puede aplicar la caracterización que le dio José Revueltas a los enredos ideológicos del viejo Partido Comunista Mexicano: "locura brujular".
En este escenario, el IFE le echó a López Obrador una llanta salvavidas. Al señalar la anticonstitucionalidad del cargo de "presidente legítimo", el IFE le abrió al tabasqueño la oportunidad de regresar a la lucha política legal e institucional y asumirse como oposición radical. Sin embargo, la cohesión del movimiento lopezobradorista depende de la payasada del presidente legítimo y no de una propuesta coherente.
Como argumento del cuento de Hans Christian Andersen, el IFE acaba de gritar que "el rey está desnudo": que el traje de presidente legítimo fue tejido con hilos de oro y plata inexistentes y que los sastres timaron a su Majestad con vestimentas que sólo eran admiradas por la corte pero que físicamente no existían.
Pero en lugar de despertar de un sueño-pesadilla y posicionarse del espacio ganado a golpes de violencia política, López Obrador y sus seguidores van a pelear por el uso del concepto de "presidente legítimo". Y en su caída seguirá arrastrando al PRD y a los legisladores y gobernantes que tomaron posesión con las cifras del 2 de julio del 2006 pero que no reconocen la presidencia de Calderón por el fraude electoral del 2 de julio del 2006.
Lo malo es que López Obrador realmente se ha creído su condición de legítimo. En febrero pasado Jacobo Zabludovsky le hizo una entrevista a López Obrador en la 69 de Radio Centro y le preguntó, "sin ocultar un placer perverso", que si era presidente legítimo, "la Constitución la impide reelegirse".
--Deduzco que usted, señor López Obrador, no será candidato a la presidencia otra vez, porque si es usted presidente legítimo equivaldría a tratar de violar la Constitución.
López Obrador respondió con seriedad:
--Eso habría que verlo en su momento, ahí los juristas lo tendrían que resolver.
López Obrador pudo haber establecido el tema de la presidencia legítima como una forma de cohesionar su movimiento y evitar la dispersión de
Lo de menos es la caracterización de un cargo inexistente. El problema es que López Obrador ha creado una esquizofrenia entre sus seguidores y con ello ha fracturado al país en una república institucional y una isla de balcanización política que vive la esquizofrenia de transcurrir cotidianamente en el mundo real pero con espacio para el mundo bizarro de López Obrador. La izquierda ha perdido credibilidad, seriedad y sobre todo tiempo político con el desgaste de defender una presidencia legítima inexistente en lugar de darle dinamismo político a su base electoral.
El saldo de la presidencia legítima y sus acciones está a la vista: el PRD cayó del 35% del
(Blog e Indicador Político TV en http://www.grupotransicion.com.mx/.)
cramirez@indicadorpolitico.com.mx
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Ya es más que obvio que "el bueno" para el 2012 es Marcelo Ebrard. ¿Lo permitirá AMLO? ¿O veremos un pleito como el que todavía divide al PRD por la presidencia del partido? Al tiempo.
Etiquetas: AMLO, conservador, demagogia, fanatismo, FAP, populismo, PRD, reaccionario
viernes, junio 27, 2008
Dinero al vecino
Vaya que si es curioso nuestro México mágico: lleno de indigencia por una parte, pero por la otra tan generoso que le regalamos dinero a los estadounidenses a todo lo largo de nuestra frontera.
A casi nivel de escándalo está llegando el flujo de norteamericanos que cruzan a México con el solo y expreso propósito de llenar los tanques de sus automóviles y camionetotas con nuestra gasolina subsidiada.
Las largas colas en las gasolineras de la frontera son muestra de esta distorsión tan absurda que se ha creado, incluso al grado de que se padece ya escasez de combustible en muchos expendios contiguos a la línea divisoria de México con Estados Unidos.
Son unos 200 mil millones de pesos lo que el Gobierno mexicano piensa destinar en el 2008 al subsidio de combustibles, mayormente a la gasolina, y parte de este dinero público -cuya intención es aminorar el impacto de la inflación en la economía hogareña- está yendo a parar a los bolsillos de los estadounidenses fronterizos que no pueden resistir una ganga: nuestra gasolina artificialmente barata.
El efecto es mucho más notorio en la frontera de México con California, estado de la Unión Americana que padece los más altos precios de la gasolina en todo Estados Unidos.
Los californianos pagan ya cerca de 5 dólares el galón de combustible, algo así como 13 pesos el LITRO, ello mientras en México la gasolina está a 7 pesos, o sea, casi la mitad.
En el caso del diesel la diferencia es aún mayor; por ello han proliferado en toda la frontera del lado estadounidense empresas que instalan en los vehículos, sobre todo en las camionetas, tanques de combustible extragrandes, hasta de 350 litros, los cuales llenan gustosos del lado mexicano, ahorrándose una buena cantidad en cada tanque.
En pocas palabras, directo de nuestra hacienda pública les llenamos las bolsas de dinero a los vecinos fronterizos, ya que en eso se traduce el ahorro.
Estimulamos la economía con esta política de subsidios... ¡pero la de Estados Unidos!
¡Qué gran negocio el nuestro!
En el pasado hemos afirmado, y esta situación tan paradójica y anómala viene a confirmarlo, que, en general, los gobiernos no deben subsidiar, pero si acaso se torna absolutamente necesario hacerlo, lo ÚNICO que "se vale" subsidiar en todo caso sería la producción alimentaria, incluyendo el subsidio directo a los alimentos básicos -y las medicinas- que requieren para su supervivencia los sectores más necesitados.
Generalizar subsidios fomenta distorsiones y viola las reglas básicas de la economía dando causa a inequidades como la descrita, en la que acaban gozando del subsidio personas que no lo necesitan y para las cuales no fue diseñado.
Es claro que este esquema de subsidiar el combustible al son de más de 16 mil millones de pesos mensuales es insostenible a largo plazo.
El problema luego se convierte en cómo DESMANTELAR una aberración de este tamaño.
Una vez inscrito en las tabletas de la costumbre popular, borrar un beneficio de este tipo y magnitud se convierte en problema social con fuertes ramificaciones políticas.
Sobre todo que estamos cada vez más cerca de ese umbral tan terrible que padeceremos y que es la contienda política del 2009, la cual generará un ambiente de turbulencia que dificultará aún más la ya de por sí carancha tarea de gobernar este país.
Si nuestro Gobierno insiste en continuar con este subsidio a los combustibles, entonces tendrá que diseñar, específicamente para las gasolineras de la zona norte, un plan de contingencia que evite el HURTO de recursos requeridos en nuestro país por parte de extranjeros.
El Abogado del Pueblo
fricase@elnorte.com
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Y del lado mexicano, el 20% más rico de la población se lleva la gran mayoría de ese subsidio a la gasolina, pues ¿quién si no los ricos tienen auto? El transporte público y el transporte de mercancías, en su gran mayoría se hace con automotores a diesel. Si algún subsidio hay que dar a los combustibles, sólo sería al diesel. La gasolina no se justifica.
Los subsidios generalizados (como el de los combustibles, el IVA cero a alimentos y medicinas, entre otros) son medidas populistas. Un apoyo dirigido exclusivamente a las clases que realmente lo requieren, es una política social bien diseñada. Parece que no, pero son muy diferentes, y pocos son quienes entienden esto.
A casi nivel de escándalo está llegando el flujo de norteamericanos que cruzan a México con el solo y expreso propósito de llenar los tanques de sus automóviles y camionetotas con nuestra gasolina subsidiada.
Las largas colas en las gasolineras de la frontera son muestra de esta distorsión tan absurda que se ha creado, incluso al grado de que se padece ya escasez de combustible en muchos expendios contiguos a la línea divisoria de México con Estados Unidos.
Son unos 200 mil millones de pesos lo que el Gobierno mexicano piensa destinar en el 2008 al subsidio de combustibles, mayormente a la gasolina, y parte de este dinero público -cuya intención es aminorar el impacto de la inflación en la economía hogareña- está yendo a parar a los bolsillos de los estadounidenses fronterizos que no pueden resistir una ganga: nuestra gasolina artificialmente barata.
El efecto es mucho más notorio en la frontera de México con California, estado de la Unión Americana que padece los más altos precios de la gasolina en todo Estados Unidos.
Los californianos pagan ya cerca de 5 dólares el galón de combustible, algo así como 13 pesos el LITRO, ello mientras en México la gasolina está a 7 pesos, o sea, casi la mitad.
En el caso del diesel la diferencia es aún mayor; por ello han proliferado en toda la frontera del lado estadounidense empresas que instalan en los vehículos, sobre todo en las camionetas, tanques de combustible extragrandes, hasta de 350 litros, los cuales llenan gustosos del lado mexicano, ahorrándose una buena cantidad en cada tanque.
En pocas palabras, directo de nuestra hacienda pública les llenamos las bolsas de dinero a los vecinos fronterizos, ya que en eso se traduce el ahorro.
Estimulamos la economía con esta política de subsidios... ¡pero la de Estados Unidos!
¡Qué gran negocio el nuestro!
En el pasado hemos afirmado, y esta situación tan paradójica y anómala viene a confirmarlo, que, en general, los gobiernos no deben subsidiar, pero si acaso se torna absolutamente necesario hacerlo, lo ÚNICO que "se vale" subsidiar en todo caso sería la producción alimentaria, incluyendo el subsidio directo a los alimentos básicos -y las medicinas- que requieren para su supervivencia los sectores más necesitados.
Generalizar subsidios fomenta distorsiones y viola las reglas básicas de la economía dando causa a inequidades como la descrita, en la que acaban gozando del subsidio personas que no lo necesitan y para las cuales no fue diseñado.
Es claro que este esquema de subsidiar el combustible al son de más de 16 mil millones de pesos mensuales es insostenible a largo plazo.
El problema luego se convierte en cómo DESMANTELAR una aberración de este tamaño.
Una vez inscrito en las tabletas de la costumbre popular, borrar un beneficio de este tipo y magnitud se convierte en problema social con fuertes ramificaciones políticas.
Sobre todo que estamos cada vez más cerca de ese umbral tan terrible que padeceremos y que es la contienda política del 2009, la cual generará un ambiente de turbulencia que dificultará aún más la ya de por sí carancha tarea de gobernar este país.
Si nuestro Gobierno insiste en continuar con este subsidio a los combustibles, entonces tendrá que diseñar, específicamente para las gasolineras de la zona norte, un plan de contingencia que evite el HURTO de recursos requeridos en nuestro país por parte de extranjeros.
El Abogado del Pueblo
fricase@elnorte.com
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Y del lado mexicano, el 20% más rico de la población se lleva la gran mayoría de ese subsidio a la gasolina, pues ¿quién si no los ricos tienen auto? El transporte público y el transporte de mercancías, en su gran mayoría se hace con automotores a diesel. Si algún subsidio hay que dar a los combustibles, sólo sería al diesel. La gasolina no se justifica.
Los subsidios generalizados (como el de los combustibles, el IVA cero a alimentos y medicinas, entre otros) son medidas populistas. Un apoyo dirigido exclusivamente a las clases que realmente lo requieren, es una política social bien diseñada. Parece que no, pero son muy diferentes, y pocos son quienes entienden esto.
Etiquetas: demagogia, economia, pobreza, populismo, reformas, subsidios
jueves, junio 26, 2008
La política social frena el crecimiento
La política social podría ser uno de los principales obstáculos para el crecimiento de la productividad en México.
Esa conclusión, que parece tremendamente subversiva, es a la que uno llega después de revisar el libro que le publicó The Brookings Institution a Santiago Levy, titulado "Good Intentions, Bad Outcomes".
No es la primera vez que Levy esgrime que las buenas intenciones dan malos resultados. En los pasillos del Gobierno se conoció con todo detalle la polémica que sostuvo con Julio Frenk con relación al seguro popular.
El entonces director general del IMSS señalaba que ese programa que se impulsaba desde la Secretaría de Salud iba a generar incentivos a la informalidad y con ello iba a contribuir a erosionar en mayor grado las finanzas del IMSS.
El planteamiento central del denso libro de 357 páginas -que publica quien ahora es vicepresidente de sectores y conocimiento del BID- es que los incentivos que están implícitos en la política social en México conducen tanto a los trabajadores como a las empresas a moverse en dirección contraria a la requerida para hacer crecer la productividad en el largo plazo.
Se requeriría que los trabajadores se movieran de los sectores más atrasados hacia los más modernos, es decir, de los de baja hacia los de alta productividad.
Los incentivos que tiene buena parte de la política social detienen este proceso. Por ejemplo, inducen a la permanencia de la gente en actividades de baja productividad en el campo y subsidian el autoempleo ineficiente o el empleo asalariado informal o ilegal.
Es decir, en aras de apoyar a los pobres, incentivan la permanencia de las actividades más atrasadas.
Los incentivos a la informalidad, de acuerdo a Levy, acaban perjudicando los niveles de ingreso y bienestar tanto de los trabajadores formales como de los propios informales, pues crean costos fiscales e impiden el crecimiento de los ingresos.
Si tuviéramos mercados con barreras muy altas que impidieran que los trabajadores se desplazaran de la informalidad a la formalidad y viceversa, quizá el problema no sería tan grave.
Pero con una movilidad tan elevada en la que a veces los formales se vuelven informales y al revés, los incentivos se convierten en un factor clave.
La propuesta central del texto en materia de políticas públicas es una redefinición completa de la política de seguridad social.
Se trataría, en opinión de Levy, de construir seguridad social universal a todos los trabajadores mexicanos financiándola mediante un incremento de los impuestos al consumo y compensando el efecto negativo sobre la equidad que este hecho podría tener mediante transferencias directas de efectivo como las que se hacen a través de Oportunidades.
Seguramente el argumento central de Levy puede ser polémico, pero sin duda amerita un examen detallado, pues como el propio título del libro sugiere, no se plantea que los programas de Gobierno tengan el propósito explícito de aumentar la informalidad... pero lo hacen.
El punto es si los incentivos que se crean son suficientemente poderosos para inducir a la gente a mantenerse como informales. El argumento de Levy dice que sí.
De acuerdo con los cálculos presentados, el empleo informal pasó de 17.3 millones de personas en 1991 a 25.8 en el 2006. Es decir, creció a una tasa de 2.7 por ciento en tres lustros.
El empleo formal, estimado a través de los asegurados al IMSS y al ISSSTE, avanzó de 12.8 millones en 1991 a 17.1 millones en 2006, con una tasa de crecimiento de 1.9 por ciento anual en promedio.
Visto de otra manera, la población ocupada en la informalidad pasó del 56 por ciento de la fuerza laboral total a casi 58 por ciento en el mismo lapso.
La gran pregunta sobre la que elabora Levy es si la política social hubiera sido diferente, cuántos de los 8.5 millones que se fueron a la informalidad en tres lustros se hubieran movido hacia la economía formal.
La propuesta que elabora es también fuertemente provocadora, pues apunta al tipo de reforma fiscal al que se le ha dado la vuelta, con un aumento, que debiera ser fuerte, en la tasa del IVA.
El tema es muy pertinente por la discusión que se está dando en torno a la renta petrolera.
La visión gubernamental es que buena parte de la renta petrolera debe ser usada para fortalecer la política social.
El hecho de que los recursos públicos se utilicen en programas de salud, educación o combate a la pobreza pareciera a veces un salvoconducto que justifica su uso, lo que debe ponerse en tela de juicio.
Es decir, podría ser que más recursos derivados del petróleo resulten contraproducentes, pues quizá implique alentar aún más la informalidad.
Tal vez haya quienes piensen diferente, pero la polémica resulta indispensable.
Dinero para la informalidad
Los datos elaborados por Levy muestran un disparo de los recursos para protección social, al mismo tiempo que un aumento sistemático de la informalidad.
Enrique Quintana
enrique.quintana@reforma.com
Esa conclusión, que parece tremendamente subversiva, es a la que uno llega después de revisar el libro que le publicó The Brookings Institution a Santiago Levy, titulado "Good Intentions, Bad Outcomes".
No es la primera vez que Levy esgrime que las buenas intenciones dan malos resultados. En los pasillos del Gobierno se conoció con todo detalle la polémica que sostuvo con Julio Frenk con relación al seguro popular.
El entonces director general del IMSS señalaba que ese programa que se impulsaba desde la Secretaría de Salud iba a generar incentivos a la informalidad y con ello iba a contribuir a erosionar en mayor grado las finanzas del IMSS.
El planteamiento central del denso libro de 357 páginas -que publica quien ahora es vicepresidente de sectores y conocimiento del BID- es que los incentivos que están implícitos en la política social en México conducen tanto a los trabajadores como a las empresas a moverse en dirección contraria a la requerida para hacer crecer la productividad en el largo plazo.
Se requeriría que los trabajadores se movieran de los sectores más atrasados hacia los más modernos, es decir, de los de baja hacia los de alta productividad.
Los incentivos que tiene buena parte de la política social detienen este proceso. Por ejemplo, inducen a la permanencia de la gente en actividades de baja productividad en el campo y subsidian el autoempleo ineficiente o el empleo asalariado informal o ilegal.
Es decir, en aras de apoyar a los pobres, incentivan la permanencia de las actividades más atrasadas.
Los incentivos a la informalidad, de acuerdo a Levy, acaban perjudicando los niveles de ingreso y bienestar tanto de los trabajadores formales como de los propios informales, pues crean costos fiscales e impiden el crecimiento de los ingresos.
Si tuviéramos mercados con barreras muy altas que impidieran que los trabajadores se desplazaran de la informalidad a la formalidad y viceversa, quizá el problema no sería tan grave.
Pero con una movilidad tan elevada en la que a veces los formales se vuelven informales y al revés, los incentivos se convierten en un factor clave.
La propuesta central del texto en materia de políticas públicas es una redefinición completa de la política de seguridad social.
Se trataría, en opinión de Levy, de construir seguridad social universal a todos los trabajadores mexicanos financiándola mediante un incremento de los impuestos al consumo y compensando el efecto negativo sobre la equidad que este hecho podría tener mediante transferencias directas de efectivo como las que se hacen a través de Oportunidades.
Seguramente el argumento central de Levy puede ser polémico, pero sin duda amerita un examen detallado, pues como el propio título del libro sugiere, no se plantea que los programas de Gobierno tengan el propósito explícito de aumentar la informalidad... pero lo hacen.
El punto es si los incentivos que se crean son suficientemente poderosos para inducir a la gente a mantenerse como informales. El argumento de Levy dice que sí.
De acuerdo con los cálculos presentados, el empleo informal pasó de 17.3 millones de personas en 1991 a 25.8 en el 2006. Es decir, creció a una tasa de 2.7 por ciento en tres lustros.
El empleo formal, estimado a través de los asegurados al IMSS y al ISSSTE, avanzó de 12.8 millones en 1991 a 17.1 millones en 2006, con una tasa de crecimiento de 1.9 por ciento anual en promedio.
Visto de otra manera, la población ocupada en la informalidad pasó del 56 por ciento de la fuerza laboral total a casi 58 por ciento en el mismo lapso.
La gran pregunta sobre la que elabora Levy es si la política social hubiera sido diferente, cuántos de los 8.5 millones que se fueron a la informalidad en tres lustros se hubieran movido hacia la economía formal.
La propuesta que elabora es también fuertemente provocadora, pues apunta al tipo de reforma fiscal al que se le ha dado la vuelta, con un aumento, que debiera ser fuerte, en la tasa del IVA.
El tema es muy pertinente por la discusión que se está dando en torno a la renta petrolera.
La visión gubernamental es que buena parte de la renta petrolera debe ser usada para fortalecer la política social.
El hecho de que los recursos públicos se utilicen en programas de salud, educación o combate a la pobreza pareciera a veces un salvoconducto que justifica su uso, lo que debe ponerse en tela de juicio.
Es decir, podría ser que más recursos derivados del petróleo resulten contraproducentes, pues quizá implique alentar aún más la informalidad.
Tal vez haya quienes piensen diferente, pero la polémica resulta indispensable.
Dinero para la informalidad
Los datos elaborados por Levy muestran un disparo de los recursos para protección social, al mismo tiempo que un aumento sistemático de la informalidad.
Enrique Quintana
enrique.quintana@reforma.com
Etiquetas: crecimiento, demagogia, economia, impuestos, pobreza, populismo, reformas, subsidios
martes, junio 24, 2008
Combatir la inflación
En un fenómeno que no se había presentado en años recientes, la mayoría de los países, tanto desarrollados como en vías de serlo, están enfrentando presiones inflacionarias debido principalmente a las alzas en el precio del petróleo y de algunos alimentos, fundamentalmente granos.
En Estados Unidos, la inflación anual ascendió en mayo a 4.2 por ciento; en la zona del Euro, la inflación anual ascendió a 3.7 por ciento, muy por encima de la meta anual de inflación de 2 por ciento. En China, la inflación ha llegado al 7.7 por ciento; India alcanzó 7.8 por ciento y Rusia 15.1 por ciento.
Al mes de mayo, nuestros hermanos latinoamericanos registraron las siguientes inflaciones anuales: Brasil, 5.6 por ciento; Colombia, 6.4 por ciento; Chile, 8.9 por ciento; Argentina, 9.1 por ciento; Venezuela, 31.4 por ciento. México registró una inflación anual de 4.9 por ciento.
Lo anterior es todo un reto para los bancos centrales, ya que algunos países, como Estados Unidos, están en un proceso de relajar la política monetaria, en donde la tasa de fondos federales efectiva se ha reducido de 5.24 por ciento el 22 de junio de 2007 a 1.94 por ciento el 20 de junio de 2008. El Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió a finales de abril reducir en 25 puntos base la meta de tasa de fondos federales para ubicarla en 2 por ciento.
En México, si bien nuestra inflación anual es una de las más bajas del Continente, se encuentra muy por encima de la meta multianual que se ha fijado el banco central de 3 por ciento. La preocupación está concentrada en la evolución de los alimentos que se han incrementado en 8.8 por ciento anual a mayo; los que tienen como bases los granos son los que más se han incrementado: el pan, tortillas y cereales se ha incrementado en 11 por ciento; aceites y grasas comestibles tuvieron un incremento de 51.6 por ciento; y la leche y sus derivados vieron crecer sus precios en 13.4 por ciento.
El resto de los bienes y servicios de la economía no han crecido a la misma velocidad: el rubro de ropa y accesorios se ha incrementado en 1.6 por ciento; la vivienda lo ha hecho en 4 por ciento; los bienes durables se han incrementado en 1.5 por ciento y los servicios lo han hecho en 4.2 por ciento. Lo anterior nos habla más de un cambio en los precios relativos en la economía que de un proceso inflacionario generalizado.
El problema es que son las familias más pobres las más afectadas por esta situación, lo que se puede traducir en presiones políticas que pueden aflorar o ser incentivadas para que afloren por los que apuestan a la debacle.
A nivel general, las familias destinan el 27.1 por ciento de su gasto corriente total para el consumo de alimentos. Sin embargo, para las familias que pertenecen al decil de ingreso más bajo, el consumo de alimentos representa el 44 por ciento.
Habría que agregar que tenemos actualmente una inflación reprimida gracias al subsidio que se da a la gasolina. Hay que destacar que esta situación no es privativa de México. De acuerdo a The Economist (www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=11453151), más de la mitad de los habitantes del mundo disfruta de subsidios a la gasolina.
El costo del subsidio a la gasolina en México se estima de 2 por ciento del PIB. En países como Malasia e Indonesia, el costo es 7 y 3 por ciento respectivamente del PIB. En la India, el monto del subsidio es similar al de México, pero es el doble del costo del subsidio en China.
Si el precio del petróleo no retrocede en los próximos meses, inevitablemente se tendrá que ajustar el precio interno de la gasolina, con el consecuente impacto directo e indirecto que tendría sobre los precios. Desgraciadamente, el calendario electoral comienza a acercarse y las autoridades preferirán seguir dando este subsidio para evitar problemas en las urnas a pesar de que esos recursos que ahora se destinan al subsidio podrían tener un mejor uso alternativo en reforzar programas de combate a la pobreza o en la creación de infraestructura.
En Los Pinos deberían leer lo que dice The Economist, según el cual, de acuerdo a un estudio del Fondo Monetario Internacional, el 20 por ciento de las familias más ricas en los países en desarrollo recibe el 42 por ciento del total de los subsidios a la gasolina.
Lo anterior ha llevado a un deterioro de las expectativas de inflación para el cierre de este año. De acuerdo a la encuesta con especialistas del sector privado que realiza el Banco de México, las expectativas de inflación promedio en enero y febrero del presente año eran de 3.77 por ciento para el cierre del año. En el mes de mayo, las expectativas para cierre de año se ubican en 4.39 por ciento.
Para evitar un deterioro adicional en las expectativas de inflación y enviar la señal de que están comprometidos en cumplir con su mandato constitucional, la Junta de Gobierno de Banco de México determinó aumentar el pasado viernes en 25 puntos base el objetivo de la tasa interbancaria a un día para ubicarla en 7.75 por ciento. Ésa es la solución indicada para combatir la inflación de raíz.
Desafortunadamente, también la semana pasada el Presidente Felipe Calderón dio a conocer con bombo y platillos el congelamiento de 150 productos de la canasta popular. Ésta es una solución que ha demostrado a lo largo de la historia su inoperancia desde el punto de vista económico, ya que lo único que provoca es desabasto de productos, aparición de mercados negros y más inflación.
Habrá que recordarles que Hugo Chávez ha decretado controles de precios en muchos productos en Venezuela e incluso vende la gasolina a sólo 4 centavos de dólar por litro. Y sin embargo, Venezuela tiene una de las inflaciones más elevadas del mundo (31.4 por ciento anual).
Lo recomendable es que Los Pinos deje hacer su trabajo al Banco de México, que tiene como su principal objetivo el combate a la inflación sin tener que mirar al calendario electoral.
Abel Hibert
ahibert@prodigy.net.mx
En Estados Unidos, la inflación anual ascendió en mayo a 4.2 por ciento; en la zona del Euro, la inflación anual ascendió a 3.7 por ciento, muy por encima de la meta anual de inflación de 2 por ciento. En China, la inflación ha llegado al 7.7 por ciento; India alcanzó 7.8 por ciento y Rusia 15.1 por ciento.
Al mes de mayo, nuestros hermanos latinoamericanos registraron las siguientes inflaciones anuales: Brasil, 5.6 por ciento; Colombia, 6.4 por ciento; Chile, 8.9 por ciento; Argentina, 9.1 por ciento; Venezuela, 31.4 por ciento. México registró una inflación anual de 4.9 por ciento.
Lo anterior es todo un reto para los bancos centrales, ya que algunos países, como Estados Unidos, están en un proceso de relajar la política monetaria, en donde la tasa de fondos federales efectiva se ha reducido de 5.24 por ciento el 22 de junio de 2007 a 1.94 por ciento el 20 de junio de 2008. El Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió a finales de abril reducir en 25 puntos base la meta de tasa de fondos federales para ubicarla en 2 por ciento.
En México, si bien nuestra inflación anual es una de las más bajas del Continente, se encuentra muy por encima de la meta multianual que se ha fijado el banco central de 3 por ciento. La preocupación está concentrada en la evolución de los alimentos que se han incrementado en 8.8 por ciento anual a mayo; los que tienen como bases los granos son los que más se han incrementado: el pan, tortillas y cereales se ha incrementado en 11 por ciento; aceites y grasas comestibles tuvieron un incremento de 51.6 por ciento; y la leche y sus derivados vieron crecer sus precios en 13.4 por ciento.
El resto de los bienes y servicios de la economía no han crecido a la misma velocidad: el rubro de ropa y accesorios se ha incrementado en 1.6 por ciento; la vivienda lo ha hecho en 4 por ciento; los bienes durables se han incrementado en 1.5 por ciento y los servicios lo han hecho en 4.2 por ciento. Lo anterior nos habla más de un cambio en los precios relativos en la economía que de un proceso inflacionario generalizado.
El problema es que son las familias más pobres las más afectadas por esta situación, lo que se puede traducir en presiones políticas que pueden aflorar o ser incentivadas para que afloren por los que apuestan a la debacle.
A nivel general, las familias destinan el 27.1 por ciento de su gasto corriente total para el consumo de alimentos. Sin embargo, para las familias que pertenecen al decil de ingreso más bajo, el consumo de alimentos representa el 44 por ciento.
Habría que agregar que tenemos actualmente una inflación reprimida gracias al subsidio que se da a la gasolina. Hay que destacar que esta situación no es privativa de México. De acuerdo a The Economist (www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=11453151), más de la mitad de los habitantes del mundo disfruta de subsidios a la gasolina.
El costo del subsidio a la gasolina en México se estima de 2 por ciento del PIB. En países como Malasia e Indonesia, el costo es 7 y 3 por ciento respectivamente del PIB. En la India, el monto del subsidio es similar al de México, pero es el doble del costo del subsidio en China.
Si el precio del petróleo no retrocede en los próximos meses, inevitablemente se tendrá que ajustar el precio interno de la gasolina, con el consecuente impacto directo e indirecto que tendría sobre los precios. Desgraciadamente, el calendario electoral comienza a acercarse y las autoridades preferirán seguir dando este subsidio para evitar problemas en las urnas a pesar de que esos recursos que ahora se destinan al subsidio podrían tener un mejor uso alternativo en reforzar programas de combate a la pobreza o en la creación de infraestructura.
En Los Pinos deberían leer lo que dice The Economist, según el cual, de acuerdo a un estudio del Fondo Monetario Internacional, el 20 por ciento de las familias más ricas en los países en desarrollo recibe el 42 por ciento del total de los subsidios a la gasolina.
Lo anterior ha llevado a un deterioro de las expectativas de inflación para el cierre de este año. De acuerdo a la encuesta con especialistas del sector privado que realiza el Banco de México, las expectativas de inflación promedio en enero y febrero del presente año eran de 3.77 por ciento para el cierre del año. En el mes de mayo, las expectativas para cierre de año se ubican en 4.39 por ciento.
Para evitar un deterioro adicional en las expectativas de inflación y enviar la señal de que están comprometidos en cumplir con su mandato constitucional, la Junta de Gobierno de Banco de México determinó aumentar el pasado viernes en 25 puntos base el objetivo de la tasa interbancaria a un día para ubicarla en 7.75 por ciento. Ésa es la solución indicada para combatir la inflación de raíz.
Desafortunadamente, también la semana pasada el Presidente Felipe Calderón dio a conocer con bombo y platillos el congelamiento de 150 productos de la canasta popular. Ésta es una solución que ha demostrado a lo largo de la historia su inoperancia desde el punto de vista económico, ya que lo único que provoca es desabasto de productos, aparición de mercados negros y más inflación.
Habrá que recordarles que Hugo Chávez ha decretado controles de precios en muchos productos en Venezuela e incluso vende la gasolina a sólo 4 centavos de dólar por litro. Y sin embargo, Venezuela tiene una de las inflaciones más elevadas del mundo (31.4 por ciento anual).
Lo recomendable es que Los Pinos deje hacer su trabajo al Banco de México, que tiene como su principal objetivo el combate a la inflación sin tener que mirar al calendario electoral.
Abel Hibert
ahibert@prodigy.net.mx
Etiquetas: demagogia, economia, inflacion, pobreza, populismo, subsidios
domingo, junio 22, 2008
Controles de precios
Cartón de Paco Calderón publicado el día de hoy en distintos medios. Otro que dejó de recibir su cheque desde Bucareli.
El mejor antídoto para los precios altos, son los precios altos mismos. A mayor precio, aumenta la oferta, y los precios tienden a caer de nuevo.
Los subsidios generalizados son un desperdicio. Son mucho mejores los apoyos enfocados en los sectores que realmente los requieren. Y por un plazo corto.
En el caso de los alimentos lo mejor sería apoyar a los productores (no con subsidios ni precios mínimos) sino con tecnología y capacitación para que aumente la producción.
Pero controlar los precios, dar subsidios, siempre es mas rentable políticamente.
Etiquetas: Calderon, economia, libre comercio, Lopez Portillo, pobreza, populismo
Arbitrariedad
El Distrito Federal se ha convertido en una de las entidades más arbitrarias y más apartadas de la legalidad del País. No sólo se violan de manera sistemática las leyes y reglamentos que el propio gobierno de la ciudad emite o propicia, sino que se crean mecanismos cada vez más arbitrarios para abusar de la ciudadanía. La discrecionalidad de que gozan todo tipo de funcionarios, empleados y policías de la ciudad se traduce en permanente arbitrariedad. Pobre ejemplo de la entidad más rica y compleja del País para el resto de la nación.
Se podría afirmar que la arbitrariedad es la sangre que corre por las venas de las administraciones de la ciudad. Antes, en la era de las administraciones duras (ej. Uruchurtu), se empleaba para hacer cumplir las disposiciones y reglamentos por cualquier medio. Más recientemente, bajo la noción de que la paz social es el bien superior, se ha cometido toda clase de tropelías. Pero nunca nada como el nivel de arbitrariedad que existe en la actualidad.
Del viejo corporativismo priista y de las organizaciones sociales, políticas y de reivindicación de vivienda que surgen del sismo de 1985 nació el control vertical que hoy ejerce el PRD en la Capital. El cambio no fue menor. Recuerdo, en mis años de estudiante al inicio de los 70, ver actos políticos y partidistas en los que lo que dominaba eran las pancartas de los sectores del PRI: la CNC, CNOP y CTM. Eso cambiaría de manera radical en las décadas subsecuentes: esas entelequias fueron substituidas por toda clase de organizaciones cuya característica común era la ilegalidad de su origen o actividad.
Así, en lugar de sindicatos tradicionales (y corruptos), lo visible son los taxistas piratas, los invasores de predios y los comerciantes informales. Pero lo verdaderamente importante es que cambió la fachada y la naturaleza de las organizaciones, pero no las estructuras corporativistas ni el control político vertical. A partir de que se comenzó a elegir al jefe del DF, el PRD convirtió a las organizaciones corporativistas en una impresionante maquinaria de control.
La combinación de corporativismo, arbitrariedad e ilegalidad (mecanismos que las autoridades del DF consideran normales, naturales y hasta "democráticos") es letal para la ciudadanía y para el desarrollo del País. En nombre del pueblo, el corporativismo sirve para controlar a la población, utilizar a las organizaciones sociales para fines partidistas y particulares, bloquear avenidas, realizar plantones, extorsionar comerciantes (igual informales que formales), administrar actividades ilegales y, además, apuntalar y financiar carreras políticas.
Ese corporativismo permite el abuso de la población, la construcción de obras inadecuadas e irregulares (como los segundos pisos que no van a ningún lado y cuyo costo sigue siendo secreto), las manifestaciones contra el supuesto fraude del 2006 y hasta la justificación de las irregularidades en la elección interna del PRD. Corporativismo y arbitrariedad son dos caras de una misma moneda.
La discrecionalidad es una facultad necesaria para cualquier autoridad, siempre y cuando existan reglas claras al respecto. Un inspector debe poder diferenciar entre un restaurante que está llevando a cabo obras para asegurar la limpieza en el manejo de los alimentos de uno que se rehúsa a llevarlas a cabo, aunque, en ese instante, ninguno de los dos cumpla la norma. Esa latitud es lógica. Pero lo que tenemos en la Capital es arbitrariedad pura. Con facultades discrecionales y, seguramente, un poco de "ayuda" monetaria, se autoriza la construcción de edificios donde no hay agua o estacionamientos y se pretende construir una megatorre sin atender las implicaciones de esa construcción sobre la zona y el tránsito vehicular.
Quizá no hay ejemplo más patente para el ciudadano común y corriente que la pretensión de que la ciudad funciona de maravilla: ¿A quién, si no a la más pura mentalidad arbitraria, se le pudo ocurrir instrumentar un sistema de puntaje para las sanciones de tránsito con los policías y reglamentos que tenemos? ¿Qué no era obvio que eso se convertiría en un nuevo instrumento para la corrupción y abuso?
Más allá del control político, pero de manera inexorablemente vinculada a éste, a partir del sismo y con la elección del jefe de gobierno, el DF ha pasado a ser el epítome del abuso y la arbitrariedad. Los reglamentos de construcción son ampliamente conocidos, pero sólo se aplican cuando no hay mordida de por medio: los innumerables asentamientos irregulares hablan por sí mismos. Como ilustra el sismo mismo, la arbitrariedad ha hecho posibles muchas carreras políticas.
La misma arbitrariedad y abuso contra la libertad de los ciudadanos es patente en las redadas de jóvenes en "antros" y colonias populares, así como la nueva modalidad de retenes en las calles de la ciudad: patrullas obstruyendo el tránsito para supuestamente identificar delincuentes. Hoy hasta los vehículos de turistas de otros países o estados son objeto de esa arbitrariedad tan perniciosa: ¿no que queríamos ser una ciudad ejemplo en servicios turísticos? Todo en nombre del pueblo y al servicio de la corrupción.
El más reciente de los instrumentos de la arbitrariedad es sin duda el llamado a una consulta en materia de petróleo. Al margen de la legalidad o constitucionalidad de semejante iniciativa, es evidente que se trata del uso partidista más flagrante de un instrumento público diseñado para otros propósitos (temas del DF).
Siendo el PRD el segundo contingente más grande en el congreso federal, no es posible aceptar que el partido que domina y controla a la Ciudad de México carezca de instrumentos para actuar de manera legítima y legal. El problema es que la arbitrariedad es parte inherente al modo de actuar de ese PRD corporativista y abusivo.
Si se tratara meramente de la administración de una ciudad cualquiera, el problema sería menor. Pero por su localización estratégica en términos políticos y mediáticos, los abusos y excesos que emanan del DF tienen consecuencias para el País en su conjunto, toda vez que implican la destrucción cada vez más acelerada de cualquier vestigio de sociedad capaz de resolver sus diferendos de manera institucional. ¡Qué falta nos hace la corriente socialdemócrata y de izquierda moderna en la ciudad y en el País!
En uno de sus momentos estelares, José López Portillo afirmó que él era responsable del timón, mas no de la tormenta. Nuestros próceres del PRD en el DF parecen venir de la misma tradición: ellos sólo son responsables de la arbitrariedad e ilegalidad. Las consecuencias son para la población y el País.
Luis Rubio
www.cidac.org
Se podría afirmar que la arbitrariedad es la sangre que corre por las venas de las administraciones de la ciudad. Antes, en la era de las administraciones duras (ej. Uruchurtu), se empleaba para hacer cumplir las disposiciones y reglamentos por cualquier medio. Más recientemente, bajo la noción de que la paz social es el bien superior, se ha cometido toda clase de tropelías. Pero nunca nada como el nivel de arbitrariedad que existe en la actualidad.
Del viejo corporativismo priista y de las organizaciones sociales, políticas y de reivindicación de vivienda que surgen del sismo de 1985 nació el control vertical que hoy ejerce el PRD en la Capital. El cambio no fue menor. Recuerdo, en mis años de estudiante al inicio de los 70, ver actos políticos y partidistas en los que lo que dominaba eran las pancartas de los sectores del PRI: la CNC, CNOP y CTM. Eso cambiaría de manera radical en las décadas subsecuentes: esas entelequias fueron substituidas por toda clase de organizaciones cuya característica común era la ilegalidad de su origen o actividad.
Así, en lugar de sindicatos tradicionales (y corruptos), lo visible son los taxistas piratas, los invasores de predios y los comerciantes informales. Pero lo verdaderamente importante es que cambió la fachada y la naturaleza de las organizaciones, pero no las estructuras corporativistas ni el control político vertical. A partir de que se comenzó a elegir al jefe del DF, el PRD convirtió a las organizaciones corporativistas en una impresionante maquinaria de control.
La combinación de corporativismo, arbitrariedad e ilegalidad (mecanismos que las autoridades del DF consideran normales, naturales y hasta "democráticos") es letal para la ciudadanía y para el desarrollo del País. En nombre del pueblo, el corporativismo sirve para controlar a la población, utilizar a las organizaciones sociales para fines partidistas y particulares, bloquear avenidas, realizar plantones, extorsionar comerciantes (igual informales que formales), administrar actividades ilegales y, además, apuntalar y financiar carreras políticas.
Ese corporativismo permite el abuso de la población, la construcción de obras inadecuadas e irregulares (como los segundos pisos que no van a ningún lado y cuyo costo sigue siendo secreto), las manifestaciones contra el supuesto fraude del 2006 y hasta la justificación de las irregularidades en la elección interna del PRD. Corporativismo y arbitrariedad son dos caras de una misma moneda.
La discrecionalidad es una facultad necesaria para cualquier autoridad, siempre y cuando existan reglas claras al respecto. Un inspector debe poder diferenciar entre un restaurante que está llevando a cabo obras para asegurar la limpieza en el manejo de los alimentos de uno que se rehúsa a llevarlas a cabo, aunque, en ese instante, ninguno de los dos cumpla la norma. Esa latitud es lógica. Pero lo que tenemos en la Capital es arbitrariedad pura. Con facultades discrecionales y, seguramente, un poco de "ayuda" monetaria, se autoriza la construcción de edificios donde no hay agua o estacionamientos y se pretende construir una megatorre sin atender las implicaciones de esa construcción sobre la zona y el tránsito vehicular.
Quizá no hay ejemplo más patente para el ciudadano común y corriente que la pretensión de que la ciudad funciona de maravilla: ¿A quién, si no a la más pura mentalidad arbitraria, se le pudo ocurrir instrumentar un sistema de puntaje para las sanciones de tránsito con los policías y reglamentos que tenemos? ¿Qué no era obvio que eso se convertiría en un nuevo instrumento para la corrupción y abuso?
Más allá del control político, pero de manera inexorablemente vinculada a éste, a partir del sismo y con la elección del jefe de gobierno, el DF ha pasado a ser el epítome del abuso y la arbitrariedad. Los reglamentos de construcción son ampliamente conocidos, pero sólo se aplican cuando no hay mordida de por medio: los innumerables asentamientos irregulares hablan por sí mismos. Como ilustra el sismo mismo, la arbitrariedad ha hecho posibles muchas carreras políticas.
La misma arbitrariedad y abuso contra la libertad de los ciudadanos es patente en las redadas de jóvenes en "antros" y colonias populares, así como la nueva modalidad de retenes en las calles de la ciudad: patrullas obstruyendo el tránsito para supuestamente identificar delincuentes. Hoy hasta los vehículos de turistas de otros países o estados son objeto de esa arbitrariedad tan perniciosa: ¿no que queríamos ser una ciudad ejemplo en servicios turísticos? Todo en nombre del pueblo y al servicio de la corrupción.
El más reciente de los instrumentos de la arbitrariedad es sin duda el llamado a una consulta en materia de petróleo. Al margen de la legalidad o constitucionalidad de semejante iniciativa, es evidente que se trata del uso partidista más flagrante de un instrumento público diseñado para otros propósitos (temas del DF).
Siendo el PRD el segundo contingente más grande en el congreso federal, no es posible aceptar que el partido que domina y controla a la Ciudad de México carezca de instrumentos para actuar de manera legítima y legal. El problema es que la arbitrariedad es parte inherente al modo de actuar de ese PRD corporativista y abusivo.
Si se tratara meramente de la administración de una ciudad cualquiera, el problema sería menor. Pero por su localización estratégica en términos políticos y mediáticos, los abusos y excesos que emanan del DF tienen consecuencias para el País en su conjunto, toda vez que implican la destrucción cada vez más acelerada de cualquier vestigio de sociedad capaz de resolver sus diferendos de manera institucional. ¡Qué falta nos hace la corriente socialdemócrata y de izquierda moderna en la ciudad y en el País!
En uno de sus momentos estelares, José López Portillo afirmó que él era responsable del timón, mas no de la tormenta. Nuestros próceres del PRD en el DF parecen venir de la misma tradición: ellos sólo son responsables de la arbitrariedad e ilegalidad. Las consecuencias son para la población y el País.
Luis Rubio
www.cidac.org
Etiquetas: corporativismo, corrupcion, demagogia, DF, Ebrard, estado de derecho, populismo, PRD
viernes, junio 20, 2008
Samba petrolera
"Mientras México sigue importando gasolina a pesar de ser un país petrolero, Petrobras está no sólo produciendo, sino está exportando gasolinas hechas en Brasil".
Felipe Calderón Hinojosa
Hace algunas semanas entrevisté a Alejandro Encinas, el todavía candidato a la presidencia nacional del PRD, quien me dijo que Petrobras, la empresa petrolera brasileña, era un gran fracaso y nos demostraba cuál era el rumbo que México no debía seguir en la reforma petrolera. Con anterioridad, el propio ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador había descalificado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por sugerir una sociedad entre Petrobras y Pemex, lo cual, a juicio de López Obrador, equivalía a promover una "privatización de Pemex".
La posición de Encinas y López Obrador no debe sorprender. Brasil es un país que ha abierto su industria petrolera mucho más, incluso de lo que propone el presidente de México, Felipe Calderón. Dado que ellos consideran que cualquier apertura es una traición a la patria, Brasil y Petrobras son un peligro para su posición ideológica.
La reforma petrolera brasileña fue iniciada por Fernando Henrique Cardoso, un Presidente socialdemócrata, de izquierda moderada, en 1995, pero ha sido mantenida y fortalecida por el gobierno más izquierdista de Lula. Como parte de esa reforma, Petrobras se abrió al capital privado y empezó a hacer alianzas con empresas brasileñas y extranjeras. En la actualidad el Gobierno sólo mantiene el 32 por ciento de las acciones de Petrobras, la cual cotiza en bolsas del Brasil y del extranjero. Alrededor de 50 empresas privadas realizan operaciones de exploración, extracción, transporte y procesamiento de petróleo y sus derivados en Brasil, en sociedad o solas. Petrobras ha establecido numerosas coinversiones con firmas privadas para operar en el país y también en el extranjero.
¿Ha sido tan desastrosa la operación de Petrobras como para que Encinas y los perredistas la consideren como un enorme fracaso cuyo ejemplo debemos evitar los mexicanos? ¿Ha perdido Brasil soberanía? Todo lo contrario. Petrobras y la industria petrolera brasileña parecen una gran historia de éxito. En contraste, Pemex es un fracaso absoluto.
Brasil era un país que hasta hace algunos años importaba virtualmente todo su petróleo. Petrobras se dedicaba a comprar, distribuir y vender combustibles. La empresa y sus socios, sin embargo, empezaron a invertir y a transformar la industria petrolera del país. Petrobras construyó primero una fuerte capacidad de refinación, lo cual le permitió convertirse en exportador de gasolina incluso cuando todavía era importador de crudo. Hoy la producción de petróleo del país ha alcanzado los 2 millones de barriles diarios, lo cual le deja un excedente de unos 400 mil barriles para la exportación.
Ahí no termina, sin embargo, la historia de éxito. Gracias, precisamente, a que ha establecido sociedades con algunas de las empresas más importantes del mundo, las cuales cuentan con la tecnología más avanzada, Petrobras ha hecho hallazgos muy importantes de yacimientos de petróleo crudo. De hecho, la empresa es hoy una de las mejores a nivel internacional por su capacidad de operar en aguas profundas.
Entre los campos que ha encontrado está el de Tupi, cerca de Río de Janeiro, considerado como el más importante hallado en cualquier lugar del mundo en los últimos años. Petrobras ha descubierto petróleo, incluso en el Golfo de México -del lado estadounidense, por supuesto- en una coinversión con la europea Shell, la estadounidense Marathon Oil y la italiana ENI.
Pemex y la industria petrolera mexicana, en cambio, son un verdadero ejemplo de fracaso. Si bien México contó con la enorme suerte de encontrar en los años 70 un enorme yacimiento en aguas someras, el de Cantarell, sin siquiera tener que realizar un esfuerzo de exploración, el País pronto dispendió la riqueza encontrada. Los recursos que produjo Cantarell, en lugar de reinvertirse, se emplearon en gasto corriente del Gobierno.
Con el tiempo, la producción de ese campo ha empezado a decaer y con ella la del País. México no logró siquiera convertirse en productor autosuficiente de gasolina en ese tiempo. Convenía más hacer inversiones de refinación en el exterior, como en Deer Park, en Houston, con la Shell, que en un México en que se le prohibían a Pemex las sociedades con firmas privadas.
Petrobras y Brasil serán grandes potencias petroleras en los años que vienen. El optimismo de los analistas se ve reflejado en las calificaciones de los bonos de la empresa y del país, así como en la bonanza de los mercados bursátiles brasileños (Petrobras, por supuesto, cotiza en bolsa, cosa que Pemex no hace).
México, en cambio, parece destinado a convertirse en importador neto no sólo de gasolina y petrolíferos, sino de crudo, en los próximos años. La historia de éxito es Petrobras y la de fracaso Pemex.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
--------------------------------------------------
Parece que ya le empezó a llegar de nuevo su cheque a Sarmiento desde Bucareli. jajajajajajaja
Le faltó un dato importante a Sarmiento. Si bien el gobierno de Brasil sólo tiene el 32% del total del capital accionario de Petrobras, posee el 60% (si mal no recuerdo) de las acciones con derecho a voto. Con eso, el gobierno decide unilateralmente reinvertir todas las utilidades que quedan después de pagar los impuestos generales y especiales al petróleo (la mayor parte de la renta pretrolera), de tal manera que la renta la conserva el Estado para beneficio del país, y se arriesgó capital privado, no el Erario. Eso es soberanía. Eso es mantener el control. Lo demás es demagogia.
Pero no le hagan caso a Sarmiento. No es un intelectual (what ever that means) y además es un conservador (quiere cambiar el status quo) que recibe dinero del gobierno espurio. Tampoco me hagan caso a mi. Soy un ignorante que no conozco la historia y vivo cegado por la información manipulada de Telerisa y TV Azqueta. Ah!, también del periódico de la derecha, Reforma/El Norte. :-))
Digo, porque no puede haber otra explicación para que yo tenga estas ideas. La única opción posible es mi ignorancia. Si, eso debe ser.
Lo que es no tener argumentos ni propuestas.
Felipe Calderón Hinojosa
Hace algunas semanas entrevisté a Alejandro Encinas, el todavía candidato a la presidencia nacional del PRD, quien me dijo que Petrobras, la empresa petrolera brasileña, era un gran fracaso y nos demostraba cuál era el rumbo que México no debía seguir en la reforma petrolera. Con anterioridad, el propio ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador había descalificado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por sugerir una sociedad entre Petrobras y Pemex, lo cual, a juicio de López Obrador, equivalía a promover una "privatización de Pemex".
La posición de Encinas y López Obrador no debe sorprender. Brasil es un país que ha abierto su industria petrolera mucho más, incluso de lo que propone el presidente de México, Felipe Calderón. Dado que ellos consideran que cualquier apertura es una traición a la patria, Brasil y Petrobras son un peligro para su posición ideológica.
La reforma petrolera brasileña fue iniciada por Fernando Henrique Cardoso, un Presidente socialdemócrata, de izquierda moderada, en 1995, pero ha sido mantenida y fortalecida por el gobierno más izquierdista de Lula. Como parte de esa reforma, Petrobras se abrió al capital privado y empezó a hacer alianzas con empresas brasileñas y extranjeras. En la actualidad el Gobierno sólo mantiene el 32 por ciento de las acciones de Petrobras, la cual cotiza en bolsas del Brasil y del extranjero. Alrededor de 50 empresas privadas realizan operaciones de exploración, extracción, transporte y procesamiento de petróleo y sus derivados en Brasil, en sociedad o solas. Petrobras ha establecido numerosas coinversiones con firmas privadas para operar en el país y también en el extranjero.
¿Ha sido tan desastrosa la operación de Petrobras como para que Encinas y los perredistas la consideren como un enorme fracaso cuyo ejemplo debemos evitar los mexicanos? ¿Ha perdido Brasil soberanía? Todo lo contrario. Petrobras y la industria petrolera brasileña parecen una gran historia de éxito. En contraste, Pemex es un fracaso absoluto.
Brasil era un país que hasta hace algunos años importaba virtualmente todo su petróleo. Petrobras se dedicaba a comprar, distribuir y vender combustibles. La empresa y sus socios, sin embargo, empezaron a invertir y a transformar la industria petrolera del país. Petrobras construyó primero una fuerte capacidad de refinación, lo cual le permitió convertirse en exportador de gasolina incluso cuando todavía era importador de crudo. Hoy la producción de petróleo del país ha alcanzado los 2 millones de barriles diarios, lo cual le deja un excedente de unos 400 mil barriles para la exportación.
Ahí no termina, sin embargo, la historia de éxito. Gracias, precisamente, a que ha establecido sociedades con algunas de las empresas más importantes del mundo, las cuales cuentan con la tecnología más avanzada, Petrobras ha hecho hallazgos muy importantes de yacimientos de petróleo crudo. De hecho, la empresa es hoy una de las mejores a nivel internacional por su capacidad de operar en aguas profundas.
Entre los campos que ha encontrado está el de Tupi, cerca de Río de Janeiro, considerado como el más importante hallado en cualquier lugar del mundo en los últimos años. Petrobras ha descubierto petróleo, incluso en el Golfo de México -del lado estadounidense, por supuesto- en una coinversión con la europea Shell, la estadounidense Marathon Oil y la italiana ENI.
Pemex y la industria petrolera mexicana, en cambio, son un verdadero ejemplo de fracaso. Si bien México contó con la enorme suerte de encontrar en los años 70 un enorme yacimiento en aguas someras, el de Cantarell, sin siquiera tener que realizar un esfuerzo de exploración, el País pronto dispendió la riqueza encontrada. Los recursos que produjo Cantarell, en lugar de reinvertirse, se emplearon en gasto corriente del Gobierno.
Con el tiempo, la producción de ese campo ha empezado a decaer y con ella la del País. México no logró siquiera convertirse en productor autosuficiente de gasolina en ese tiempo. Convenía más hacer inversiones de refinación en el exterior, como en Deer Park, en Houston, con la Shell, que en un México en que se le prohibían a Pemex las sociedades con firmas privadas.
Petrobras y Brasil serán grandes potencias petroleras en los años que vienen. El optimismo de los analistas se ve reflejado en las calificaciones de los bonos de la empresa y del país, así como en la bonanza de los mercados bursátiles brasileños (Petrobras, por supuesto, cotiza en bolsa, cosa que Pemex no hace).
México, en cambio, parece destinado a convertirse en importador neto no sólo de gasolina y petrolíferos, sino de crudo, en los próximos años. La historia de éxito es Petrobras y la de fracaso Pemex.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
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Parece que ya le empezó a llegar de nuevo su cheque a Sarmiento desde Bucareli. jajajajajajaja
Le faltó un dato importante a Sarmiento. Si bien el gobierno de Brasil sólo tiene el 32% del total del capital accionario de Petrobras, posee el 60% (si mal no recuerdo) de las acciones con derecho a voto. Con eso, el gobierno decide unilateralmente reinvertir todas las utilidades que quedan después de pagar los impuestos generales y especiales al petróleo (la mayor parte de la renta pretrolera), de tal manera que la renta la conserva el Estado para beneficio del país, y se arriesgó capital privado, no el Erario. Eso es soberanía. Eso es mantener el control. Lo demás es demagogia.
Pero no le hagan caso a Sarmiento. No es un intelectual (what ever that means) y además es un conservador (quiere cambiar el status quo) que recibe dinero del gobierno espurio. Tampoco me hagan caso a mi. Soy un ignorante que no conozco la historia y vivo cegado por la información manipulada de Telerisa y TV Azqueta. Ah!, también del periódico de la derecha, Reforma/El Norte. :-))
Digo, porque no puede haber otra explicación para que yo tenga estas ideas. La única opción posible es mi ignorancia. Si, eso debe ser.
Lo que es no tener argumentos ni propuestas.
Etiquetas: AMLO, Brasil, conservador, demagogia, inversión, liberalismo, Lula, PEMEX, PetroBras, petroleo, populismo, reaccionario, reformas, riqueza
lunes, junio 16, 2008
Manipular precios
"La mejor solución de los precios altos son los precios altos".
José Ángel Gurría
Los precios son las válvulas reguladoras de la economía. Cuando suben demasiado generan incentivos para aumentar la producción, lo cual hace que después bajen nuevamente. Si bajan mucho, los productores no recuperan sus costos, por lo que reducen su producción y la reducida oferta hace que los precios vuelvan a subir.
México tiene una larga tradición de manipulación de precios. Durante décadas los burócratas pensaron que podían regular la economía mejor que el mercado. El instrumento que utilizaron fue, precisamente, la manipulación de precios. Muchos de los males de nuestra economía se derivan de ello.
Durante décadas los beneficiarios elegidos de esta manipulación fueron los habitantes de las ciudades. Los políticos controlaban los precios de algunos productos que consideraban esenciales para la creciente población urbana, cuyo voto no estaba garantizado para el PRI como el de los campesinos. Entre los productos sometidos a control se encontraban las tortillas, otros alimentos, el transporte público e incluso los cines.
La manipulación de precios de los alimentos fue uno de los factores que empobrecieron al campo y fomentaron la migración a las ciudades durante buena parte del siglo 20 a pesar de que, como siempre, se nos decía que su propósito era ayudar a los más pobres.
Los burócratas y los políticos trataban de componer con una mano lo que descomponían con la otra. Así, ante el empobrecimiento generado en el campo por la manipulación de los precios agropecuarios, aplicaban programas de apoyo a los campesinos. Estas limosnas, sin embargo, no eran nunca suficientes para resolver el problema. Su único resultado era un uso ineficiente de recursos y, en todo caso, un enriquecimiento muy explicable de los caciques políticos que tenían el encargo de repartir los apoyos.
La manipulación de precios del transporte público se tradujo en un deterioro constante de la calidad. Los usuarios gozaban de tarifas muy bajas, que facilitaban el que sus patrones les pagaran salarios reducidos, pero sólo para ser humillados en sus trayectos cotidianos en transportes viejos, sucios y abarrotados con conductores déspotas e impreparados.
Una situación similar ocurrió en los cines. El prolongado control de precios que comenzó en los años 70 llevó a un deterioro de la calidad de la exhibición y alejó al público de las salas cinematográficas. Este proceso fue uno de los factores que llevaron a la declinación de la industria mexicana del cine.
Durante un tiempo pareció que los políticos mexicanos habían entendido los males generados por la manipulación de los precios. En la parte final de la era priista, de hecho, los controles generalizados de precios fueron levantados de manera gradual, lo cual permitió contar con dinero para financiar programas focalizados de apoyo a los más pobres, como Solidaridad y Progresa.
En las industrias que han podido beneficiarse de una política más liberal de precios, como la cinematográfica, los resultados han sido evidentes. La inversión en nuevas y mejores salas de exhibición ha sido muy importante. El público ha regresado a los cines. Una consecuencia secundaria, pero no menospreciable, ha sido un fortalecimiento de la desfallecida producción cinematográfica mexicana. El retorno del público ha sido un incentivo mucho más poderoso a la producción, y ha permitido un renacimiento del cine mexicano, que todos los subsidios que se otorgaban y se conceden todavía a la producción.
En los alimentos, la gradual eliminación de la manipulación de precios coincidió con una baja internacional del mercado. Desde mediados de la década de 1970 hasta hace apenas unos dos años, el mundo registró un proceso gradual, pero consistente de disminución de los precios reales de los productos del campo. Ha sido sólo en estos últimos años -cuando se han combinado factores como el alza en los precios del petróleo, el aumento del consumo en China y la India, y el enorme subsidio que el principal productor de alimentos en el mundo, Estados Unidos, ha dado para desviar el maíz a la producción de etanol- que se ha generado la primera gran escalada de precios del campo desde los años 70.
Si bien durante décadas los panistas cuestionaron la manipulación de precios de los gobiernos priistas, en el poder han regresado a esa trampa que parecía ya superada. En lugar de considerar las recientes alzas como una oportunidad para las industrias del petróleo y los alimentos, han reaccionado manipulando precios y haciendo todo lo posible por impedir que el mercado aplique su magia.
"La mejor solución de los precios altos son los precios altos", me dijo hace unos días el Secretario General de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el mexicano José Ángel Gurría. Pero esto es algo que nuestros funcionarios públicos panistas de hoy entienden tan poco como los priistas de los tiempos del populismo.
Más de lo bueno
Si el subsidio al consumo de la gasolina es tan bueno para el país y para los que menos tienen, tanto así que el Presidente Calderón lo anunció dentro de su paquete de apoyo a los más pobres, ¿por qué no entonces lo ampliamos? Bajemos el precio de la gasolina a la mitad o más. Incluso podemos regalarla. Con eso extenderemos los beneficios de este programa, que nos dicen es un respaldo a los pobres.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
-----------------------
Chin!!, tal parece que sigue sin llegarle su cheque semanal a Sarmiento desde Bucareli.
Si con el aumento de unos cuantos centavos por mes que se empezó a aplicar a principios del año la oposición afirmó que hubo un gasolinazo. ¿Se imaginan si se libera al libre mercado los precios de las gasolinas? Si así ya estamos hartos de AMLO y sus PG-fans.
Pero definitivamente, tarde que temprano, se tendrán que eliminar los subsidios a las gasolinas. Pero tiene que hacerse paulatinamente. Y lo ideal sería que existiera libre competencia en la producción de gasolinas, no solo de la marca PEMEX. Pero estas ideas son demasiado liberales para muchos conservadores mexicanos.
José Ángel Gurría
Los precios son las válvulas reguladoras de la economía. Cuando suben demasiado generan incentivos para aumentar la producción, lo cual hace que después bajen nuevamente. Si bajan mucho, los productores no recuperan sus costos, por lo que reducen su producción y la reducida oferta hace que los precios vuelvan a subir.
México tiene una larga tradición de manipulación de precios. Durante décadas los burócratas pensaron que podían regular la economía mejor que el mercado. El instrumento que utilizaron fue, precisamente, la manipulación de precios. Muchos de los males de nuestra economía se derivan de ello.
Durante décadas los beneficiarios elegidos de esta manipulación fueron los habitantes de las ciudades. Los políticos controlaban los precios de algunos productos que consideraban esenciales para la creciente población urbana, cuyo voto no estaba garantizado para el PRI como el de los campesinos. Entre los productos sometidos a control se encontraban las tortillas, otros alimentos, el transporte público e incluso los cines.
La manipulación de precios de los alimentos fue uno de los factores que empobrecieron al campo y fomentaron la migración a las ciudades durante buena parte del siglo 20 a pesar de que, como siempre, se nos decía que su propósito era ayudar a los más pobres.
Los burócratas y los políticos trataban de componer con una mano lo que descomponían con la otra. Así, ante el empobrecimiento generado en el campo por la manipulación de los precios agropecuarios, aplicaban programas de apoyo a los campesinos. Estas limosnas, sin embargo, no eran nunca suficientes para resolver el problema. Su único resultado era un uso ineficiente de recursos y, en todo caso, un enriquecimiento muy explicable de los caciques políticos que tenían el encargo de repartir los apoyos.
La manipulación de precios del transporte público se tradujo en un deterioro constante de la calidad. Los usuarios gozaban de tarifas muy bajas, que facilitaban el que sus patrones les pagaran salarios reducidos, pero sólo para ser humillados en sus trayectos cotidianos en transportes viejos, sucios y abarrotados con conductores déspotas e impreparados.
Una situación similar ocurrió en los cines. El prolongado control de precios que comenzó en los años 70 llevó a un deterioro de la calidad de la exhibición y alejó al público de las salas cinematográficas. Este proceso fue uno de los factores que llevaron a la declinación de la industria mexicana del cine.
Durante un tiempo pareció que los políticos mexicanos habían entendido los males generados por la manipulación de los precios. En la parte final de la era priista, de hecho, los controles generalizados de precios fueron levantados de manera gradual, lo cual permitió contar con dinero para financiar programas focalizados de apoyo a los más pobres, como Solidaridad y Progresa.
En las industrias que han podido beneficiarse de una política más liberal de precios, como la cinematográfica, los resultados han sido evidentes. La inversión en nuevas y mejores salas de exhibición ha sido muy importante. El público ha regresado a los cines. Una consecuencia secundaria, pero no menospreciable, ha sido un fortalecimiento de la desfallecida producción cinematográfica mexicana. El retorno del público ha sido un incentivo mucho más poderoso a la producción, y ha permitido un renacimiento del cine mexicano, que todos los subsidios que se otorgaban y se conceden todavía a la producción.
En los alimentos, la gradual eliminación de la manipulación de precios coincidió con una baja internacional del mercado. Desde mediados de la década de 1970 hasta hace apenas unos dos años, el mundo registró un proceso gradual, pero consistente de disminución de los precios reales de los productos del campo. Ha sido sólo en estos últimos años -cuando se han combinado factores como el alza en los precios del petróleo, el aumento del consumo en China y la India, y el enorme subsidio que el principal productor de alimentos en el mundo, Estados Unidos, ha dado para desviar el maíz a la producción de etanol- que se ha generado la primera gran escalada de precios del campo desde los años 70.
Si bien durante décadas los panistas cuestionaron la manipulación de precios de los gobiernos priistas, en el poder han regresado a esa trampa que parecía ya superada. En lugar de considerar las recientes alzas como una oportunidad para las industrias del petróleo y los alimentos, han reaccionado manipulando precios y haciendo todo lo posible por impedir que el mercado aplique su magia.
"La mejor solución de los precios altos son los precios altos", me dijo hace unos días el Secretario General de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el mexicano José Ángel Gurría. Pero esto es algo que nuestros funcionarios públicos panistas de hoy entienden tan poco como los priistas de los tiempos del populismo.
Más de lo bueno
Si el subsidio al consumo de la gasolina es tan bueno para el país y para los que menos tienen, tanto así que el Presidente Calderón lo anunció dentro de su paquete de apoyo a los más pobres, ¿por qué no entonces lo ampliamos? Bajemos el precio de la gasolina a la mitad o más. Incluso podemos regalarla. Con eso extenderemos los beneficios de este programa, que nos dicen es un respaldo a los pobres.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
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Chin!!, tal parece que sigue sin llegarle su cheque semanal a Sarmiento desde Bucareli.
Si con el aumento de unos cuantos centavos por mes que se empezó a aplicar a principios del año la oposición afirmó que hubo un gasolinazo. ¿Se imaginan si se libera al libre mercado los precios de las gasolinas? Si así ya estamos hartos de AMLO y sus PG-fans.
Pero definitivamente, tarde que temprano, se tendrán que eliminar los subsidios a las gasolinas. Pero tiene que hacerse paulatinamente. Y lo ideal sería que existiera libre competencia en la producción de gasolinas, no solo de la marca PEMEX. Pero estas ideas son demasiado liberales para muchos conservadores mexicanos.
Etiquetas: Calderon, demagogia, economia, inflacion, pobreza, populismo
domingo, junio 15, 2008
Oswaldo y las reglas
Para todos los que no aman y para todos los que no quieren al futbol, comienzo por aclarar que Oswaldo Sánchez es el portero titular de la selección nacional. El puesto de portero es (puedo atestiguarlo por una experiencia personal, ¡ay!, tan remota) el más sufrido pero también el más "heroico". El portero suele ser el líder del equipo. Oswaldo no sólo ha sido un excelente jugador y un gran líder sino un ejemplo de profesionalismo y seriedad.
Hace unos días, Oswaldo fue protagonista de un incidente incómodo. Tras el triunfo de la selección en un partido amistoso que tuvo lugar en Chicago contra su homóloga del Perú, Oswaldo y sus compañeros decidieron festejar ruidosamente en su habitación de hotel. Las reglas de silencio y privacidad no permitían este tipo de encuentros, por lo que los alegres amigos fueron reconvenidos algunas veces hasta que la policía irrumpió (al parecer, con severidad extrema) para detener al portero nacional y someterlo a juicio. Además de una sanción pecuniaria, Oswaldo tendrá que comparecer en una futura audiencia de la que, con toda certeza, saldrá bien librado.
El episodio no tiene importancia pero es emblemático de una cierta actitud nacional sobre la que vale la pena reflexionar. Los jugadores festejaban su victoria porque festejar es algo natural. Si las reglas del lugar eran contrarias a ese festejo el problema no era de ellos sino de las reglas, que seguramente no se tomaron la molestia, o no vieron la necesidad, de revisar.
Es la misma lógica que prevalece en incontables manifestaciones de nuestra conducta pública. Cualquiera puede atestiguarlo, por ejemplo, en el tráfico nuestro de cada día: la gente en México conduce su auto como una prolongación de su cuerpo, moviéndolo con naturalidad en todas las direcciones y a una velocidad discrecional. El único límite (a veces) es el instinto de supervivencia, o la precaución de no ser "cachado" por la policía, pero casi nunca la convicción racional o cívica de que existen leyes escritas que no se deben infringir. Si la ciudad es una selva y en la selva no hay semáforos, ¿por qué habría yo de obedecerlos?
Otro ejemplo más delicado es el abuso de los grupos o asociaciones sociales, sindicales, políticas de su derecho constitucional a la libre manifestación. Tomemos por caso la reciente toma del periférico de la Ciudad de México por un grupo de sindicalistas que apoyan al líder Napoleón Gómez Urrutia.
Aunque el frecuente conflicto entre el derecho de manifestación y el de tránsito es un tema complejo del que los legisladores o los ministros de la Corte deberán ocuparse alguna vez, es claro que tanto el taponamiento completo de las vías como la agresión a algunos automovilistas son actitudes violatorias de la legalidad, pero los manifestantes no se detienen en esas consideraciones menores. Ellos están en su derecho "natural" de protestar, un derecho superior a cualquier regla escrita. Más aún, si la autoridad pretende hacer valer la regla escrita, es inmediatamente acusada de represión.
Lo más extraño es que las propias autoridades comparten esa postura. Hace casi diez años, cuando en una operación legal, ordenada e incruenta el Gobierno intervino para poner fin al movimiento que había paralizado a la UNAM, un alto funcionario federal declaró (palabras más, palabras menos): "A veces las circunstancias son tan delicadas que uno no tiene más remedio que aplicar la ley".
La noción de preeminencia de la "ley natural" sobre la ley escrita se encuentra en un sustrato muy antiguo y profundo de nuestra cultura política. Proviene de la matriz neoescolástica que caracterizó a Nueva España, lo cual no explica todo pero explica mucho.
En México -como en la España del "Siglo de Oro"- todo pueblo es "el pueblo", toda parte es el todo, y por eso se siente con el derecho natural no sólo de manifestar su parecer o su agravio sin límite alguno, sino de tomar las medidas de hecho que crea pertinentes para hacerlo valer por sobre las falibles leyes humanas. En el fondo del "imaginario" mexicano, todo conjunto homogéneo y numeroso de personas es "Fuenteovejuna" y se siente con derecho a actuar contra los comendadores en turno.
Los liberales del siglo 19 tuvieron perfecta conciencia del problema. Por eso en las leyes, en la Ley, como el único instrumento que nos permite vivir en convivencia y no "al natural", sometidos a la ley de la selva, a la voluntad del rey o a la del coro que lo aclama. El prestigio de la Revolución sobre la Reforma nos desvió de ese camino de construcción legal para retrotraernos a un orden regido por el pacto entre una porción del "pueblo", cuya voluntad soberana no se medía en votos sino en su capacidad de movilización y aclamación, y un caudillo a quien ese "pueblo" entregaba el poder para que lo ejerciese conforme a su muy personal concepto de "orden natural".
Seguramente Oswaldo no infringirá ya las reglas y seguirá defendiendo el arco de la selección. Por desgracia, en la cancha de nuestra vida pública, seguirá imperando la ley natural sobre la escrita.
Enrique Krauze
---------------------------
Ojalá los políticos de hoy en México fueran tan liberales y progresistas como los liberales del siglo XIX. Ah, pero eso si!, no dejan de usar el nombre de Juarez para todo. Ojalá fueran realmente seguidores de los principios de Juárez.
Hace unos días, Oswaldo fue protagonista de un incidente incómodo. Tras el triunfo de la selección en un partido amistoso que tuvo lugar en Chicago contra su homóloga del Perú, Oswaldo y sus compañeros decidieron festejar ruidosamente en su habitación de hotel. Las reglas de silencio y privacidad no permitían este tipo de encuentros, por lo que los alegres amigos fueron reconvenidos algunas veces hasta que la policía irrumpió (al parecer, con severidad extrema) para detener al portero nacional y someterlo a juicio. Además de una sanción pecuniaria, Oswaldo tendrá que comparecer en una futura audiencia de la que, con toda certeza, saldrá bien librado.
El episodio no tiene importancia pero es emblemático de una cierta actitud nacional sobre la que vale la pena reflexionar. Los jugadores festejaban su victoria porque festejar es algo natural. Si las reglas del lugar eran contrarias a ese festejo el problema no era de ellos sino de las reglas, que seguramente no se tomaron la molestia, o no vieron la necesidad, de revisar.
Es la misma lógica que prevalece en incontables manifestaciones de nuestra conducta pública. Cualquiera puede atestiguarlo, por ejemplo, en el tráfico nuestro de cada día: la gente en México conduce su auto como una prolongación de su cuerpo, moviéndolo con naturalidad en todas las direcciones y a una velocidad discrecional. El único límite (a veces) es el instinto de supervivencia, o la precaución de no ser "cachado" por la policía, pero casi nunca la convicción racional o cívica de que existen leyes escritas que no se deben infringir. Si la ciudad es una selva y en la selva no hay semáforos, ¿por qué habría yo de obedecerlos?
Otro ejemplo más delicado es el abuso de los grupos o asociaciones sociales, sindicales, políticas de su derecho constitucional a la libre manifestación. Tomemos por caso la reciente toma del periférico de la Ciudad de México por un grupo de sindicalistas que apoyan al líder Napoleón Gómez Urrutia.
Aunque el frecuente conflicto entre el derecho de manifestación y el de tránsito es un tema complejo del que los legisladores o los ministros de la Corte deberán ocuparse alguna vez, es claro que tanto el taponamiento completo de las vías como la agresión a algunos automovilistas son actitudes violatorias de la legalidad, pero los manifestantes no se detienen en esas consideraciones menores. Ellos están en su derecho "natural" de protestar, un derecho superior a cualquier regla escrita. Más aún, si la autoridad pretende hacer valer la regla escrita, es inmediatamente acusada de represión.
Lo más extraño es que las propias autoridades comparten esa postura. Hace casi diez años, cuando en una operación legal, ordenada e incruenta el Gobierno intervino para poner fin al movimiento que había paralizado a la UNAM, un alto funcionario federal declaró (palabras más, palabras menos): "A veces las circunstancias son tan delicadas que uno no tiene más remedio que aplicar la ley".
La noción de preeminencia de la "ley natural" sobre la ley escrita se encuentra en un sustrato muy antiguo y profundo de nuestra cultura política. Proviene de la matriz neoescolástica que caracterizó a Nueva España, lo cual no explica todo pero explica mucho.
En México -como en la España del "Siglo de Oro"- todo pueblo es "el pueblo", toda parte es el todo, y por eso se siente con el derecho natural no sólo de manifestar su parecer o su agravio sin límite alguno, sino de tomar las medidas de hecho que crea pertinentes para hacerlo valer por sobre las falibles leyes humanas. En el fondo del "imaginario" mexicano, todo conjunto homogéneo y numeroso de personas es "Fuenteovejuna" y se siente con derecho a actuar contra los comendadores en turno.
Los liberales del siglo 19 tuvieron perfecta conciencia del problema. Por eso en las leyes, en la Ley, como el único instrumento que nos permite vivir en convivencia y no "al natural", sometidos a la ley de la selva, a la voluntad del rey o a la del coro que lo aclama. El prestigio de la Revolución sobre la Reforma nos desvió de ese camino de construcción legal para retrotraernos a un orden regido por el pacto entre una porción del "pueblo", cuya voluntad soberana no se medía en votos sino en su capacidad de movilización y aclamación, y un caudillo a quien ese "pueblo" entregaba el poder para que lo ejerciese conforme a su muy personal concepto de "orden natural".
Seguramente Oswaldo no infringirá ya las reglas y seguirá defendiendo el arco de la selección. Por desgracia, en la cancha de nuestra vida pública, seguirá imperando la ley natural sobre la escrita.
Enrique Krauze
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Ojalá los políticos de hoy en México fueran tan liberales y progresistas como los liberales del siglo XIX. Ah, pero eso si!, no dejan de usar el nombre de Juarez para todo. Ojalá fueran realmente seguidores de los principios de Juárez.
Etiquetas: conservador, demagogia, estado de derecho, idiosincracia, leyes, liberal, populismo
jueves, junio 12, 2008
Real privatización
En España no se anduvieron por las ramas. El socialista Felipe González no tenía a un Andrés Manuel López Obrador que lo persiguiera desde la derecha para impedirle hacer las reformas que el país necesitaba. Su propósito era dar a los españoles un mejor nivel de vida. Por eso optó por privatizar la industria petrolera española y no simplemente abrir ciertas áreas a la inversión privada.
Como ha ocurrido en tantos otros lugares del mundo, no fue un gobierno de izquierda sino una dictadura de derecha la que creó el monopolio petrolero en España. En 1927, el dictador Miguel Primo de Rivera emitió una Ley del Monopolio Petrolero que creó la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA (CAMPSA).
Muchos años después, sin embargo, el socialista Felipe González llegó al poder convencido de que los monopolios no son la mejor manera de generar prosperidad. Como un verdadero hombre de izquierda, su compromiso era dar a los españoles, y especialmente a los más pobres, un mejor nivel de vida. Un monopolio petrolero como CAMPSA no servía para eso, como tampoco lo ha hecho Pemex en México.
La privatización de CAMPSA empezó en 1992. Sus activos fueron distribuidos entre varias firmas: Repsol, Cepsa y BP (British Petroleum). La marca CAMPSA, bastante conocida entre los españoles, fue mantenida por Repsol, empresa en la que nuestra Pemex tiene hoy una participación accionaria (paradójicamente, Pemex, a la que se prohíbe tener socios en México, es socia de varias empresas en el extranjero). Las actividades de transporte y logística de CAMPSA permanecieron en lo que quedó de la vieja empresa, la cual cambió de nombre a CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos).
Para la izquierda mexicana, el que un gobernante socialista haya optado no simplemente por abrir a la inversión privada la industria petrolera, sino desmembrarla y privatizarla (esto es, vender sus activos) es incomprensible. Pero esto se debe fundamentalmente a una falta de comprensión entre nuestros políticos de cuáles son las causas reales de la izquierda.
Hace ya algunos años tuve la oportunidad de entrevistar a Felipe González. Hablamos de España, de México y de la economía del mundo. Al terminar la conversación, el ya ex presidente del gobierno español me comentó: "Me habían dicho que eras de derecha, pero tú de derecha no tienes nada". Le dije que mi abuelo había sido diputado y gobernador por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, pero que yo me consideraba un liberal. "Para ser un socialista", me respondió pensativo, "primero tienes que ser un liberal". González procedió a contarme las dificultades que había enfrentado para convencer al PSOE de abandonar los dogmas del marxismo (para estas alturas quizá ya habré perdido a uno de mis lectores cotidianos, don Ovidio Salcedo, el último líder del PSOE en el exilio, quien considera que Felipe robó el partido a los históricos; pero independientemente de la forma en que haya adquirido el control del PSOE, estoy convencido de que sus políticas como gobernante fueron positivas).
González no buscó mantener los monopolios creados por la derecha fascista, sino que impulsó una diversificación y modernización de la economía española. Ésta fue una de las razones de la transformación económica del país. En 1950 España era más pobre que México: su Producto Interno Bruto apenas alcanzaba los 2 mil 189 dólares por persona contra 2 mil 304 de México (Angus Maddison, The World Economy; dólares internacionales Geary-Khamis de 1990). En el 2007, en cambio, España tenía un PIB per cápita de 32 mil 67 dólares (nominales, FMI) contra 8 mil 479 de México.
El Presidente de México, Felipe Calderón, se encuentra en este momento en España. Me imagino que tiene conciencia de la privatización de las empresas energéticas que impulsó el gobierno socialista en los años 90. Ciertamente los directores generales de Pemex, debido a que participan en el consejo de administración de Repsol, han estado al tanto del actual funcionamiento de la industria petrolera española.
Lo triste es que en México tenemos políticos que se consideran de izquierda, pero que apoyan medidas, como preservar el monopolio estatal petrolero, más congruentes con la ideología estatista de la Europa fascista de la primera mitad del siglo 20 que con la causa progresista de dar un mejor nivel de vida a la población. Sesenta y cinco años tuvieron que pasar para que el monopolio petrolero creado en España por el dictador Primo de Rivera fuera desmantelado y privatizado. Esperemos que en México nuestros izquierdistas, en vez de rendir pleitesía a las políticas del fascismo, tengan el valor de impulsar verdaderas políticas de izquierda: que den a los mexicanos, y especialmente a los más pobres, un mejor nivel de vida.
Subsidio a la gasolina
"Es conveniente reducir gradualmente el subsidio a estos productos (combustibles), pero salvaguardando el nivel de vida de la población". Esto lo dijo ayer la Secretaria de Energía, Georgina Kessel. Pero si el subsidio a la gasolina y al diesel es tan bueno como lo afirmó el Presidente el 26 de mayo, quien incluso lo presentó como parte de su programa de apoyo a los pobres, no se entiende por qué hay que eliminarlo. ¿Será que alguien ya hizo las cuentas y se percató de que el 40 por ciento del subsidio favorece al 10 por ciento más rico de la población?
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
Como ha ocurrido en tantos otros lugares del mundo, no fue un gobierno de izquierda sino una dictadura de derecha la que creó el monopolio petrolero en España. En 1927, el dictador Miguel Primo de Rivera emitió una Ley del Monopolio Petrolero que creó la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA (CAMPSA).
Muchos años después, sin embargo, el socialista Felipe González llegó al poder convencido de que los monopolios no son la mejor manera de generar prosperidad. Como un verdadero hombre de izquierda, su compromiso era dar a los españoles, y especialmente a los más pobres, un mejor nivel de vida. Un monopolio petrolero como CAMPSA no servía para eso, como tampoco lo ha hecho Pemex en México.
La privatización de CAMPSA empezó en 1992. Sus activos fueron distribuidos entre varias firmas: Repsol, Cepsa y BP (British Petroleum). La marca CAMPSA, bastante conocida entre los españoles, fue mantenida por Repsol, empresa en la que nuestra Pemex tiene hoy una participación accionaria (paradójicamente, Pemex, a la que se prohíbe tener socios en México, es socia de varias empresas en el extranjero). Las actividades de transporte y logística de CAMPSA permanecieron en lo que quedó de la vieja empresa, la cual cambió de nombre a CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos).
Para la izquierda mexicana, el que un gobernante socialista haya optado no simplemente por abrir a la inversión privada la industria petrolera, sino desmembrarla y privatizarla (esto es, vender sus activos) es incomprensible. Pero esto se debe fundamentalmente a una falta de comprensión entre nuestros políticos de cuáles son las causas reales de la izquierda.
Hace ya algunos años tuve la oportunidad de entrevistar a Felipe González. Hablamos de España, de México y de la economía del mundo. Al terminar la conversación, el ya ex presidente del gobierno español me comentó: "Me habían dicho que eras de derecha, pero tú de derecha no tienes nada". Le dije que mi abuelo había sido diputado y gobernador por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, pero que yo me consideraba un liberal. "Para ser un socialista", me respondió pensativo, "primero tienes que ser un liberal". González procedió a contarme las dificultades que había enfrentado para convencer al PSOE de abandonar los dogmas del marxismo (para estas alturas quizá ya habré perdido a uno de mis lectores cotidianos, don Ovidio Salcedo, el último líder del PSOE en el exilio, quien considera que Felipe robó el partido a los históricos; pero independientemente de la forma en que haya adquirido el control del PSOE, estoy convencido de que sus políticas como gobernante fueron positivas).
González no buscó mantener los monopolios creados por la derecha fascista, sino que impulsó una diversificación y modernización de la economía española. Ésta fue una de las razones de la transformación económica del país. En 1950 España era más pobre que México: su Producto Interno Bruto apenas alcanzaba los 2 mil 189 dólares por persona contra 2 mil 304 de México (Angus Maddison, The World Economy; dólares internacionales Geary-Khamis de 1990). En el 2007, en cambio, España tenía un PIB per cápita de 32 mil 67 dólares (nominales, FMI) contra 8 mil 479 de México.
El Presidente de México, Felipe Calderón, se encuentra en este momento en España. Me imagino que tiene conciencia de la privatización de las empresas energéticas que impulsó el gobierno socialista en los años 90. Ciertamente los directores generales de Pemex, debido a que participan en el consejo de administración de Repsol, han estado al tanto del actual funcionamiento de la industria petrolera española.
Lo triste es que en México tenemos políticos que se consideran de izquierda, pero que apoyan medidas, como preservar el monopolio estatal petrolero, más congruentes con la ideología estatista de la Europa fascista de la primera mitad del siglo 20 que con la causa progresista de dar un mejor nivel de vida a la población. Sesenta y cinco años tuvieron que pasar para que el monopolio petrolero creado en España por el dictador Primo de Rivera fuera desmantelado y privatizado. Esperemos que en México nuestros izquierdistas, en vez de rendir pleitesía a las políticas del fascismo, tengan el valor de impulsar verdaderas políticas de izquierda: que den a los mexicanos, y especialmente a los más pobres, un mejor nivel de vida.
Subsidio a la gasolina
"Es conveniente reducir gradualmente el subsidio a estos productos (combustibles), pero salvaguardando el nivel de vida de la población". Esto lo dijo ayer la Secretaria de Energía, Georgina Kessel. Pero si el subsidio a la gasolina y al diesel es tan bueno como lo afirmó el Presidente el 26 de mayo, quien incluso lo presentó como parte de su programa de apoyo a los pobres, no se entiende por qué hay que eliminarlo. ¿Será que alguien ya hizo las cuentas y se percató de que el 40 por ciento del subsidio favorece al 10 por ciento más rico de la población?
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
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¿Cuándo podremos tener en México una verdadera izquierda, liberal y progresista como el PSOE de España, aquí en México?
martes, junio 10, 2008
Simplismo y engaño
Hay palabras, expresiones que embrujan, que atrapan sin que sepamos bien a bien por qué. "Pueblo" es una de ellas: haré lo que el pueblo decida; será el pueblo quien me guíe y otras igual de irresponsables.
"Pueblo" es uno de los términos más ambiguos de la teoría política. Hegel, que algo sabía de manejo conceptual, afirmó que el pueblo es esa parte del Estado que no sabe lo que quiere. Los que sí saben qué quieren deben estar organizados en partidos políticos, en asociaciones de todo tipo, en sindicatos, en cooperativas, en representaciones gremiales, empresariales, en iglesias, qué sé yo. Pero siempre habrá porciones de una nación que bien a bien no se han identificado a sí mismas dentro de una coalición mayor. ¿Qué rumbo tomarán, difícil predecirlo?
Una sociedad organizada, como lo advirtiera Alexis de Tocqueville, es mucho más estable. Las reivindicaciones de los ciudadanos aglutinados generan una presión que el ciudadano individual difícilmente obtendrá. Pero aun en este tipo de sociedades maduras los cambios son irrefrenables.
Los millones de campesinos que se opusieron al Código Napoleónico hoy simplemente ya no están allí. La producción agrícola de los países desarrollados descansa cada vez más en cada vez menos brazos. El gran proletariado que imaginaran Marx y Engels, esa superclase social, llegó a un techo de alrededor del 30 por ciento de la PEA y, después, con las nuevas tecnologías, empezó a decaer. Hoy en muchos países altamente industrializados ocupa menos del 20 por ciento de la PEA.
La clase de los sin clase, las clases medias, hoy predominan. Hay toda una corriente filosófica (Gilles Lipovetsky por ejemplo) que establece que los grandes aglutinadores tienden a desaparecer y que en su lugar surgen identificaciones mucho más particularizadas. Para el francés, ello supone una ampliación de la libertad.
De nuevo, cuál pueblo, el del norte, el del sur, el instruido, el pobre. Las subdivisiones son tantas como queramos, y las respuestas tan variadas como queramos. De ahí la necesidad de una ciencia, la demoscopia, que nos brinde cortes con validez estadística: del gran retrato de un país al color preferido de un dentífrico en un segmento de edad y nivel de consumo.
Saber preguntar es un arte, pero sobre todo es una ciencia. El ciudadano promedio tiende a saber más de sus predilecciones personales que de la vida pública. Esta última es, por naturaleza, compleja. Un alto porcentaje de los mexicanos no sabe que se celebra en el 2010. La porción mayor cree que es la Copa del Mundo. El desconocimiento sobre los derechos básicos de un ciudadano es inmenso. ¿Es bueno o malo el déficit fiscal? El ciudadano común no tiene la menor idea.
Por eso, en todas las democracias que se respeten existe la idea de una delegación de las decisiones en los representantes populares. Son ellos los que deberán estudiar al detalle los asuntos complejos de la vida pública y en función de los mejores intereses de sus representados, tomar las decisiones.
Las elecciones son precisamente para eso. Un ciudadano común no tiene por qué saber cómo opera un impuesto directo o indirecto, a quién beneficia y a quién perjudica, o las consecuencias sobre el crecimiento económico, sobre las inversiones, sobre los empleos, sobre el ingreso de las familias. ¿Es correcto o incorrecto el multimillonario subsidio a las gasolinas? No hay respuesta simple. Pretenderlo es engañar.
La palabra consulta es de esas palabras que confunden. Ser consultado suena muy bien. Pero, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, en este momento la gran mayoría de la población no sabe, ni tiene por qué, cuál es la diferencia en la complejidad técnica entre la perforación en aguas someras y aguas profundas, por poner un ejemplo.
Suponiendo que el Gobierno federal y los partidos, con posiciones diferentes, organizaran una campaña de difusión intensiva y seria que llegara a los rincones más apartados del País, que no ha ocurrido con el famoso debate, aún así al final de tal jornada habría segmentos altamente desinformados. La campaña debe hacerse. Las encuestas muestran que la opinión cambia cuando hay información. Es sano, pero la decisión final debe recaer en los señores legisladores.
Consultar sólo a los municipios gobernados por el PRD es una afrenta al sentido común. ¿Qué piensan los otros 80 millones de mexicanos? Además no puede ser organizada por una autoridad local y la fórmula establecida en el 26 constitucional no tiene fuerza vinculatoria. La democracia representativa es la forma política vigente. Nuestros representantes, nos gusten o no, ya están allí. Ellos deberán tomar la decisión. La propuesta de Enrique Krauze es correcta: hagamos llegar nuestras opiniones a nuestros legisladores. Simplificar es engañar. Oponer una consulta amañada a los órganos de nuestra democracia es de nuevo atentar contra las instituciones.
Federico Reyes Heroles
"Pueblo" es uno de los términos más ambiguos de la teoría política. Hegel, que algo sabía de manejo conceptual, afirmó que el pueblo es esa parte del Estado que no sabe lo que quiere. Los que sí saben qué quieren deben estar organizados en partidos políticos, en asociaciones de todo tipo, en sindicatos, en cooperativas, en representaciones gremiales, empresariales, en iglesias, qué sé yo. Pero siempre habrá porciones de una nación que bien a bien no se han identificado a sí mismas dentro de una coalición mayor. ¿Qué rumbo tomarán, difícil predecirlo?
Una sociedad organizada, como lo advirtiera Alexis de Tocqueville, es mucho más estable. Las reivindicaciones de los ciudadanos aglutinados generan una presión que el ciudadano individual difícilmente obtendrá. Pero aun en este tipo de sociedades maduras los cambios son irrefrenables.
Los millones de campesinos que se opusieron al Código Napoleónico hoy simplemente ya no están allí. La producción agrícola de los países desarrollados descansa cada vez más en cada vez menos brazos. El gran proletariado que imaginaran Marx y Engels, esa superclase social, llegó a un techo de alrededor del 30 por ciento de la PEA y, después, con las nuevas tecnologías, empezó a decaer. Hoy en muchos países altamente industrializados ocupa menos del 20 por ciento de la PEA.
La clase de los sin clase, las clases medias, hoy predominan. Hay toda una corriente filosófica (Gilles Lipovetsky por ejemplo) que establece que los grandes aglutinadores tienden a desaparecer y que en su lugar surgen identificaciones mucho más particularizadas. Para el francés, ello supone una ampliación de la libertad.
De nuevo, cuál pueblo, el del norte, el del sur, el instruido, el pobre. Las subdivisiones son tantas como queramos, y las respuestas tan variadas como queramos. De ahí la necesidad de una ciencia, la demoscopia, que nos brinde cortes con validez estadística: del gran retrato de un país al color preferido de un dentífrico en un segmento de edad y nivel de consumo.
Saber preguntar es un arte, pero sobre todo es una ciencia. El ciudadano promedio tiende a saber más de sus predilecciones personales que de la vida pública. Esta última es, por naturaleza, compleja. Un alto porcentaje de los mexicanos no sabe que se celebra en el 2010. La porción mayor cree que es la Copa del Mundo. El desconocimiento sobre los derechos básicos de un ciudadano es inmenso. ¿Es bueno o malo el déficit fiscal? El ciudadano común no tiene la menor idea.
Por eso, en todas las democracias que se respeten existe la idea de una delegación de las decisiones en los representantes populares. Son ellos los que deberán estudiar al detalle los asuntos complejos de la vida pública y en función de los mejores intereses de sus representados, tomar las decisiones.
Las elecciones son precisamente para eso. Un ciudadano común no tiene por qué saber cómo opera un impuesto directo o indirecto, a quién beneficia y a quién perjudica, o las consecuencias sobre el crecimiento económico, sobre las inversiones, sobre los empleos, sobre el ingreso de las familias. ¿Es correcto o incorrecto el multimillonario subsidio a las gasolinas? No hay respuesta simple. Pretenderlo es engañar.
La palabra consulta es de esas palabras que confunden. Ser consultado suena muy bien. Pero, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, en este momento la gran mayoría de la población no sabe, ni tiene por qué, cuál es la diferencia en la complejidad técnica entre la perforación en aguas someras y aguas profundas, por poner un ejemplo.
Suponiendo que el Gobierno federal y los partidos, con posiciones diferentes, organizaran una campaña de difusión intensiva y seria que llegara a los rincones más apartados del País, que no ha ocurrido con el famoso debate, aún así al final de tal jornada habría segmentos altamente desinformados. La campaña debe hacerse. Las encuestas muestran que la opinión cambia cuando hay información. Es sano, pero la decisión final debe recaer en los señores legisladores.
Consultar sólo a los municipios gobernados por el PRD es una afrenta al sentido común. ¿Qué piensan los otros 80 millones de mexicanos? Además no puede ser organizada por una autoridad local y la fórmula establecida en el 26 constitucional no tiene fuerza vinculatoria. La democracia representativa es la forma política vigente. Nuestros representantes, nos gusten o no, ya están allí. Ellos deberán tomar la decisión. La propuesta de Enrique Krauze es correcta: hagamos llegar nuestras opiniones a nuestros legisladores. Simplificar es engañar. Oponer una consulta amañada a los órganos de nuestra democracia es de nuevo atentar contra las instituciones.
Federico Reyes Heroles
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domingo, junio 08, 2008
La paja en ojo ajeno
Les comparto el excelente cartón de Paco Calderón publicado el día de hoy en distintos medios.¿Por qué no se consultó la despenalización del aborto en el DF? ¿O por qué no le preguntamos a la gente si quiere pagar impuestos? Que decida "el pueblo", ¿no?
Nada mas lo que les conviene. Así son todos los partidos políticos. Todos son iguales.
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jueves, junio 05, 2008
La consulta
Ante el anuncio que realizó el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, de celebrar una consulta pública sobre la eventual reforma energética, vale la pena hacer (creo) las siguientes anotaciones.
1. La dimensión legal. Los funcionarios públicos pueden hacer sólo aquello que les permita la ley, mientras los ciudadanos pueden hacer lo que deseen, siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Esa vieja conseja, a la que los abogados denominan "principio de legalidad", recoge uno de los núcleos duros de cualquier normatividad democrática: los gobernantes (o legisladores o jueces) tienen asignadas sus facultades y ninguna "buena razón" les permite rebasarlas. Ello, para ofrecerles certeza a los ciudadanos y para evitar los excesos a los que tiende cualquier poder si no se le establecen límites. Por el lado de los ciudadanos, el asunto es más claro aún: supone que éstos pueden ejercer la más amplia libertad y que sólo tienen como limitantes las que expresamente diseñe la ley.
La anterior letanía viene al caso porque la Ley de Participación Ciudadana, en la que presuntamente encuentra su base legal la convocatoria, no parece permitirle al Jefe de Gobierno tomar esa iniciativa. Cierto, el artículo 42 establece que la consulta ciudadana "es el instrumento a través del cual el Jefe de Gobierno (otras instancias también pueden hacerlo)... somete a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas, foros o cualquier otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales del DF".
Esa redacción parecería legitimar la iniciativa. No obstante, el artículo 45 dice: "Los resultados de la consulta ciudadana serán elementos de juicio para el ejercicio de las funciones de la autoridad convocante... La autoridad convocante deberá informar, a más tardar 90 días luego de publicados sus resultados, acerca del modo en que el ejercicio de sus funciones fue afectado por los resultados de la misma". Con buen tino, la propia ley establece que la autoridad sólo puede llamar a consulta para allegarse "elementos de juicio" para el ejercicio de su función, e incluso obliga a la autoridad a informar de qué manera la consulta repercutirá en sus trabajos. En otras palabras: una autoridad no puede consultar -lo dice la ley y el sentido común- sobre lo que deben hacer otras autoridades. Y como es público y notorio hoy la discusión de la reforma energética se encuentra en el Congreso de la Unión.
2. La dimensión técnica. Es una dimensión que (casi) siempre se puede resolver, pero que no vale la pena omitir. Si algo ha mostrado el debate sobre la reforma, es el grado de complejidad de la misma. No es una, sino muchas reformas. Algunas de las cuales no están planteadas en términos de todo o nada, sino que existen matices. Se trata de un abanico de modificaciones que van desde las que tienen un grado de dificultad política mínima hasta aquellas que polarizan hasta el extremo.
Por ello no resulta desmedido preguntarse: ¿cómo se harán las preguntas?, ¿tomando como base la propuesta del Ejecutivo, única que por lo pronto está en la mesa?, ¿con qué nivel de desagregación? Un ejemplo: la eventual nueva Comisión del Petróleo. La iniciativa del Presidente propone que su finalidad sea apoyar a la Secretaría de Energía en la regulación y supervisión de las actividades de exploración y producción. ¿La consulta preguntará sobre su pertinencia, integración, requisitos para ser comisionado, fórmulas de nombramiento, facultades, organización, funcionamiento, etc.? Y, conste, se trata de un tema que, hasta donde alcanzo a ver, no es de los que generan más tensiones.
3. La dimensión política o de las articulaciones entre la democracia representativa y la directa. Una consulta ciudadana puede verse como una forma de democracia directa (similar al referéndum o el plebiscito). Se trata de un mecanismo complementario al de la democracia representativa. Pero ¿en este caso lo es?
No se necesita ser Einstein para detectar una enorme polarización en el debate sobre la reforma de Pemex. Y sin embargo, se está desarrollando un debate convocado por la Cámara de Senadores. Se trata de un foro más que pertinente en el cual se están tratando de analizar, desde muy diversas perspectivas, los distintos ángulos del problema. Desde la constitucionalidad o no de las propuestas de reforma hasta los temas de la sustentabilidad energética, pasando por el régimen fiscal de Pemex, los órganos reguladores de la actividad petrolera o los yacimientos transfronterizos.
Pues bien, los debates son pertinentes por dos grandes razones: a) para escuchar los análisis y propuestas de políticos y especialistas y b) porque se supone que pueden ser un insumo para que en el Poder Legislativo puedan forjarse, a través de la negociación, los acuerdos necesarios.
Subrayemos esto último: ninguna fuerza política por sí sola cuenta con los votos necesarios para hacer prosperar su propuesta, de tal suerte que la eventual reforma solo podrá ser resultado de una auténtica negociación. Y precisamente para eso está el Congreso: para que las corrientes políticas se escuchen mutuamente, para dialogar, para matizar, para limar, para tender puentes de arreglo, para, en una palabra, acordar.
En cambio la consulta, a querer o no, tendrá que poner las opciones en sus extremos, en blanco o negro, suprimiendo los grises, que es en la zona en que se encuentra una posible salida del laberinto. Lo digo de otra manera: por la complejidad de la reforma y porque en buena hora el Congreso fue colonizado por la pluralidad, el lugar idóneo para desahogar el litigio es el Congreso.
José Woldenberg
-----------------------
Chin!, ahora Woldenberg ya esta también en la nómina del gobierno. Uno más de los miembros del yunque, apátridas, que quieren entregar al país a los cerdos capitalistas extranjeros.
No han podido discernir quien es el nuevo presidente de su partido, y ya quieren hacer "consultas ciudadanas" para que "el pueblo decida" sobre el futuro de PEMEX. Dizque las preguntas serán redactadas por "académicos" de la UNAM. ¿Por qué no del ITESM, o del poli, o de la UANL, o de la UAG, o de...? ¿Y quién va a contar los votos, Arturo Núñez? "Al diablo con sus instituciones..." pero bien que están yendo a dirimir sus diferencias al TEPJF. Como no, si el PRD recibe un millón de pesos diarios en prerrogativas.
1. La dimensión legal. Los funcionarios públicos pueden hacer sólo aquello que les permita la ley, mientras los ciudadanos pueden hacer lo que deseen, siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Esa vieja conseja, a la que los abogados denominan "principio de legalidad", recoge uno de los núcleos duros de cualquier normatividad democrática: los gobernantes (o legisladores o jueces) tienen asignadas sus facultades y ninguna "buena razón" les permite rebasarlas. Ello, para ofrecerles certeza a los ciudadanos y para evitar los excesos a los que tiende cualquier poder si no se le establecen límites. Por el lado de los ciudadanos, el asunto es más claro aún: supone que éstos pueden ejercer la más amplia libertad y que sólo tienen como limitantes las que expresamente diseñe la ley.
La anterior letanía viene al caso porque la Ley de Participación Ciudadana, en la que presuntamente encuentra su base legal la convocatoria, no parece permitirle al Jefe de Gobierno tomar esa iniciativa. Cierto, el artículo 42 establece que la consulta ciudadana "es el instrumento a través del cual el Jefe de Gobierno (otras instancias también pueden hacerlo)... somete a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas, foros o cualquier otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales del DF".
Esa redacción parecería legitimar la iniciativa. No obstante, el artículo 45 dice: "Los resultados de la consulta ciudadana serán elementos de juicio para el ejercicio de las funciones de la autoridad convocante... La autoridad convocante deberá informar, a más tardar 90 días luego de publicados sus resultados, acerca del modo en que el ejercicio de sus funciones fue afectado por los resultados de la misma". Con buen tino, la propia ley establece que la autoridad sólo puede llamar a consulta para allegarse "elementos de juicio" para el ejercicio de su función, e incluso obliga a la autoridad a informar de qué manera la consulta repercutirá en sus trabajos. En otras palabras: una autoridad no puede consultar -lo dice la ley y el sentido común- sobre lo que deben hacer otras autoridades. Y como es público y notorio hoy la discusión de la reforma energética se encuentra en el Congreso de la Unión.
2. La dimensión técnica. Es una dimensión que (casi) siempre se puede resolver, pero que no vale la pena omitir. Si algo ha mostrado el debate sobre la reforma, es el grado de complejidad de la misma. No es una, sino muchas reformas. Algunas de las cuales no están planteadas en términos de todo o nada, sino que existen matices. Se trata de un abanico de modificaciones que van desde las que tienen un grado de dificultad política mínima hasta aquellas que polarizan hasta el extremo.
Por ello no resulta desmedido preguntarse: ¿cómo se harán las preguntas?, ¿tomando como base la propuesta del Ejecutivo, única que por lo pronto está en la mesa?, ¿con qué nivel de desagregación? Un ejemplo: la eventual nueva Comisión del Petróleo. La iniciativa del Presidente propone que su finalidad sea apoyar a la Secretaría de Energía en la regulación y supervisión de las actividades de exploración y producción. ¿La consulta preguntará sobre su pertinencia, integración, requisitos para ser comisionado, fórmulas de nombramiento, facultades, organización, funcionamiento, etc.? Y, conste, se trata de un tema que, hasta donde alcanzo a ver, no es de los que generan más tensiones.
3. La dimensión política o de las articulaciones entre la democracia representativa y la directa. Una consulta ciudadana puede verse como una forma de democracia directa (similar al referéndum o el plebiscito). Se trata de un mecanismo complementario al de la democracia representativa. Pero ¿en este caso lo es?
No se necesita ser Einstein para detectar una enorme polarización en el debate sobre la reforma de Pemex. Y sin embargo, se está desarrollando un debate convocado por la Cámara de Senadores. Se trata de un foro más que pertinente en el cual se están tratando de analizar, desde muy diversas perspectivas, los distintos ángulos del problema. Desde la constitucionalidad o no de las propuestas de reforma hasta los temas de la sustentabilidad energética, pasando por el régimen fiscal de Pemex, los órganos reguladores de la actividad petrolera o los yacimientos transfronterizos.
Pues bien, los debates son pertinentes por dos grandes razones: a) para escuchar los análisis y propuestas de políticos y especialistas y b) porque se supone que pueden ser un insumo para que en el Poder Legislativo puedan forjarse, a través de la negociación, los acuerdos necesarios.
Subrayemos esto último: ninguna fuerza política por sí sola cuenta con los votos necesarios para hacer prosperar su propuesta, de tal suerte que la eventual reforma solo podrá ser resultado de una auténtica negociación. Y precisamente para eso está el Congreso: para que las corrientes políticas se escuchen mutuamente, para dialogar, para matizar, para limar, para tender puentes de arreglo, para, en una palabra, acordar.
En cambio la consulta, a querer o no, tendrá que poner las opciones en sus extremos, en blanco o negro, suprimiendo los grises, que es en la zona en que se encuentra una posible salida del laberinto. Lo digo de otra manera: por la complejidad de la reforma y porque en buena hora el Congreso fue colonizado por la pluralidad, el lugar idóneo para desahogar el litigio es el Congreso.
José Woldenberg
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Chin!, ahora Woldenberg ya esta también en la nómina del gobierno. Uno más de los miembros del yunque, apátridas, que quieren entregar al país a los cerdos capitalistas extranjeros.
No han podido discernir quien es el nuevo presidente de su partido, y ya quieren hacer "consultas ciudadanas" para que "el pueblo decida" sobre el futuro de PEMEX. Dizque las preguntas serán redactadas por "académicos" de la UNAM. ¿Por qué no del ITESM, o del poli, o de la UANL, o de la UAG, o de...? ¿Y quién va a contar los votos, Arturo Núñez? "Al diablo con sus instituciones..." pero bien que están yendo a dirimir sus diferencias al TEPJF. Como no, si el PRD recibe un millón de pesos diarios en prerrogativas.
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miércoles, junio 04, 2008
La trampa de la consulta petrolera
La propuesta de hacer una consulta sobre la reforma petrolera esconde la intención de derrumbarla. Le explico.
Sin necesidad de realizar ninguna consulta popular, le puedo adelantar que la que va a realizar el Gobierno de Marcelo Ebrard el 27 de julio va a terminar con un rechazo de la iniciativa de reforma petrolera.
La razón es muy simple. El Gobierno del Distrito Federal -que se propone realizarla- va a redactar las preguntas de una manera tal que va a propiciar las respuestas.
Si usted pregunta si está de acuerdo con la privatización de Pemex, no es necesario siquiera que se gaste el dinero que requiere una consulta de esta naturaleza, pues va a existir una abrumadora mayoría en contra.
Si pregunta si está a favor del fortalecimiento de Pemex, el resultado va a ser el opuesto. La mayoría le va a decir que sí.
Como los opositores a la iniciativa enviada por el Gobierno han planteado que implica privatización, ya sabemos cuál va a ser el sentido de las preguntas que se van a incluir en la consulta.
Si ésta la organizara el Gobierno, también sabríamos cómo se redactarían los cuestionamientos para asegurar que hubiera una mayoría a favor.
En otras palabras, en cualquier caso se cargarían los dados porque todo depende de la interpretación que se tenga de la propuesta.
Los referéndum y plebiscitos pueden funcionar cuando las decisiones que se van a tomar implican una disyuntiva muy clara.
Por ejemplo, no había ninguna duda en la disyuntiva de adoptar el euro como moneda o no cuando se consultó a la población de los países de la Unión Europea.
Tampoco existe ninguna duda cuando la consulta es si construye una planta fabril en un cierto lugar o no.
El problema de este tipo de ejercicios es que cuando se trata de problemas complejos, que no implican una sola solución sino varias soluciones o combinaciones de ellas, la mecánica no sirve.
Peor aún cuando las respuestas envuelven aspectos jurídicos y técnicos que son muy complejos.
Haga el ejercicio y pregunte usted si la gente a su alrededor quiere que Pemex tenga la capacidad para sacar petróleo de las aguas profundas. La respuesta es que sí.
Pero esa respuesta es complemente inútil porque no corresponde con la realidad.
¿Para qué le damos vueltas? Es obvio que la propuesta de la consulta popular es una manera muy astuta de reventar cualquier posible reforma petrolera.
Tanto López Obrador como Marcelo Ebrard saben que habrá un costo político para quienes se opongan a la propuesta de esta consulta porque parecería que el PRD sí quiere que la ciudadanía sea quien decida y los que se oponen a la consulta no lo quieren así.
Y si se llegara a aceptar la realización de la consulta, saben que pueden influir para que la redacción de las preguntas conduzca a los resultados que esperan.
Las disyuntivas de la industria petrolera deben debatirse públicamente, sin lugar a dudas. Pero los aspectos que tienen connotaciones técnicas no pueden sujetarse a la opinión de la mayoría.
Es como si se pusiera a votación popular si un paciente enfermo de cáncer requiere quimioterapia o si conviene una cirugía. Obviamente una decisión de naturaleza técnica no puede estar sujeta al resultado de una votación.
Tenemos un Poder Legislativo que tiene la representación y los presupuestos necesarios para que asuma la responsabilidad de las decisiones que tome.
Es simplemente demagogia el pensar que la decisión de si en aguas profundas debe haber contratos sujetos a desempeño o no va a resolverse en función de lo que la mayoría quiere.
Veremos si en el Gobierno y entre los partidarios de que haya una reforma hay la capacidad suficiente para evitar la muy inteligente trampa -hay que reconocerlo- que les tendió Marcelo Ebrard la semana pasada.
Enrique Quintana
------------------------------------------------
¿Quién quiere apostar a que la redacción de la pregunta de la "consulta ciudadana" del PRD será algo como: "estas a favor o en contra de la privatización de PEMEX" o quizá "estas a favor o en contra de la reforma energética privatizadora de Calderón"? :-)
He seguido los debates y las discusiones han sido en su mayoría ideológicas, no técnicas. Sobran los adjetivos, y faltan los datos. ¿por qué será?
Sin necesidad de realizar ninguna consulta popular, le puedo adelantar que la que va a realizar el Gobierno de Marcelo Ebrard el 27 de julio va a terminar con un rechazo de la iniciativa de reforma petrolera.
La razón es muy simple. El Gobierno del Distrito Federal -que se propone realizarla- va a redactar las preguntas de una manera tal que va a propiciar las respuestas.
Si usted pregunta si está de acuerdo con la privatización de Pemex, no es necesario siquiera que se gaste el dinero que requiere una consulta de esta naturaleza, pues va a existir una abrumadora mayoría en contra.
Si pregunta si está a favor del fortalecimiento de Pemex, el resultado va a ser el opuesto. La mayoría le va a decir que sí.
Como los opositores a la iniciativa enviada por el Gobierno han planteado que implica privatización, ya sabemos cuál va a ser el sentido de las preguntas que se van a incluir en la consulta.
Si ésta la organizara el Gobierno, también sabríamos cómo se redactarían los cuestionamientos para asegurar que hubiera una mayoría a favor.
En otras palabras, en cualquier caso se cargarían los dados porque todo depende de la interpretación que se tenga de la propuesta.
Los referéndum y plebiscitos pueden funcionar cuando las decisiones que se van a tomar implican una disyuntiva muy clara.
Por ejemplo, no había ninguna duda en la disyuntiva de adoptar el euro como moneda o no cuando se consultó a la población de los países de la Unión Europea.
Tampoco existe ninguna duda cuando la consulta es si construye una planta fabril en un cierto lugar o no.
El problema de este tipo de ejercicios es que cuando se trata de problemas complejos, que no implican una sola solución sino varias soluciones o combinaciones de ellas, la mecánica no sirve.
Peor aún cuando las respuestas envuelven aspectos jurídicos y técnicos que son muy complejos.
Haga el ejercicio y pregunte usted si la gente a su alrededor quiere que Pemex tenga la capacidad para sacar petróleo de las aguas profundas. La respuesta es que sí.
Pero esa respuesta es complemente inútil porque no corresponde con la realidad.
¿Para qué le damos vueltas? Es obvio que la propuesta de la consulta popular es una manera muy astuta de reventar cualquier posible reforma petrolera.
Tanto López Obrador como Marcelo Ebrard saben que habrá un costo político para quienes se opongan a la propuesta de esta consulta porque parecería que el PRD sí quiere que la ciudadanía sea quien decida y los que se oponen a la consulta no lo quieren así.
Y si se llegara a aceptar la realización de la consulta, saben que pueden influir para que la redacción de las preguntas conduzca a los resultados que esperan.
Las disyuntivas de la industria petrolera deben debatirse públicamente, sin lugar a dudas. Pero los aspectos que tienen connotaciones técnicas no pueden sujetarse a la opinión de la mayoría.
Es como si se pusiera a votación popular si un paciente enfermo de cáncer requiere quimioterapia o si conviene una cirugía. Obviamente una decisión de naturaleza técnica no puede estar sujeta al resultado de una votación.
Tenemos un Poder Legislativo que tiene la representación y los presupuestos necesarios para que asuma la responsabilidad de las decisiones que tome.
Es simplemente demagogia el pensar que la decisión de si en aguas profundas debe haber contratos sujetos a desempeño o no va a resolverse en función de lo que la mayoría quiere.
Veremos si en el Gobierno y entre los partidarios de que haya una reforma hay la capacidad suficiente para evitar la muy inteligente trampa -hay que reconocerlo- que les tendió Marcelo Ebrard la semana pasada.
Enrique Quintana
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¿Quién quiere apostar a que la redacción de la pregunta de la "consulta ciudadana" del PRD será algo como: "estas a favor o en contra de la privatización de PEMEX" o quizá "estas a favor o en contra de la reforma energética privatizadora de Calderón"? :-)
He seguido los debates y las discusiones han sido en su mayoría ideológicas, no técnicas. Sobran los adjetivos, y faltan los datos. ¿por qué será?
Etiquetas: AMLO, demagogia, Ebrard, PEMEX, petroleo, populismo, PRD, reformas
domingo, junio 01, 2008
...y, al vino, vino
Nada ha cambiado desde los 70 en que se evidenció una disputa por el futuro de la nación. Desde entonces tenemos un país profundamente dividido en su visión de futuro, desde entonces vienen chocando dos visiones encontradas: la de los nacionalistas estatistas y la de los modernizadores. Cada una tiene sus raíces en nuestra historia y ambas pregonan soluciones definitivas, pero su enfoque y objetivos son radicalmente distintos. La tragedia es que estamos en el mismo lugar treinta años después. Hemos desperdiciado tres décadas sin poder resolver esta disputa, que ahora se manifiesta en el tema del petróleo.
Las dos posturas que se disputan la primacía en el debate actual reflejan dos visiones del mundo, dos expectativas sobre el futuro y dos momentos del poder político. El discurso dogmático de los nacionalistas estatistas que enarbola una parte de los perredistas y de los priistas deriva su inspiración en el acto expropiatorio de 1938 y justifica su postura en la lectura, como si fuera un texto sagrado y no un documento vivo, de la Constitución de 1917. Desde esa perspectiva, el petróleo no puede entenderse como una mercancía sino como una fuente de soberanía, un elemento central de la mexicanidad.
Esa visión se traduce en dos propuestas concretas: una, que no es posible modificar legislación alguna porque se trata de algo que está por encima de la acción humana. La otra, que sólo el gobierno tiene, y debe tener, la facultad para explotar el recurso y decidir sobre el conjunto de la industria (y, de hecho, sobre el desarrollo del País). Cualquier avezado lector de la realidad de inmediato encontrará una obvia contradicción entre esta postura política y considerar al gobierno de la República como "ilegítimo".
La postura que presenta el gobierno y que, de acuerdo a las encuestas, al menos en sus grandes líneas, representa a una franja amplia de la sociedad entiende al petróleo como un recurso soberano pero también como un instrumento para el desarrollo. Es decir, reconoce la historia y la centralidad de la soberanía sobre los recursos del subsuelo, pero ve al petróleo como un recurso finito, cuya importancia es susceptible al cambio tecnológico y, sobre todo, lo ve como un medio para lograr el desarrollo económico como objetivo, y no como un fin en sí mismo. La propuesta que ha presentado el gobierno no es de avanzada; si uno observa el contexto mundial, donde hay jugadores que se han tornado en formidables competidores, como Petrobras, la iniciativa presentada por el gobierno es sumamente modesta. Una verdadera propuesta modernizadora estaría buscando colocar a Pemex por encima de la empresa brasileña en tamaño y productividad.
A vuelo de pájaro, mientras que quienes enarbolan la postura estatista pugnan por la inmovilidad, los que abogan por la apertura vinculan el desarrollo del recurso al desarrollo económico. Los primeros no tienen prisa, aparentemente porque suponen que el petróleo seguirá siendo igual de importante en cien años. Los segundos observan la forma en que evoluciona la tecnología y temen que el recurso pierda valor en el curso del tiempo. Ciertamente, a la luz de los extraordinarios precios del barril de petróleo en la actualidad, hoy parece difícil creer que éste pueda disminuir.
Sin embargo, no es necesario ir muy atrás en la historia para observar que, como todas las mercancías, los precios fluctúan y el ciclo petrolero tarde o temprano impondrá una dinámica distinta en ese precio. A esos precios es rentable explotar recursos petroleros menos accesibles así como desarrollar substitutos, lo que elevará la oferta y, con ello, disminuirá el precio. Cuando eso suceda, la dinámica de los mercados será distinta.
Pero la disputa sobre la política energética no se agota en la retórica y en la especulación sobre el precio. Detrás de la retórica existe un profundo pragmatismo apenas disfrazado. Ambas perspectivas conciben al petróleo como instrumento, pero ese instrumento es radicalmente distinto. En el planteamiento estatista, al petróleo se le concibe como un instrumento de poder en manos del gobierno, para lo cual demanda absoluta discrecionalidad, es decir, un gobierno todopoderoso capaz de emplear el recurso y los fondos que éste traiga consigo, sin tener que dar explicaciones o rendirle cuentas a nadie.
Detrás de la retórica casi religiosa de la soberanía petrolera se oculta un absoluto pragmatismo donde el recurso debe quedar en manos del gobierno, presumiblemente de un futuro gobierno estatista, mismo que tendría todas las facultades para utilizar los fondos que éste produce de acuerdo a su "proyecto" de nación. Así, la visión estatista propugna por la restauración del viejo poder presidencial con el petróleo como fuente de financiamiento.
El planteamiento modernizador es igualmente pragmático pero se inscribe en una visión muy distinta del papel del gobierno en la sociedad y en el desarrollo económico. El petróleo no es del gobierno para explotarlo al antojo del presidente en turno sino un recurso, un instrumento, que debe ser explotado de manera racional. Para esto se deben utilizar mecanismos de mercado que determinen el ritmo óptimo de extracción y que combinen las virtudes de la eficiencia que trae consigo la competencia entre distintas empresas en un mismo mercado con la propiedad gubernamental del recurso mismo. La visión modernizadora viene de la mano de la descentralización del poder.
La visión estatista nacionalista fracasó en 1982 porque la concentración del poder llevó a excesos y abusos como le pasa a todo exceso. La visión de mercado nunca se ha materializado porque el gobierno, incluyendo los supuestamente reformistas de los 80 y 90, jamás creó las condiciones para que operaran los mecanismos de una verdadera economía de mercado en el País.
Los críticos de las privatizaciones tienen razón cuando argumentan que tan malos son los monopolios públicos como los privados y que las privatizaciones poco transparentes acabaron creando mercados protegidos, claramente oligopólicos, que resultaron más onerosos para la población. Los erróneos criterios bajo los cuales se llevaron a cabo esas privatizaciones (bancos, carreteras, comunicaciones) operan en sentido contrario al mercado, lo que hace difícil la venta de una visión de eficiencia y desarrollo acelerado.
Lo probable es que sigamos en el mundo del "hacer creer", donde habrá algunos cambios que aceleren la explotación del recurso, pero no los cambios necesarios para cancelar la opacidad en la asignación de la renta petrolera. Nuestra triste tradición en pleno.
Luis Rubio
www.cidac.org
Las dos posturas que se disputan la primacía en el debate actual reflejan dos visiones del mundo, dos expectativas sobre el futuro y dos momentos del poder político. El discurso dogmático de los nacionalistas estatistas que enarbola una parte de los perredistas y de los priistas deriva su inspiración en el acto expropiatorio de 1938 y justifica su postura en la lectura, como si fuera un texto sagrado y no un documento vivo, de la Constitución de 1917. Desde esa perspectiva, el petróleo no puede entenderse como una mercancía sino como una fuente de soberanía, un elemento central de la mexicanidad.
Esa visión se traduce en dos propuestas concretas: una, que no es posible modificar legislación alguna porque se trata de algo que está por encima de la acción humana. La otra, que sólo el gobierno tiene, y debe tener, la facultad para explotar el recurso y decidir sobre el conjunto de la industria (y, de hecho, sobre el desarrollo del País). Cualquier avezado lector de la realidad de inmediato encontrará una obvia contradicción entre esta postura política y considerar al gobierno de la República como "ilegítimo".
La postura que presenta el gobierno y que, de acuerdo a las encuestas, al menos en sus grandes líneas, representa a una franja amplia de la sociedad entiende al petróleo como un recurso soberano pero también como un instrumento para el desarrollo. Es decir, reconoce la historia y la centralidad de la soberanía sobre los recursos del subsuelo, pero ve al petróleo como un recurso finito, cuya importancia es susceptible al cambio tecnológico y, sobre todo, lo ve como un medio para lograr el desarrollo económico como objetivo, y no como un fin en sí mismo. La propuesta que ha presentado el gobierno no es de avanzada; si uno observa el contexto mundial, donde hay jugadores que se han tornado en formidables competidores, como Petrobras, la iniciativa presentada por el gobierno es sumamente modesta. Una verdadera propuesta modernizadora estaría buscando colocar a Pemex por encima de la empresa brasileña en tamaño y productividad.
A vuelo de pájaro, mientras que quienes enarbolan la postura estatista pugnan por la inmovilidad, los que abogan por la apertura vinculan el desarrollo del recurso al desarrollo económico. Los primeros no tienen prisa, aparentemente porque suponen que el petróleo seguirá siendo igual de importante en cien años. Los segundos observan la forma en que evoluciona la tecnología y temen que el recurso pierda valor en el curso del tiempo. Ciertamente, a la luz de los extraordinarios precios del barril de petróleo en la actualidad, hoy parece difícil creer que éste pueda disminuir.
Sin embargo, no es necesario ir muy atrás en la historia para observar que, como todas las mercancías, los precios fluctúan y el ciclo petrolero tarde o temprano impondrá una dinámica distinta en ese precio. A esos precios es rentable explotar recursos petroleros menos accesibles así como desarrollar substitutos, lo que elevará la oferta y, con ello, disminuirá el precio. Cuando eso suceda, la dinámica de los mercados será distinta.
Pero la disputa sobre la política energética no se agota en la retórica y en la especulación sobre el precio. Detrás de la retórica existe un profundo pragmatismo apenas disfrazado. Ambas perspectivas conciben al petróleo como instrumento, pero ese instrumento es radicalmente distinto. En el planteamiento estatista, al petróleo se le concibe como un instrumento de poder en manos del gobierno, para lo cual demanda absoluta discrecionalidad, es decir, un gobierno todopoderoso capaz de emplear el recurso y los fondos que éste traiga consigo, sin tener que dar explicaciones o rendirle cuentas a nadie.
Detrás de la retórica casi religiosa de la soberanía petrolera se oculta un absoluto pragmatismo donde el recurso debe quedar en manos del gobierno, presumiblemente de un futuro gobierno estatista, mismo que tendría todas las facultades para utilizar los fondos que éste produce de acuerdo a su "proyecto" de nación. Así, la visión estatista propugna por la restauración del viejo poder presidencial con el petróleo como fuente de financiamiento.
El planteamiento modernizador es igualmente pragmático pero se inscribe en una visión muy distinta del papel del gobierno en la sociedad y en el desarrollo económico. El petróleo no es del gobierno para explotarlo al antojo del presidente en turno sino un recurso, un instrumento, que debe ser explotado de manera racional. Para esto se deben utilizar mecanismos de mercado que determinen el ritmo óptimo de extracción y que combinen las virtudes de la eficiencia que trae consigo la competencia entre distintas empresas en un mismo mercado con la propiedad gubernamental del recurso mismo. La visión modernizadora viene de la mano de la descentralización del poder.
La visión estatista nacionalista fracasó en 1982 porque la concentración del poder llevó a excesos y abusos como le pasa a todo exceso. La visión de mercado nunca se ha materializado porque el gobierno, incluyendo los supuestamente reformistas de los 80 y 90, jamás creó las condiciones para que operaran los mecanismos de una verdadera economía de mercado en el País.
Los críticos de las privatizaciones tienen razón cuando argumentan que tan malos son los monopolios públicos como los privados y que las privatizaciones poco transparentes acabaron creando mercados protegidos, claramente oligopólicos, que resultaron más onerosos para la población. Los erróneos criterios bajo los cuales se llevaron a cabo esas privatizaciones (bancos, carreteras, comunicaciones) operan en sentido contrario al mercado, lo que hace difícil la venta de una visión de eficiencia y desarrollo acelerado.
Lo probable es que sigamos en el mundo del "hacer creer", donde habrá algunos cambios que aceleren la explotación del recurso, pero no los cambios necesarios para cancelar la opacidad en la asignación de la renta petrolera. Nuestra triste tradición en pleno.
Luis Rubio
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