HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

Earl Long, un Gobernador populista estadounidense, una vez afirmó que "algún día Louisiana va a tener un buen gobierno y no les va a gustar nada". Yo espero que algún día tengamos un buen sistema de gobierno, pero me temo que antes de poder construirlo tendríamos que liberarnos de muchos mitos, dogmas y verdades que no son ciertas. Quizá pudiéramos comenzar por temas como el de nuestra incapacidad de desarrollar una visión de largo plazo para que el País no se reinvente cada seis años.

Nuestro actual sistema de gobierno nació luego de la Revolución y como respuesta al régimen porfiriano. Ante el caos que la Revolución había dejado, el PNR, el abuelo del PRI, se constituyó en una estructura unificadora de las fuerzas políticas, grupos, milicias y pandillas del momento, pero sobre todo en un mecanismo dedicado a disciplinar a estos contingentes, estructurar un sistema de gobierno y proveer un sentido de dirección a México. Si uno ve hacia atrás, es evidente que el sistema priista estabilizó al País y, empleando cualquier instrumento que se considerara necesario, le dio años de paz política en que prosperó la economía.

Pero ese sistema no sólo respondió al caos del momento, sino también al gobierno de Porfirio Díaz y sus secuelas. En la estructura constitucional de 1917 y, luego, en el sistema construido por Plutarco Elías Calles, se adoptaron dos principios que normaron el desarrollo de la política mexicana por décadas y que, visto en retrospectiva, han tenido efectos atroces.

Por una parte, el sistema se constituyó en torno al principio de no reelección que instigó el movimiento revolucionario. El rechazo al despotismo porfiriano se convirtió en un sistema de gobierno de un solo periodo, mecanismo que fue concebido como la manera de evitar la perpetuación en el poder que quedó consignada en la frase popular de que "no hay mal que dure seis años".

El otro componente del sistema priista, también respuesta al gobierno porfiriano fue, como argumentó el estudioso Roger Hansen, la institucionalización del porfiriato: se eliminó el personalismo permanente y se construyó una institución capaz de darle forma a la política mexicana. Quizá nuestro mayor problema hoy resida precisamente en la manera en que el priismo le dio continuidad política.

El régimen de no reelección se construyó con el objetivo de evitar la perpetuación en el poder. En eso la lógica e imperativo de la historia era evidente y necesario. Lo que ese régimen no resolvió o, más bien, lo que causó, fue la articulación de un sistema de incentivos que impiden el desarrollo del País. Quizá esto suene duro, pero veamos la lógica inherente a la inexistencia de reelección por los dos lados, el de quien es político o funcionario y el del ciudadano.

Un sistema sin reelección pervierte la democracia porque le concede un periodo limitado de gobierno dentro del cual no tiene responsabilidad alguna. En ese periodo se puede hacer o deshacer sin rendirle cuentas a nadie, sin tener que cumplir promesas de campaña y sin tener que enfrentar al electorado para que éste califique su desempeño mediante el voto. La estructura de incentivos que se deriva de la no reelección excluye al ciudadano de la ecuación política.

Si se pone uno en los zapatos del legislador, gobernador, político o funcionario, la lógica sexenal crea una permanente incertidumbre respecto a la siguiente chamba y lo obliga a estar en la inexorable construcción de su siguiente empleo casi desde el día en que llega a donde está.

En algunos casos, la búsqueda se limita al mundo político electoral y lo único potencialmente impropio de su hacer sería intentar sesgar los resultados hacia su partido o hacia su propia carrera. Sin embargo, en muchos otros, el sistema propicia el desarrollo de toda clase de negocios así como acuerdos obscuros con los medios, sindicatos o empresarios. El Presidente se preocupará por su legado y por cómo lo recordará la historia pero todos los demás andan permanentemente al acecho.

El sistema es tan perverso en este sentido que ni siquiera creó un servicio civil de carrera de verdad que le diera continuidad a las políticas públicas más allá del plazo sexenal. Mientras que en otras naciones existe un servicio de carrera a cargo de la administración pública, en México hemos dejado que novatos se encarguen de las responsabilidades más sensibles.

Pero todavía más preocupante es el hecho de que nadie es responsable de lo que ocurre en el largo plazo. Lo más probable es que un funcionario canadiense que toma una decisión hoy va a estar ahí 10 ó 20 años después y pagará algún costo si esa decisión resultó errada. En nuestro caso, el sistema elimina gente al por mayor y la libera, para todo fin práctico, de la responsabilidad.

Quizá el mayor costo que genera esta estructura de incentivos es que impide pensar hacia el largo plazo: no se construyen más que carreras individuales. En lugar de decisiones de Estado, con todas las consideraciones que eso entraña, en México las decisiones tienden a estar orientadas por lo que es expedito: salva el momento pero no resuelve el problema de fondo.

La no reelección ha favorecido la circulación de la clase política, acomodado grupos y dado cabida a todas las corrientes en cada partido, pero no ha impedido que se consoliden personajes más propios de la era feudal ni que se perpetúen figuras nefastas cambiando de puesto en puesto. Sus costos han sido inmensos.

Hace años, cuando se dio un encuentro entre el Presidente mexicano y el brasileño, le pregunté al entonces Secretario de Relaciones Exteriores qué otras reuniones similares había habido entre los presidentes de los dos países en sexenios anteriores. Su respuesta fue que no existía registro ni minutas de aquellas entrevistas.

Un sistema que no tiene sentido de Estado tampoco tiene memoria institucional ni propicia la continuidad. Eso provoca decisiones poco meditadas que se traducen en soluciones mágicas, con los resultados esperables.

Un país sin contrapesos -y la reelección bien estructurada puede ser eso- no tiene capacidad de respuesta y por eso se anquilosa y es propenso a hacer crisis. Es tiempo de comenzar a construir un país de verdad.

Luis Rubio

www.cidac.org

La democracia representativa permite conocer, a través del comportamiento de los legisladores individuales o de una bancada en su conjunto, el verdadero rumbo e intenciones de un partido político. Incluso en un país como el nuestro, acostumbrado a la parálisis y la dilación, la labor legislativa ofrece una radiografía de la identidad partidista. En los últimos años, por ejemplo, los votantes mexicanos han tenido la oportunidad de darse cuenta de la idea de soberanía que defiende la izquierda nacional. La discusión de la reforma energética consiguió lo imposible: unir a las fuerzas de izquierda alrededor de un ideal, la supuesta “defensa” de los recursos naturales del país. Corresponderá a los electores decidir si dicha postura, prácticamente única en el mundo con la salvedad de países involucrados en experimentos neocomunistas como Bolivia (el caso del litio boliviano es para ponerse a llorar), resulta una virtud en estos tiempos.

La semana pasada nos dejó un episodio que pinta de cuerpo entero a las otras dos fuerzas políticas de nuestra escena. La discusión sobre el exhorto al presidente Calderón para que se solidarizara con los presos políticos en Cuba, ha dejado claro de qué está hecho el gobierno y el PAN y, de manera crucial, buena parte del PRI. A pesar de que la iniciativa fue promovida por el panista Rubén Camarillo, fue otro blanquiazul quien, con su voto, terminó de matar el exhorto. El senador César Leal, quien además encabeza la Comisión de Relaciones Exteriores para la región, dio la más vergonzosa de las razones para explicar su voto contra el exhorto. Dijo Leal que habló con su amigo el embajador de México en Cuba, el Excmo. Gabriel Jiménez Remus, quien le recomendó no hacer olas y rechazar la llamada de atención diplomática. Y remató con esta lindura: “No creo que la opción sea pelearnos con los cubanos por el problema de los presos políticos; es como si golpeáramos a un hermano cuando hay diferencia en algún tema, en lugar de platicarlo.” Este PAN, confundido, temeroso y timorato para todo menos para una guerra cada vez más cuestionada, es el que ha gobernado México durante diez años. El electorado no debe olvidarlo.

Pero mucho menos deberá pasar por alto la verdad detrás del PRI. Fueron los senadores priistas los que encabezaron el asalto contra el exhorto al Presidente. Con argumentos dignos del México echeverrista, los senadores del PRI se dijeron preocupados por el carácter “injerencista” (sic) de la iniciativa. Otros dijeron que la propuesta le hacía el caldo gordo “a los de Miami”, razonamiento digno del cuartel del Partido Comunista cubano antes que de la cabeza de un grupo de legisladores en Xicoténcatl. Algunos más no dieron razones: la orden venía desde arriba en la estructura priista. Y ese, claro, ese es el problema. La versatilidad ideológica del PRI -la gran carpa posrevolucionaria- es, en realidad, una larga tradición de cinismo. En casa del “ogro filantrópico” caben todos, y a todos se les da coba. El problema es que, en el México de principios del siglo XXI, el partido que aspira a gobernar no se puede dar el lujo de coquetear con el populismo setentero. Graco Ramírez, senador perredista que se dijo a favor del exhorto, explicaba, unas horas después del voto definitivo, que el rechazo priista era muestra del legado “del PRI soviético”, ese que defiende a un partido dictatorial como el cubano porque, en el fondo, se identifica plenamente con su modus operandi.

Y esa es la gran pregunta. ¿Cuál PRI es este PRI? ¿Para qué quiere volver a Los Pinos? ¿Quiere retomar el poder para proteger a los sindicatos, mantener la vieja dinámica corporativista, no agitar las aguas con “los aliados históricos” aunque lo merezcan y volver a aquel statu quo de la dictadura perfecta del siglo XX? El partido entero tendrá que responder cuanto antes. Pero sobre todo tendrá que hacerlo Enrique Peña Nieto. Si el gobernador del Estado de México resulta ser un dinosaurio con piel de modernizador engominado, los votantes deberán actuar en consecuencia. Nada peor, en este y tantos otros casos, que la restauración de un sistema caduco y perverso.

Leon Krauze

leon@wradio.com.mx

++++++++++++++++++++++++++++++

Lamentablemente el PRI que puede regresar en el 2012 no es un nuevo PRI, reformador, progresista. Es un PRI muy parecido al de los 70’s, que nos sumieron en la docena trágica (1970-1982) y que sumieron al país en una crisis económica que duró casi una década (1981-1989), y cuyas consecuencias todavía hoy padecemos y pagamos (sindicatos de burócratas enormes y gastando mucho dinero del Erario, deuda pública, inflaciones, etc.)

"Pelear por los pobres para enriquecer a los ricos". Anónimo
 
El gobierno del Distrito Federal encabezado por Marcelo Ebrard está lanzando una serie de proyectos para construir nuevos segundos pisos y una vía que servirá como un libramiento sur-poniente de la Ciudad de México al unir la avenida Luis Cabrera con Santa Fe.

Que Ebrard proponga nuevas obras viales no es novedad. Si algo ha caracterizado a su gobierno ha sido el poner de cabeza a la ciudad más poblada del país para realizar obras viales de todo tipo. La diferencia en esta ocasión es su propuesta de que las obras, en vez de realizarse con fondos públicos, se concesionen a empresas privadas que cobrarían cuotas por su uso.

Esta propuesta ha generado cuestionamientos de grupos cercanos al propio Ebrard. Manuel Oropeza, presidente del PRD en el Distrito Federal, ha rechazado dogmáticamente la propuesta: "Yo no estoy de acuerdo en un esquema de generar autopistas de cuota en la ciudad -señaló el 11 de abril-. Me parece que no va con un proyecto de izquierda".

El dirigente capitalino del PRD piensa, junto con otros políticos, que las obras de vialidad deben pagarse con dinero público o, de lo contrario, no realizarse.

Pero quizá el señor Oropeza tiene perdida su brújula política. La verdad es que para alguien realmente de izquierda, para alguien que defiende los intereses de los pobres, un proyecto como el libramiento poniente debe ser pagado necesariamente por el sector privado.

Es muy injusto financiar proyectos como éste con recursos fiscales generales. ¿Por qué un habitante de Iztapalapa, que vive en el oriente pobre de la ciudad, que seguramente carece de automóvil y que tiene necesidades tan urgentes como contar con agua corriente, tendría que pagar por una autopista que puede ser necesaria, pero que será aprovechada fundamentalmente por una minoría dueña de automóviles que vive en la parte más rica de la ciudad?

Son muchos los presuntos progresistas de nuestro país que piensan que exigir subsidios y tratos fiscales preferenciales para los grupos más prósperos es una posición de izquierda. Programas e instituciones tan diversos como el Procampo, las emisoras culturales de radio y televisión y el subsidio a la gasolina favorecen de manera abrumadora a los sectores privilegiados del País.

Sin embargo, la regresividad de usar recursos fiscales para financiar una vía de comunicación que beneficiaría fundamentalmente a los dueños de automóviles en la parte más próspera de una ciudad rebasa incluso las posiciones más conservadoras.

Uno puede cuestionar algunos de los proyectos viales del gobierno de Ebrard. La experiencia me dice, por ejemplo, que los segundos pisos no son una solución razonable a los problemas de vialidad de una ciudad. Usualmente sólo sirven para mover los congestionamientos de un punto a otro. Pero cuando menos el hecho de que se financien de manera privada es un paso en la dirección correcta, sobre todo después del regresivo uso de recursos fiscales por Andrés Manuel López Obrador para construir los segundos pisos que en este momento tiene el Distrito Federal.

La solución de fondo para el problema de tránsito de una ciudad como México es el transporte colectivo. Emplear fondos fiscales para subsidiar un servicio como el Metro tiene un sentido social evidente. Pero utilizarlos para promover el empleo de automóviles particulares entre los ricos y las clases medias es una posición ya no sólo de derecha, sino abiertamente reaccionaria.

Sergio Sarmiento

www.sergiosarmiento.com

++++++++++++++++++++++++++++

Los politicos populistas solo usan a los pobres para llegar y/o mantenerse en el poder. La verdad es que las políticas/acciones populistas sólo administran la pobreza y concentran la riqueza en unos cuantos. Esto es algo que la izquierda mexicana no ha querido ver, aunque ya lo hayan hecho políticos socialistas en otros países como España o Chile.

El coordinador de la bancada senatorial priista, Manlio Fabio Beltrones, criticó la propuesta del Presidente Felipe Calderón Hinojosa para concretar una reforma en materia de competitividad y combatir los monopolios, de la que le escribí aquí el viernes pasado. El legislador federal aseguró que el proyecto del Ejecutivo es limitado, por lo que adelantó que será modificado y adicionado en el Congreso. "La iniciativa antimonopolios del Ejecutivo federal es bienvenida aunque llega tarde, como ya parece costumbre", apuntó con sarcasmo.

Tiene razón Manlio en que la iniciativa llega tarde, pero el legislador senecto tiene también la culpa de la tardanza y la comparte con su partido y con los hombres clave del tricolor. México debería tener una ley efectiva contra los monopolios, los duopolios y los oligopolios desde hace muchos años, digamos desde recién pasada la Revolución, más o menos desde la fundación del PRI.

Los gobiernos de la Revolución, monopolizada por el PRI desde su nacimiento y hasta la fecha, no sólo no produjeron una ley draconiana contra la concentración de la oferta de un sector industrial o comercial en un reducido número de empresas (oligopolio) o en una sola o dos (monopolio y duopolio), sino que la propiciaron, con todos los perjuicios del mundo para más del 95 por ciento de los demás mexicanos, que padecemos una proveeduría industrial, comercial y de servicios cara, mala y única.

Los gobiernos de Salinas y de Zedillo no sólo fortalecieron y favorecieron mañosamente, en el estilo priista, la existencia de monopolios, duopolios y oligopolios, como Telmex, Televisa con TV Azteca y la banca reprivatizada. Eso sin contar la existencia, igual de perniciosa que sus pares privados, de monopolios gubernamentales, que no estatales, como Pemex y la CFE.

Después de promovidos, todos los monopolios, gubernamentales y los de los empresarios, han estado protegidos por el Gobierno, en abierta y triunfadora lucha contra la competencia que democratiza y abarata el consumo y contra la competitividad nacional e internacional que la competencia obligadamente genera.

Por supuesto que la proposición de Calderón contra los monopolios está incompleta y llega tarde, como critica Manlio Fabio. Debería contemplar la figura de la expropiación, además de la multa y la cárcel, para los que, con su aprovechada y protegida avaricia, frenan el progreso económico de México. Además debió haber llegado durante el largo invierno priista, quizá desde el Gobierno presidencial de Miguel Alemán Valdez, que tanto hizo por los empresarios acaparadores nacionales y extranjeros.

La iniciativa del panista Calderón debió haber sido priista y debió haberse producido por la época en que Carlos Trouyet, con la complicidad del Gobierno y viceversa, imponía una vocación monopólica a su imperio, encabezado entonces por Sanborns Hnos., y Teléfonos de México, hoy Grupo Carso, de Carlos Slim, quien gracias a la protección del priismo, especialmente el salinista de Manlio Fabio Beltrones, es hoy el hombre más rico de este pobre mundo y ganó 18 mil millones de dólares durante el 2009, el mismo año que el resto de los habitantes de este mundo padecimos la crisis económica más severa desde 1929.

Manlio tiene razón. El PRI, sus hombres, sus gobernantes, de los que Beltrones ha sido cómplice y beneficiario, han sido nefastos para este país. Desde que terminó la Revolución, eso sin cumplir sus objetivos de redimir a los mexicanos, los priistas se dedicaron sistemáticamente a hacer la contrarrevolución, retrasando o impidiendo definitivamente las leyes o las reformas a las leyes que permitieran a los mexicanos salir del atraso del porfiriato en términos absolutos.

Los priistas impidieron que México se insertara competitivamente en la economía de mercado que imperaba y que impera en el contexto internacional que nos corresponde geográficamente. Nos hicieron esclavos o prisioneros de sus cómplices, los monopolios, duopolios y oligopolios nacionales y luego éstos nos entregaron a sus pares internacionales, protegidos por la inmoralidad traidora de los últimos presidentes del monopolio revolucionario, los economistas Zedillo y Salinas, acompañados por sus familiares, concubinas y compadres, entre los que se cuenta el hoy aspirante presidencial y Senador Manlio Fabio Beltrones.

Felipe Díaz Garza
diazgarza@gmail.com

+++++++++++++++++++++++++++

¿Quiénes son los conservadores de hoy? ¿Quiénes se oponen a los cambios que México necesita? ¿Quiénes están protegiendo sus cotos de poder y de dinero?

Medítenlo.

La recuperación económica y el crecimiento tienen una liga muy poderosa con un elemento que toda nación posee: sus aspiraciones. ¿Cuáles son las aspiraciones de México? ¿A qué aspiramos los mexicanos dentro de nuestro ambiente inmediato y dentro de la sociedad global?

La crisis financiera mundial ha dejado muchas lecciones. Ha puesto en entredicho no sólo los principios de la economía, sino también el quehacer de los gobiernos, los ciudadanos y las empresas.

Las ideas sobre la competencia económica, el libre mercado y los acuerdos comerciales empiezan hoy a dejar estelas de incompatibilidad que no se han resuelto.

Los bloques comerciales, por ejemplo, hoy empiezan a cimbrarse en sus raíces. El TLCAN propuso una zona de libre comercio entre las tres naciones de América del Norte para procurar su dinamismo económico y un mejor desarrollo. La Unión Europea se enfocó a crear un bloque transnacional para fomentar su desarrollo y crecimiento económico ordenados. El Mercosur buscaba lo mismo, así como la integración de países asiáticos.

El mundo, a pesar de sus bloques comerciales que buscaban crecer más dinámicamente, hoy no tiene chispa. A excepción de un puñado de naciones, el resto del orbe no crece económicamente por encima de un 2 por ciento.

Parecería que falta algo. Ese dinamismo que hace que las sociedades inviertan más, produzcan más, sean más competitivas y puedan crecer más, vaya, no está presente.

Dinamismo económico, desarrollo y aspiraciones de los países parecería ser el nuevo rostro del futuro. Se dice con razón que las aspiraciones son el ingrediente que hace que las sociedades avancen más.

Me pregunto cuáles son hoy las aspiraciones de nuestra clase política, a la que no le interesa el ciudadano, sino la permanencia en el poder.

Desde 1997, cuando se instauró la pluralidad en el Congreso, y en el 2000 que se iluminó a México con un cambio de partido en el poder y llenó por unos momentos a los ciudadanos de aspiraciones nuevas, nada parece avanzar. Es la misma clase política que por su falta de aspiraciones y liderazgo produjo un desencanto.

Un desencanto que obliga al repliegue, que desentona completamente con la energía que debiéramos transmitir y el orgullo por cumplir 200 años de independencia y 100 de no sé qué revolución entre caudillos.

Cuáles son las aspiraciones de sindicatos que, como rémoras, sólo les preocupa seguir colgados del presupuesto de los organismos y del salario de los trabajadores que dicen servir. Todo a cambio de vender sus fidelidades a los partidos políticos que están de compras todos los años.

Cuáles son las aspiraciones de los grupos empresariales que, a pesar de la crisis, buscaron elevar su competitividad, salir a competir a nuevos mercados, llevar más México al mundo.

Cuáles serían las aspiraciones de un familia mexicana que no puede pensar en el mañana y que sabe que sus hijos probablemente no reciban la educación que necesitan, porque a sus maestros y al sindicato que dice controlarlos no les interesa el estudiante como motor y promotor del cambio, sino como justificación de su existencia.

Las aspiraciones de México no están ahí. No nos vemos conquistando los mercados con mejores productos, con un mejor servicio a nuestros clientes, con una mayor pasión en lo que hacemos. No nos vemos exportando programas de gobierno, ni políticas públicas bien hechas y mejor implementadas que sean ejemplo para otros, porque nuestros funcionarios públicos no se ponen de acuerdo para llevarlas a cabo.

No nos vemos reduciendo el índice de corrupción anualmente o elevando la competitividad en cualquiera de los más de 100 indicadores que año con año se miden para ello.

Criticamos sin proponer, porque no sabemos hacerlo, porque somos más rápidos para juzgar que para estudiar a detalle nuestros problemas. Porque no tenemos aspiraciones para cuestionar, proponer, y preferimos seguir como espectadores.

Es cierto, sobran diagnósticos de los problemas que padece el País, pero faltan mexicanos con aspiraciones y liderazgo para resolverlos, para ceder con humildad ante el contrario, para sacrificar sus tiempos más allá de lo cotidiano, para procurar el bien de todos, no el de pocos.

Los programas antipobreza en México son programas de asistencia permanentemente diseñados como para no sacar a nuestras familias marginadas de su círculo de pobreza. Son programas que no buscan que el mexicano tenga mejores aspiraciones, mejores capacidades, sino que se conforme con lo que tiene.

Nuestro crecimiento económico está ligado a nuestras aspiraciones. Si no vemos más allá del esfuerzo diario, si no nos involucramos con mayor energía y determinación para hacer mejor lo que hacemos, seguiremos siendo una sociedad que culpa al mundo entero de nuestra propia ausencia de aspiraciones.

Vidal Garza 
vidalgarza@yahoo.com

+++++++++++++++++++++++++

Y lo peor de todo es que las pocas propuestas/ideas para que México avance, mejore, son detenidas por las fuerzas reaccionarias, conservadoras, que quieren que todo siga igual para seguir enriqueciéndose a costa de todos. ¿Identificas quienes son los conservadores de hoy que se oponen a los cambios para mantener sus canonjías? Medítalo.

"Los métodos por los que puede actuar un sindicato son necesariamente destructivos; su organización es necesariamente tiránica". Henry George
 
Cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a principios de los 90, el entonces líder de la Confederación de Trabajadores de México, Fidel Velázquez, negó que nuestro País necesitara una reforma laboral para enfrentar la nueva competencia ya que, según él, México ya tenía una legislación laboral más progresista que la de Estados Unidos.

Recuerdo haber comentado entonces que por fin entendía por qué a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos había siempre miles de trabajadores deseosos de arriesgar su vida para venir a laborar a nuestro país y gozar así de los beneficios de las "progresistas" leyes mexicanas.

La verdad es que la legislación laboral mexicana, lejos de ser progresista, es uno de los factores más importantes en la falta de competitividad que se ha traducido en pobreza para todos. El marco legal está hecho para favorecer a los líderes sindicales, los cuales se han enriquecido fuera de toda proporción. Los trabajadores, en cambio, han seguido recibiendo sueldos bajos y malos tratos.

La actual propuesta de reforma laboral de los diputados del PAN, que cuenta con el apoyo del Gobierno, no es tan ambiciosa como se necesita. Requeriríamos, de hecho, de una transformación a fondo del texto constitucional, pero los legisladores panistas no han querido proponerla porque piensan que no tendría el indispensable apoyo de los legisladores del PRI. Aun así, la propuesta implicaría un avance importante en la creación de un México más competitivo, con más empleos y más prosperidad.

La reforma propone entre otras muchas cosas: permitir nuevas modalidades de contratación individual (frente a las colectivas que manejan los sindicatos); suprimir el escalafón ciego (que obliga a ascender no al mejor trabajador, sino al más antiguo); incorporar la multihabilidad obligatoria (para que los trabajadores puedan hacer actividades distintas y no sólo una); obligar al voto libre, directo y secreto en los recuentos y elecciones internas de los sindicatos (para que los líderes no lo manipulen); eliminar el descuento obligatorio por nómina (que despoja a los trabajadores de su dinero para entregarlo a los líderes); suprimir la cláusula de exclusión (que obliga al despido de un trabajador que no sea miembro del sindicato); establecer el arbitraje obligatorio (para evitar las huelgas eternas o de presión por razones extralaborales); introducir requisitos para tramitar demandas de titularidad de contratos colectivos (para evitar huelgas que no tengan el apoyo de los verdaderos trabajadores de una empresa); respetar el derecho de propiedad de terceros en huelgas (para que, por ejemplo, los sindicatos no se queden con los equipajes de los huéspedes de un hotel en una huelga); obligar a los sindicatos a difundir su manejo del dinero de los trabajadores (para evitar que se lo roben los líderes); y fortalecer las facultades de la autoridad (para sancionar abusos a los trabajadores).

Cada una de estas medidas es positiva para las empresas y los trabajadores. Juntas nos colocarían en una posición de mayor competitividad internacional, lo que nos permitiría tener una mayor prosperidad. Pero sobre todo darían más poder a los trabajadores.

Los líderes harán todo lo posible por evitar siquiera esta tímida reforma. Para ellos la actual legislación es ya muy progresista... Y sí, es verdad, ha promovido el progreso, pero el de ellos en lo personal, a costa de los trabajadores y del país.
 
Competencia
Es bueno que la ley le dé más dientes a la Comisión Federal de Competencia, siempre y cuando ésta no sea juez y parte en los procesos de sanción. Pero es paradójico que mientras se fortalecen las acciones en contra de las empresas dominantes del sector privado, se mantengan los monopolios absolutos del Estado en campos como la electricidad y el petróleo.

Sergio Sarmiento 
www.sergiosarmiento.com

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Por el lado que se le analice la propuesta de reforma laboral es mucho mejor que la Ley actual. Es mucho más progresista y sin duda ayudará a flexibilizar las relaciones laborales facilitando las contrataciones, la generación de empleos. Y claro que ataca directamente a los líderes charros, esos que se han enriquecido a costa de los trabajadores. Y son esos líderes, algunos de los cuales son legisladores por partidos políticos como el PRI, PRD, o PT, quienes se oponen a dicha reforma. Se oponen porque reduciría su coto de poder. Se oponen porque los trabajadores serían libres para decidir si ingresan a las filas de un sindicato (pagando las cuotas) o no.

Este tema es perfecto para mostrar, para poner al descubierto claramente, quiénes son los que se oponen al progreso, al cambio, en México. Quiénes son los que buscan que todo siga igual para continuar enriqueciéndose y administrando la pobreza. Medítalo.

A pesar de que padecemos una delicada situación en materia de seguridad pública, debemos buscar aprovechar al máximo los pocos recursos que tiene el País y enfocarnos como sociedad a dos objetivos concretos: crecimiento económico y disminución de la desigualdad.

A mediados de los años 60, el economista ruso-norteamericano ganador del Nobel en 1971 Simon Kuznets demostró que la desigualdad guardaba una relación muy importante con el crecimiento económico: era positiva al inicio del desarrollo, es decir, aumentaba la desigualdad cuando se crecía económicamente, y llegaba a una inflexión cuando el crecimiento lograba revertir la desigualdad.

Esto se conoció como la curva de Kuznets, que guardaba una forma de U invertida con respecto a la desigualdad y el crecimiento.

En los 90, Deininger y Squire, del Banco Mundial, lograron levantar una muestra de más de 180 países y encontraron que la relación inversa no era tan exacta en países desarrollados. Sin embargo, sí se mantenía en naciones en vías de desarrollo, por lo que se deducía la importancia de favorecer el crecimiento económico para disminuir la desigualdad social.

Se ha estudiado en Europa, Asia y en América con las mismas conclusiones: si no hay un crecimiento económico sostenido no es posible reducir la desigualdad en la sociedad.

Hoy que medio mundo empieza a recuperar el crecimiento económico, después de la crisis financiera global, se esperaría incidir en una menor desigualdad. Sin embargo, no es tan fácil como parece.

El mismo Kuznets esbozaba que era necesario tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, entre sus costos y beneficios, y entre el corto y el largo plazo. En una oración nos indicaba que los objetivos de "más" crecimiento deberían especificar de qué y para qué se crecía.

Todo lo anterior suponía que se contaba con instituciones sólidas, capaces de distribuir el ingreso de manera justa y equitativa; que evitaran la corrupción, que hicieran valer el Estado de Derecho, que promovieran la justicia e impidieran la injusticia laboral, que facilitaran la creación de empleos y la inversión, que educaran ciudadanos, y que brindaran salud y seguridad pública, por ejemplo.

Por ello, en América Latina -y en especial México- no se ha podido revertir la desigualdad que padecemos, que es caldo de cultivo para muchos problemas sociales hoy.

Pero, ¿quién es responsable de distribuir mejor el ingreso? En los años 90, James Galbraith, de la Universidad de Texas, analizó este tema y concluyó junto con otros economistas que no son las empresas ni el mercado quienes en primera instancia deben valorar la distribución del ingreso antes de decidir inversiones, sino el gobierno y la sociedad.

Los errores de un gobierno en materia macroeconómica (devaluaciones, crisis financieras y económicas) impactan mucho más a la desigualdad y la agravan, pese a todos los esfuerzos a nivel de políticas sociales que se hubieran implementado, aludía Galbraith.

En suma, si un gobierno maneja con irresponsabilidad sus finanzas dañaría más la estructura de igualdad en la sociedad. Basta con observar hoy a Argentina y Venezuela.

En nuestro terreno fácilmente podríamos observar que muchos estados y municipios de México, en lugar de ayudar, están deteriorando la posibilidad de disminuir la desigualdad social con sus pésimas finanzas públicas.

Podríamos agregar la falta de coordinación en políticas sociales, por intereses partidistas, la falta de integridad de nuestras autoridades, las permanentes campañas electorales, la deshonestidad e incapacidad de funcionarios públicos, etc.; todo ello contribuye a mantener en la pobreza a miles de mexicanos cuando simplemente ayudaría dejar a un lado egoísmos y trabajar en un solo frente común.

Nuestro país padece muchas barreras para hacer que el crecimiento en la economía se traduzca en una mejor igualdad económica y social. El Gobierno es el que mejor dispone de instrumentos de distribución de ingreso, vía impuestos y programas de desarrollo social, que cualquier otro sector de la sociedad.

Sin embargo, hoy en México la tragedia de la desigualdad es que ha resultado más cómodo para el Gobierno justificarse y empujar para que el sector privado supla la responsabilidad que le toca a él.

Sería fabuloso que todas las empresas, además de arriesgar, invertir, producir y vender productos de calidad en el mercado, y estar sujetas al escrutinio de éste y de las autoridades, pudieran resolver la desigualdad social de un país. Pero entonces ¿para qué pagarían impuestos o permisos o derechos para trabajar?

Si el sector privado lo pudiera hacer, de manera que no descuidara su fin de generar riqueza, la única gran labor del Gobierno en materia social desaparecería y no vendría al caso siquiera su existencia.

Vidal Garza Cantú 
vidalgarza@yahoo.com

+++++++++++++++++++++++++

No es con subsidios y precios controlados como se combatirá la pobreza, la desigualdad. Es con crecimiento económico, generación de empleos, inversión productiva, como se reduce la pobreza.

Lamentablemente eso no es tan vistoso ni atrae tantos votantes (incultos, ignorantes) como las promesas de cosas baratas o regaladas.

Medítenlo.