lunes, febrero 25, 2013
Tufo salinista
Hay mucho de salinista en la Cruzada Nacional contra el Hambre de Enrique Peña Nieto. Hay mucho de parecido. Hoy, al igual que ayer, la política contra la pobreza es parte de las lógicas entrelazadas con las cuales el Presidente en turno quiere ser neoliberal y neopopulista al mismo tiempo. Quiere promover la inversión privada en Pemex con una mano y compensar a los pobres con otra. Quiere ofrecer una cara eficientista a los mercados y una cara asistencialista a los desposeídos.
El objetivo es asegurar clientelas y también crear condiciones políticas para una mayor liberalización económica. Se trata de privatizar y compensar, abrir y construir apoyo clientelar, sacar al Estado de ciertas áreas de la actividad económica, pero aumentar su intervención en otras. La Cruzada contra el Hambre es el Programa Nacional de Solidaridad reinventado.
Al igual que Pronasol, la Cruzada peñanietista no representa una transferencia de recursos de largo plazo que produzca la posibilidad de elevar el ingreso de sus beneficiarios. Al igual que Pronasol, los criterios para la asignación de despensas parecen estar electoralmente motivados. Al igual que Pronasol, la Cruzada provee compensación selectiva a poblaciones que estarán en el centro de la contienda electoral.
Al igual que Pronasol, la estrategia de Enrique Peña Nieto mitiga el impacto de la pobreza, pero no se centra en sus causas estructurales. Un ataque frontal a la pobreza entrañaría políticas macroeconómicas centradas en la generación del empleo y el incremento del ingreso. El gasto social a través de una política compensatoria no puede neutralizar los efectos de una política económica que ha concentrado la riqueza y redistribuido muy mal la que hay.
Como lo aprendimos a través de los años del Pronasol, la capacidad limitada del Estado para aliviar pobreza es producto de esfuerzos que acaban por politizarla. Al responder a imperativos electorales, y centrarse en poblaciones que no son las más pobres, la Cruzada contra el Hambre coloca un énfasis desproporcionado en los pobres urbanos y opera en función de criterios que poco tienen que ver con el alivio a la pobreza.
Aunque la Cruzada a fin de cuentas logre proveer una red de seguridad social mínima -a través de la selectividad social de un subsidio-, esa entrega no está libre de ataduras partidistas. De ataduras clientelares. Al canalizar recursos sin vigilancia el PRI puede atender las demandas sociales a nivel local, pero sin rendir cuentas sobre su actuación. Puede dar y repartir, regalar y subsidiar. Puede entregar despensas y cosechar votos.
Como lo ha reportado EL NORTE, la Cruzada contra el Hambre no considera a municipios que sufren extrema pobreza, pero sí considera localidades que enfrentan elecciones competidas. No hay apoyo para Batopilas, Chihuahua, pero sí para Torreón, Coahuila. No hay dinero para Zirándaro, Guerrero, pero sí para Cancún, Quintana Roo. Tal y como ocurriera con el "programa estrella" de Carlos Salinas de Gortari, la Cruzada actual está basada en criterios discrecionales y politizados, no en lineamientos claros y apartidistas.
No busca ayudar a los que menos tienen, sino a los que más votan. No busca aliviar la pobreza, sino producir rendimientos políticos. Ya no a través de grandes programas subsidiadores, sino a través de pequeñas intervenciones focalizadas. Ya no mediante acciones gubernamentales de gran alcance, sino a través de pequeños donativos estratégicos.
La Cruzada contra el Hambre intenta darle una cara compensatoria y popular a un régimen que colocará el IVA a medicinas y alimentos. Por un lado Peña Nieto enfatiza su compromiso con los desposeídos, y por otro contempla medidas que seguramente serán altamente impopulares.
La entrega de apoyos materiales a cambio de apoyo político puede ser un tema que no le quite el sueño a algunos mexicanos. Pero aquellos preocupados por la equidad y la calidad de la democracia mexicana deben contemplar el surgimiento de la Cruzada contra el Hambre con consternación.
El esfuerzo puede, sin duda, fortalecer ciertos vínculos entre el PRI y la sociedad, pero no el tipo de lazos que son parte integral de las democracias funcionales. La Cruzada Contra el Hambre -como el Programa Nacional de Solidaridad en su momento- sólo indica que quienes quieren gobernar a través de la manipulación se han vuelto más adeptos para usarla.
El objetivo es asegurar clientelas y también crear condiciones políticas para una mayor liberalización económica. Se trata de privatizar y compensar, abrir y construir apoyo clientelar, sacar al Estado de ciertas áreas de la actividad económica, pero aumentar su intervención en otras. La Cruzada contra el Hambre es el Programa Nacional de Solidaridad reinventado.
Al igual que Pronasol, la Cruzada peñanietista no representa una transferencia de recursos de largo plazo que produzca la posibilidad de elevar el ingreso de sus beneficiarios. Al igual que Pronasol, los criterios para la asignación de despensas parecen estar electoralmente motivados. Al igual que Pronasol, la Cruzada provee compensación selectiva a poblaciones que estarán en el centro de la contienda electoral.
Al igual que Pronasol, la estrategia de Enrique Peña Nieto mitiga el impacto de la pobreza, pero no se centra en sus causas estructurales. Un ataque frontal a la pobreza entrañaría políticas macroeconómicas centradas en la generación del empleo y el incremento del ingreso. El gasto social a través de una política compensatoria no puede neutralizar los efectos de una política económica que ha concentrado la riqueza y redistribuido muy mal la que hay.
Como lo aprendimos a través de los años del Pronasol, la capacidad limitada del Estado para aliviar pobreza es producto de esfuerzos que acaban por politizarla. Al responder a imperativos electorales, y centrarse en poblaciones que no son las más pobres, la Cruzada contra el Hambre coloca un énfasis desproporcionado en los pobres urbanos y opera en función de criterios que poco tienen que ver con el alivio a la pobreza.
Aunque la Cruzada a fin de cuentas logre proveer una red de seguridad social mínima -a través de la selectividad social de un subsidio-, esa entrega no está libre de ataduras partidistas. De ataduras clientelares. Al canalizar recursos sin vigilancia el PRI puede atender las demandas sociales a nivel local, pero sin rendir cuentas sobre su actuación. Puede dar y repartir, regalar y subsidiar. Puede entregar despensas y cosechar votos.
Como lo ha reportado EL NORTE, la Cruzada contra el Hambre no considera a municipios que sufren extrema pobreza, pero sí considera localidades que enfrentan elecciones competidas. No hay apoyo para Batopilas, Chihuahua, pero sí para Torreón, Coahuila. No hay dinero para Zirándaro, Guerrero, pero sí para Cancún, Quintana Roo. Tal y como ocurriera con el "programa estrella" de Carlos Salinas de Gortari, la Cruzada actual está basada en criterios discrecionales y politizados, no en lineamientos claros y apartidistas.
No busca ayudar a los que menos tienen, sino a los que más votan. No busca aliviar la pobreza, sino producir rendimientos políticos. Ya no a través de grandes programas subsidiadores, sino a través de pequeñas intervenciones focalizadas. Ya no mediante acciones gubernamentales de gran alcance, sino a través de pequeños donativos estratégicos.
La Cruzada contra el Hambre intenta darle una cara compensatoria y popular a un régimen que colocará el IVA a medicinas y alimentos. Por un lado Peña Nieto enfatiza su compromiso con los desposeídos, y por otro contempla medidas que seguramente serán altamente impopulares.
La entrega de apoyos materiales a cambio de apoyo político puede ser un tema que no le quite el sueño a algunos mexicanos. Pero aquellos preocupados por la equidad y la calidad de la democracia mexicana deben contemplar el surgimiento de la Cruzada contra el Hambre con consternación.
El esfuerzo puede, sin duda, fortalecer ciertos vínculos entre el PRI y la sociedad, pero no el tipo de lazos que son parte integral de las democracias funcionales. La Cruzada Contra el Hambre -como el Programa Nacional de Solidaridad en su momento- sólo indica que quienes quieren gobernar a través de la manipulación se han vuelto más adeptos para usarla.
Denise Dresser
domingo, febrero 24, 2013
Mapas de la Corrupción
Como era de esperarse, el combate a la corrupción desde Los Pinos fracasó. La inútil Secretaría de la Función Pública, inventada como Secretaría de la Contraloría por el Presidente Miguel de la Madrid en 1982, fue suprimida 30 años después. Misión imposible: la corrupción no era una plaga del sistema político mexicano, era el sistema.
Nunca hizo falta una burocracia adicional para atrapar a los funcionarios corruptos. Se sabía quiénes eran, y estaban advertidos; no para encarcelarlos, sino para tenerlos chantajeados y sumisos. Lo importante era el respeto al principio estructural del sistema: el Supremo Árbitro es el dueño del queso. A su arbitrio lo parte, lo reparte y se queda con la mayor parte.
Siempre se supo que crear trámites crea oportunidades de extorsión. De buena o de mala fe, sirven para que nadie pueda hacer nada sin permiso. Hasta la sociedad contribuye diciendo que esto y aquello no deberían permitirse. Los dueños del poder responden encantados a las demandas populares. Crean nuevos y más perfectos enredos.
Así respondió Miguel de la Madrid al clamor contra la corrupción que escuchó en su campaña presidencial. Prometió una "renovación moral de la sociedad". Organizó foros de consulta sobre el tema. Contrató expertos para diseñar un arma nunca vista. Y le entregaron la Carabina de Ambrosio: una contraloría interna que, supuestamente, acabaría con la corrupción reduciendo los trámites y haciéndolos depender de un segundo piso de metatrámites.
El Contralor nunca perdió el respeto a las jerarquías. Otro Secretario de Estado contaba socarronamente que, ahora sí, todo se renovaría. Que le hablaron de la Contraloría para ver a quién quería que le asignaran para vigilarlo... El respeto fue evidente cuando el Washington Post del 15 de mayo de 1984 publicó que don Miguel tenía en cuentas suizas 162 millones de dólares ("Mexico makes its presidents millionaires"). El Contralor no dijo pío. Se comprende que en 30 años no cayera un solo pez gordo: puros charalitos -como dijo otro Contralor-.
Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo ni el Judicial han demostrado capacidad de autodepurarse. El combate a la corrupción tiene que ser emprendido por la sociedad desde abajo y desde afuera. Los simples ciudadanos deben empezar por los charalitos. Los peces gordos pueden ser enfrentados por la gran prensa, las grandes empresas, los intereses extranjeros y los peces gordos contrarios. Lo que está al alcance de grupos voluntarios es sanear dependencias menores con una acción externa eficaz y tenaz.
Hay que multiplicar los grupos participantes, especializarse y estudiar los métodos de presión. Por ejemplo: un grupo especializado en acabar con las mordidas de tránsito pudiera idear una calcomanía para automóviles que dijera: "No doy mordida". Seguramente encontraría ciudadanos dispuestos a asumir la responsabilidad y los riesgos de hacerlo. Hay antecedentes favorables. Una empresa con miles de camiones repartidores, harta de que sus choferes pagaran (o dijeran pagar) mordidas que había que reembolsarles, ordenó que no las pagaran, aunque se llevaran la unidad al corralón o la delegación. Desenlace inesperado: corrió la voz entre la Policía de tránsito y, como los camiones eran fácilmente identificables, los mordelones prefirieron ignorarlos. Pero no sería igual para simples automovilistas. Tendrían que estar dispuestos a perder muchas horas. Se expondrían a que los vándalos dirigidos por las autoridades dañaran los automóviles que ostentaran la calcomanía. Hay que buscar otros métodos.
Alguna vez propuse hacer una "Enciclopedia de la Mordida en México" que detallara dónde, cuándo y cuánto hay que dar, como las guías turísticas informan sobre las propinas. Hoy es posible construir algo mejor, gracias a los celulares con acceso a internet, el periodismo ciudadano, la programación que integra reportajes colaborativos y el ejemplo de la Wikipedia.
En Kenia, un grupo de voluntarios creó una plataforma digital (ushahidi.com) que permite integrar y presentar información dispersa recogida por voluntarios, interactivamente. Usa los mapas de Google para presentar la información. Funcionó por primera vez en el 2008 para recoger testimonios (ushahidi) sobre la violencia en el país. Pero pronto se desarrollaron otras aplicaciones, por ejemplo: atender rápidamente el desastre creado por un ciclón. La plataforma ha sido reconocida por el Banco Mundial y el Foro de Davos.
Otros voluntarios la aprovechan desde el 2010 para exhibir la corrupción en la India. Ramesh Ramanathan fue un alto ejecutivo del Citibank en Londres que decidió volver a su patria y lanzarse como empresario social. Creó una microfinanciera. Además, con su mujer, creó un centro para promover la participación ciudadana en la solución de los problemas urbanos; y, dentro del centro, crearon un portal de denuncias (ipaidabribe.com) que ha tenido repercusión internacional (The Economist, Forbes, Businessweek) y ha estimulado iniciativas semejantes. En el portal se publican denuncias anónimas que especifican la cantidad pagada, fecha, ciudad, oficina, circunstancias. También denuncias de mordidas no pagadas (y las consecuencias). También testimonios sobre funcionarios eficaces y honestos. Además, suben videos de noticieros con denuncias que fueron noticia. En Colombia existe un portal semejante (monitordecorrupción.org).
Quizá fuera mejor tener portales especializados para cada dependencia, por ejemplo: mordidas que se pagan a la Secretaría de Hacienda en las aduanas, o a la Secretaría de Gobernación en las cárceles; o para cada circunstancia, por ejemplo: permisos de construcción, venta de plazas laborales, venta de calificaciones escolares; o por tipo de extorsionado, por ejemplo: paisanos que vuelven de visita al País, automovilistas. Habría que empezar por las mordidas más frecuentes y de monto menor, porque son más fáciles de compilar significativamente, porque afectan a más personas y porque suprimirlas no tiene un costo político excesivo (los jefes perderían control mafioso, pero ganarían oportunidades de adornarse).
Construir mapas urbanos donde se pongan banderolas en los lugares más corruptos, con todos los detalles, exhibiría a las autoridades y tendría consecuencias. Que desaparezcan las mordidas de tránsito, por ejemplo, es perfectamente posible y tendría un efecto multiplicador: una vida más digna de respeto para los policías, un ejemplo estimulante para otros grupos voluntarios y un mejor clima social: la satisfacción de vivir en un país que mejora.
Nunca hizo falta una burocracia adicional para atrapar a los funcionarios corruptos. Se sabía quiénes eran, y estaban advertidos; no para encarcelarlos, sino para tenerlos chantajeados y sumisos. Lo importante era el respeto al principio estructural del sistema: el Supremo Árbitro es el dueño del queso. A su arbitrio lo parte, lo reparte y se queda con la mayor parte.
Siempre se supo que crear trámites crea oportunidades de extorsión. De buena o de mala fe, sirven para que nadie pueda hacer nada sin permiso. Hasta la sociedad contribuye diciendo que esto y aquello no deberían permitirse. Los dueños del poder responden encantados a las demandas populares. Crean nuevos y más perfectos enredos.
Así respondió Miguel de la Madrid al clamor contra la corrupción que escuchó en su campaña presidencial. Prometió una "renovación moral de la sociedad". Organizó foros de consulta sobre el tema. Contrató expertos para diseñar un arma nunca vista. Y le entregaron la Carabina de Ambrosio: una contraloría interna que, supuestamente, acabaría con la corrupción reduciendo los trámites y haciéndolos depender de un segundo piso de metatrámites.
El Contralor nunca perdió el respeto a las jerarquías. Otro Secretario de Estado contaba socarronamente que, ahora sí, todo se renovaría. Que le hablaron de la Contraloría para ver a quién quería que le asignaran para vigilarlo... El respeto fue evidente cuando el Washington Post del 15 de mayo de 1984 publicó que don Miguel tenía en cuentas suizas 162 millones de dólares ("Mexico makes its presidents millionaires"). El Contralor no dijo pío. Se comprende que en 30 años no cayera un solo pez gordo: puros charalitos -como dijo otro Contralor-.
Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo ni el Judicial han demostrado capacidad de autodepurarse. El combate a la corrupción tiene que ser emprendido por la sociedad desde abajo y desde afuera. Los simples ciudadanos deben empezar por los charalitos. Los peces gordos pueden ser enfrentados por la gran prensa, las grandes empresas, los intereses extranjeros y los peces gordos contrarios. Lo que está al alcance de grupos voluntarios es sanear dependencias menores con una acción externa eficaz y tenaz.
Hay que multiplicar los grupos participantes, especializarse y estudiar los métodos de presión. Por ejemplo: un grupo especializado en acabar con las mordidas de tránsito pudiera idear una calcomanía para automóviles que dijera: "No doy mordida". Seguramente encontraría ciudadanos dispuestos a asumir la responsabilidad y los riesgos de hacerlo. Hay antecedentes favorables. Una empresa con miles de camiones repartidores, harta de que sus choferes pagaran (o dijeran pagar) mordidas que había que reembolsarles, ordenó que no las pagaran, aunque se llevaran la unidad al corralón o la delegación. Desenlace inesperado: corrió la voz entre la Policía de tránsito y, como los camiones eran fácilmente identificables, los mordelones prefirieron ignorarlos. Pero no sería igual para simples automovilistas. Tendrían que estar dispuestos a perder muchas horas. Se expondrían a que los vándalos dirigidos por las autoridades dañaran los automóviles que ostentaran la calcomanía. Hay que buscar otros métodos.
Alguna vez propuse hacer una "Enciclopedia de la Mordida en México" que detallara dónde, cuándo y cuánto hay que dar, como las guías turísticas informan sobre las propinas. Hoy es posible construir algo mejor, gracias a los celulares con acceso a internet, el periodismo ciudadano, la programación que integra reportajes colaborativos y el ejemplo de la Wikipedia.
En Kenia, un grupo de voluntarios creó una plataforma digital (ushahidi.com) que permite integrar y presentar información dispersa recogida por voluntarios, interactivamente. Usa los mapas de Google para presentar la información. Funcionó por primera vez en el 2008 para recoger testimonios (ushahidi) sobre la violencia en el país. Pero pronto se desarrollaron otras aplicaciones, por ejemplo: atender rápidamente el desastre creado por un ciclón. La plataforma ha sido reconocida por el Banco Mundial y el Foro de Davos.
Otros voluntarios la aprovechan desde el 2010 para exhibir la corrupción en la India. Ramesh Ramanathan fue un alto ejecutivo del Citibank en Londres que decidió volver a su patria y lanzarse como empresario social. Creó una microfinanciera. Además, con su mujer, creó un centro para promover la participación ciudadana en la solución de los problemas urbanos; y, dentro del centro, crearon un portal de denuncias (ipaidabribe.com) que ha tenido repercusión internacional (The Economist, Forbes, Businessweek) y ha estimulado iniciativas semejantes. En el portal se publican denuncias anónimas que especifican la cantidad pagada, fecha, ciudad, oficina, circunstancias. También denuncias de mordidas no pagadas (y las consecuencias). También testimonios sobre funcionarios eficaces y honestos. Además, suben videos de noticieros con denuncias que fueron noticia. En Colombia existe un portal semejante (monitordecorrupción.org).
Quizá fuera mejor tener portales especializados para cada dependencia, por ejemplo: mordidas que se pagan a la Secretaría de Hacienda en las aduanas, o a la Secretaría de Gobernación en las cárceles; o para cada circunstancia, por ejemplo: permisos de construcción, venta de plazas laborales, venta de calificaciones escolares; o por tipo de extorsionado, por ejemplo: paisanos que vuelven de visita al País, automovilistas. Habría que empezar por las mordidas más frecuentes y de monto menor, porque son más fáciles de compilar significativamente, porque afectan a más personas y porque suprimirlas no tiene un costo político excesivo (los jefes perderían control mafioso, pero ganarían oportunidades de adornarse).
Construir mapas urbanos donde se pongan banderolas en los lugares más corruptos, con todos los detalles, exhibiría a las autoridades y tendría consecuencias. Que desaparezcan las mordidas de tránsito, por ejemplo, es perfectamente posible y tendría un efecto multiplicador: una vida más digna de respeto para los policías, un ejemplo estimulante para otros grupos voluntarios y un mejor clima social: la satisfacción de vivir en un país que mejora.
Gabriel Zaid
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Esta propuesta de Zaid me parece muy factible, y sencilla de implementar. Ojalá pronto algún grupo ciudadano genere esa página web para ir creando el mapa de la corrupción. ¿Quienes se apuntan? Se requieren programadores web para generar la página, y luego una inversión mínima para el dominio y el hosting.
domingo, febrero 17, 2013
Cómo se pierden las democracias
Desde los griegos hasta nuestro tiempo, las democracias se pierden por dos vías sucesivas: la demagogia y la fuerza. Los latinoamericanos tenemos muy presente cómo operan los golpes de Estado, pero entendemos menos el efecto disolutivo que tiene la corrupción de la palabra (la mentira, la propaganda, el discurso del odio, la demagogia) en la vida ciudadana.
En muchos casos, el poder de la palabra es más letal que el de las armas. La demagogia mató a la democracia en las ciudades griegas y preparó el derrumbe de la República de Weimar. Y en México, hace exactamente 100 años, el discurso del escarnio, esparcido por un sector influyente de la prensa, desalentó y desorientó al ciudadano, y creó el escenario del magnicidio.
El 22 de febrero de 1913, muchos mexicanos presenciaron con pasividad el cobarde asesinato de Francisco I. Madero, presidente electo 15 meses antes por el voto popular. Los responsables individuales tienen nombre y apellido: el Embajador yanqui que tramó el golpe (Henry Lane Wilson); los Generales Victoriano Huerta, Félix Díaz, Bernardo Reyes, Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet; los empresarios Íñigo Noriega e Ignacio de la Torre (entre otros).
Los responsables colectivos también son conocidos: la aristocracia porfirista; los Senadores (con la excepción de Belisario Domínguez); buena parte de los Diputados (con excepción del "Bloque Renovador", incluido Serapio Rendón); el Poder Judicial (que el mismo 22 de febrero ofreció al usurpador "sus sinceras congratulaciones"); casi todos los Gobernadores (a excepción de Carranza, Maytorena y Pesqueira, que se levantaron contra Huerta).
Indirectamente también, los caudillos revolucionarios que permanecían alzados en armas (en particular Emiliano Zapata) contribuyeron a la tragedia. Es cierto que Madero no hubiera consentido en un reparto inmediato de la tierra, pero su Gobierno estudiaba seriamente una reforma agraria. La Iglesia jugó un papel ambiguo con el Presidente que había sacado al Partido Católico del ostracismo. Y, salvo honrosas excepciones (Vasconcelos, señaladamente), los intelectuales se integraron al Gabinete de Huerta.
Pero las cosas no hubieran llegado a ese extremo sin el papel corrosivo de la prensa. Hace 100 años, cuando no existían los medios electrónicos, la prensa era el único vehículo de discusión pública. La gente se orientaba por los dichos, las opiniones y las imágenes de la prensa. Y esa prensa, que a todo lo largo del régimen porfiriano había sufrido el acoso sistemático a la libertad de expresión, "mordía la mano de quien le quitó el bozal" (la frase terrible fue de Gustavo A. Madero).
Pocas veces se ha vejado a un Presidente como en tiempos de Madero. Algunos de los más célebres caricaturistas (como el "Chango" García Cabral y hasta nuestro inmenso José Clemente Orozco) contribuyeron al festín. La situación fue tan extrema que el 23 de enero de 1913 el Bloque Liberal Renovador envió a Madero un "Memorial" en el que le sugería limitar la libertad de expresión:
"La prensa lleva a cabo su obra pérfida, antidemocrática y liberticida, a vista y paciencia del gobierno de la Revolución. El gobierno se ha cruzado de brazos... El gobierno, en nombre de la Ley, pero faltando a ella, se deja escarnecer, se deja befar, se deja afrentar... Hay tribunales de la Federación y en los Estados, hay Códigos Penales, hay Ministerio de justicia. Y a vista y paciencia de todos esos funcionarios, guardianes de la Ley, todos los días, a todas horas, en todas partes, en toda la República, se alza un coro de dicterios, de oprobios, de denuestos, de ultrajes, de desprecios, de gritos de subversión, de clamores de rebeldía, y el pueblo, y todas las clases sociales, reciben ya, alentados por una impunidad suicida, con aquiescencia, hasta con júbilo, todo lo que se dice en forma injuriante y despectiva contra el gobierno de la Legalidad".
La "Memorial" sugería "suprimir, por los medios legales... la prensa de escándalo". Con ello "el gobierno sería respetado y temido, se haría la paz en los espíritus y la pacificación del país se aceleraría considerablemente". Pero Madero se rehusó a limitar la libertad de expresión. Así como había instaurado por primera vez en México la libertad sindical, se proponía respetar todas las libertades. Madero entendía bien el peligro de muerte que corría, y lo enfrentó como un héroe antiguo, con estoicismo republicano. En septiembre de 1912 dijo:
"Si un gobierno tal como el mío... no es capaz de durar en México... deberíamos deducir que el pueblo mexicano no está preparado para la democracia y que necesitamos un nuevo dictador...".
Tenía razón. Casi toda la prensa justificó y festejó el asesinato. Y México tardó más de 80 años en reabrir la alternativa democrática.
Las lecciones de aquel episodio son claras y vigentes: para preservar la democracia debemos cuidar la palabra pública. La democracia no es sólo cuestión de votos, sino de convivencia civilizada, y esa convivencia se finca en el respeto a la palabra.
Todo aquel que tiene voz pública (el político, el periodista, el comunicador, el intelectual) debe saber que sus palabras nunca son impunes porque se traducen en los hechos. Las palabras torcidas (la mentira, la distorsión, la descalificación, el denuesto) conducen a la alienación colectiva, a la irrealidad, al cinismo, a la incredulidad. Y las palabras de odio, tarde o temprano, terminan por desembocar en la violencia. Si no podemos (sabemos, queremos) usar la palabra apelando a la razón, los mexicanos "deberemos deducir" nuestra impreparación para la democracia.
En muchos casos, el poder de la palabra es más letal que el de las armas. La demagogia mató a la democracia en las ciudades griegas y preparó el derrumbe de la República de Weimar. Y en México, hace exactamente 100 años, el discurso del escarnio, esparcido por un sector influyente de la prensa, desalentó y desorientó al ciudadano, y creó el escenario del magnicidio.
El 22 de febrero de 1913, muchos mexicanos presenciaron con pasividad el cobarde asesinato de Francisco I. Madero, presidente electo 15 meses antes por el voto popular. Los responsables individuales tienen nombre y apellido: el Embajador yanqui que tramó el golpe (Henry Lane Wilson); los Generales Victoriano Huerta, Félix Díaz, Bernardo Reyes, Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet; los empresarios Íñigo Noriega e Ignacio de la Torre (entre otros).
Los responsables colectivos también son conocidos: la aristocracia porfirista; los Senadores (con la excepción de Belisario Domínguez); buena parte de los Diputados (con excepción del "Bloque Renovador", incluido Serapio Rendón); el Poder Judicial (que el mismo 22 de febrero ofreció al usurpador "sus sinceras congratulaciones"); casi todos los Gobernadores (a excepción de Carranza, Maytorena y Pesqueira, que se levantaron contra Huerta).
Indirectamente también, los caudillos revolucionarios que permanecían alzados en armas (en particular Emiliano Zapata) contribuyeron a la tragedia. Es cierto que Madero no hubiera consentido en un reparto inmediato de la tierra, pero su Gobierno estudiaba seriamente una reforma agraria. La Iglesia jugó un papel ambiguo con el Presidente que había sacado al Partido Católico del ostracismo. Y, salvo honrosas excepciones (Vasconcelos, señaladamente), los intelectuales se integraron al Gabinete de Huerta.
Pero las cosas no hubieran llegado a ese extremo sin el papel corrosivo de la prensa. Hace 100 años, cuando no existían los medios electrónicos, la prensa era el único vehículo de discusión pública. La gente se orientaba por los dichos, las opiniones y las imágenes de la prensa. Y esa prensa, que a todo lo largo del régimen porfiriano había sufrido el acoso sistemático a la libertad de expresión, "mordía la mano de quien le quitó el bozal" (la frase terrible fue de Gustavo A. Madero).
Pocas veces se ha vejado a un Presidente como en tiempos de Madero. Algunos de los más célebres caricaturistas (como el "Chango" García Cabral y hasta nuestro inmenso José Clemente Orozco) contribuyeron al festín. La situación fue tan extrema que el 23 de enero de 1913 el Bloque Liberal Renovador envió a Madero un "Memorial" en el que le sugería limitar la libertad de expresión:
"La prensa lleva a cabo su obra pérfida, antidemocrática y liberticida, a vista y paciencia del gobierno de la Revolución. El gobierno se ha cruzado de brazos... El gobierno, en nombre de la Ley, pero faltando a ella, se deja escarnecer, se deja befar, se deja afrentar... Hay tribunales de la Federación y en los Estados, hay Códigos Penales, hay Ministerio de justicia. Y a vista y paciencia de todos esos funcionarios, guardianes de la Ley, todos los días, a todas horas, en todas partes, en toda la República, se alza un coro de dicterios, de oprobios, de denuestos, de ultrajes, de desprecios, de gritos de subversión, de clamores de rebeldía, y el pueblo, y todas las clases sociales, reciben ya, alentados por una impunidad suicida, con aquiescencia, hasta con júbilo, todo lo que se dice en forma injuriante y despectiva contra el gobierno de la Legalidad".
La "Memorial" sugería "suprimir, por los medios legales... la prensa de escándalo". Con ello "el gobierno sería respetado y temido, se haría la paz en los espíritus y la pacificación del país se aceleraría considerablemente". Pero Madero se rehusó a limitar la libertad de expresión. Así como había instaurado por primera vez en México la libertad sindical, se proponía respetar todas las libertades. Madero entendía bien el peligro de muerte que corría, y lo enfrentó como un héroe antiguo, con estoicismo republicano. En septiembre de 1912 dijo:
"Si un gobierno tal como el mío... no es capaz de durar en México... deberíamos deducir que el pueblo mexicano no está preparado para la democracia y que necesitamos un nuevo dictador...".
Tenía razón. Casi toda la prensa justificó y festejó el asesinato. Y México tardó más de 80 años en reabrir la alternativa democrática.
Las lecciones de aquel episodio son claras y vigentes: para preservar la democracia debemos cuidar la palabra pública. La democracia no es sólo cuestión de votos, sino de convivencia civilizada, y esa convivencia se finca en el respeto a la palabra.
Todo aquel que tiene voz pública (el político, el periodista, el comunicador, el intelectual) debe saber que sus palabras nunca son impunes porque se traducen en los hechos. Las palabras torcidas (la mentira, la distorsión, la descalificación, el denuesto) conducen a la alienación colectiva, a la irrealidad, al cinismo, a la incredulidad. Y las palabras de odio, tarde o temprano, terminan por desembocar en la violencia. Si no podemos (sabemos, queremos) usar la palabra apelando a la razón, los mexicanos "deberemos deducir" nuestra impreparación para la democracia.
Enrique Krauze
sábado, febrero 09, 2013
Vigencia constitucional
¿Es vigente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Claro que sí, es la respuesta jurídica. Sin embargo ¿es legítima nuestra Carta Magna para la realidad que vivimos? La respuesta no es tan clara aquí, tratemos de revisar por qué.
El pasado martes conmemoramos el 96 aniversario de nuestra Constitución; no sé si también debemos reconocer la flexibilidad reconocida en su numeral 135 y recordar las más de 600 reformas que ha tenido en casi un siglo.
Una reciente encuesta de Mitofsky señala que sólo el 42 por ciento de los mexicanos sabe qué se conmemora el 5 de febrero. Menos del 25 por ciento sabe cuál es el artículo que habla sobre la educación (Artículo 3) y menos del 18 por ciento sabe dónde está enmarcado el derecho laboral (Artículo 123).
Sin duda, nuestra Carta Magna no fue hecha con la intención de ser leída, sino obedecida, pero sus capítulos y su orden son tan contradictorios que la hacen poco realista: inicia con las garantías individuales y mezcla en ellas algunos derechos sociales, luego pasa a hablar de los Poderes de la Unión sin contemplar ningún puente entre sociedad y autoridad.
Parecería que nuestra Carta Suprema fue escrita en un momento en que la sociedad debía permanecer en silencio y ser simple espectadora agradecida con los derechos sociales que la lucha revolucionaria y los liberales le habían concedido no en la realidad, sino sólo en el papel.
La verdad es que la sociedad no existe en la Constitución Mexicana. De hecho las palabras "sociedad" y "pueblo" sólo se mencionan 10 veces cada una a lo largo de los 136 artículos que conforman nuestra Carta Magna.
Curiosamente, otras palabras parecen tener más fuerza en la Constitución. Por ejemplo, "gobierno" tiene 94 menciones, "autoridad" 71 y "Estado" tiene 121.
La palabra "Congreso" aparece 124 veces en todo el texto, "Presidente" en 99 ocasiones, y la palabra "diputados" se menciona 93 veces.
También reflejo de que la sociedad está alejada de su Constitución es el hecho de que sólo hay una mención a la palabra fundamental de cualquier país "democracia". En dos ocasiones se menciona "crecimiento económico", pero 39 veces se mencionan a los "partidos políticos".
La palabra "consenso" no aparece en ninguna parte y sólo hay 10 menciones a "acuerdos".
Para Karl Loewenstein, estudioso del derecho constitucional alemán, sólo hay tres clases de constituciones: las normativas, que tienen un estrecho vínculo entre la realidad y la norma escrita, que es sentida y vivida tanto por los titulares del poder como por sus ciudadanos; las semánticas, también llamadas pseudoconstituciones, que son las que se aplican, pero más para mantener el monopolio del poder público y no para regular el proceso político; y las nominales, que carecen de ese vínculo entre realidad y norma y no se aplica en la realidad.
La nuestra cae en este tercer apartado, a diferencia de la estadounidense con sus casi 226 años de vida y que es una Constitución normativa.
Aquí considero que cabe la reflexión de comparar el principio de nuestra Constitución con la de Estados Unidos.
La Constitución de nuestros vecinos inicia reconociendo que es el pueblo el que se constituye como una nación y es el tenedor y depositario original de los derechos, y que entre todos éstos se deben construir y defender.
Nuestro Artículo 1 señala que es la Constitución, no el pueblo, la que reconoce, procura y garantizará los derechos fundamentales a los mexicanos.
Con ello supuso que alguien supremo, abstracto, lejano, intangible y no identificable daba y garantizaba los derechos que se señalan en la Carta Magna, cuando en esencia debemos de reconocer que los derechos se construyen, defienden y mantienen gracias al trabajo y respeto tanto de sus ciudadanos como de su Gobierno.
Nuestra Constitución es vigente y será legítima cuando la ciudadanía y el Gobierno respetan sus postulados, cuando les son suficientemente válidos para su quehacer diario, pero, sobre todo, cuando alimentan la libertad y las capacidades de lograr acuerdos para mejorar nuestro desarrollo.
Moderna para su época, lo cierto es que nuestra Constitución enmarcaba un anhelo de todos los mexicanos que hoy no vemos realizado, precisamente porque no fueron tomados en cuenta.
Como muchas leyes en la actualidad, que son letra muerta al legislarse de espaldas a la sociedad, nuestra Carta Magna es el reflejo de esa distancia entre el Gobierno y sus ciudadanos. Distancia que produce el rezago en la vigencia de los derechos individuales y sociales que precisamente la Constitución buscaba garantizar.
Vidal Garza
vidalgarza@yahoo.com
El pasado martes conmemoramos el 96 aniversario de nuestra Constitución; no sé si también debemos reconocer la flexibilidad reconocida en su numeral 135 y recordar las más de 600 reformas que ha tenido en casi un siglo.
Una reciente encuesta de Mitofsky señala que sólo el 42 por ciento de los mexicanos sabe qué se conmemora el 5 de febrero. Menos del 25 por ciento sabe cuál es el artículo que habla sobre la educación (Artículo 3) y menos del 18 por ciento sabe dónde está enmarcado el derecho laboral (Artículo 123).
Sin duda, nuestra Carta Magna no fue hecha con la intención de ser leída, sino obedecida, pero sus capítulos y su orden son tan contradictorios que la hacen poco realista: inicia con las garantías individuales y mezcla en ellas algunos derechos sociales, luego pasa a hablar de los Poderes de la Unión sin contemplar ningún puente entre sociedad y autoridad.
Parecería que nuestra Carta Suprema fue escrita en un momento en que la sociedad debía permanecer en silencio y ser simple espectadora agradecida con los derechos sociales que la lucha revolucionaria y los liberales le habían concedido no en la realidad, sino sólo en el papel.
La verdad es que la sociedad no existe en la Constitución Mexicana. De hecho las palabras "sociedad" y "pueblo" sólo se mencionan 10 veces cada una a lo largo de los 136 artículos que conforman nuestra Carta Magna.
Curiosamente, otras palabras parecen tener más fuerza en la Constitución. Por ejemplo, "gobierno" tiene 94 menciones, "autoridad" 71 y "Estado" tiene 121.
La palabra "Congreso" aparece 124 veces en todo el texto, "Presidente" en 99 ocasiones, y la palabra "diputados" se menciona 93 veces.
También reflejo de que la sociedad está alejada de su Constitución es el hecho de que sólo hay una mención a la palabra fundamental de cualquier país "democracia". En dos ocasiones se menciona "crecimiento económico", pero 39 veces se mencionan a los "partidos políticos".
La palabra "consenso" no aparece en ninguna parte y sólo hay 10 menciones a "acuerdos".
Para Karl Loewenstein, estudioso del derecho constitucional alemán, sólo hay tres clases de constituciones: las normativas, que tienen un estrecho vínculo entre la realidad y la norma escrita, que es sentida y vivida tanto por los titulares del poder como por sus ciudadanos; las semánticas, también llamadas pseudoconstituciones, que son las que se aplican, pero más para mantener el monopolio del poder público y no para regular el proceso político; y las nominales, que carecen de ese vínculo entre realidad y norma y no se aplica en la realidad.
La nuestra cae en este tercer apartado, a diferencia de la estadounidense con sus casi 226 años de vida y que es una Constitución normativa.
Aquí considero que cabe la reflexión de comparar el principio de nuestra Constitución con la de Estados Unidos.
La Constitución de nuestros vecinos inicia reconociendo que es el pueblo el que se constituye como una nación y es el tenedor y depositario original de los derechos, y que entre todos éstos se deben construir y defender.
Nuestro Artículo 1 señala que es la Constitución, no el pueblo, la que reconoce, procura y garantizará los derechos fundamentales a los mexicanos.
Con ello supuso que alguien supremo, abstracto, lejano, intangible y no identificable daba y garantizaba los derechos que se señalan en la Carta Magna, cuando en esencia debemos de reconocer que los derechos se construyen, defienden y mantienen gracias al trabajo y respeto tanto de sus ciudadanos como de su Gobierno.
Nuestra Constitución es vigente y será legítima cuando la ciudadanía y el Gobierno respetan sus postulados, cuando les son suficientemente válidos para su quehacer diario, pero, sobre todo, cuando alimentan la libertad y las capacidades de lograr acuerdos para mejorar nuestro desarrollo.
Moderna para su época, lo cierto es que nuestra Constitución enmarcaba un anhelo de todos los mexicanos que hoy no vemos realizado, precisamente porque no fueron tomados en cuenta.
Como muchas leyes en la actualidad, que son letra muerta al legislarse de espaldas a la sociedad, nuestra Carta Magna es el reflejo de esa distancia entre el Gobierno y sus ciudadanos. Distancia que produce el rezago en la vigencia de los derechos individuales y sociales que precisamente la Constitución buscaba garantizar.
Vidal Garza
vidalgarza@yahoo.com
