domingo, junio 30, 2013

 

Los dilemas de la productividad

En el libro "El Poder de la Productividad", William Lewis compara la industria de la construcción en Brasil, EU y México. Su conclusión es : un trabajador mexicano sin mayor educación o habilidades puede ser tan productivo como el obrero alemán más calificado. Lo que diferencia a países como México y Brasil de EU y otros países ricos, dice Lewis, es el contexto en que operan las empresas que crea condiciones para que la economía prospere poco o mucho. La clave del crecimiento está en la productividad y todo lo que contribuye a incrementarla favorece el crecimiento, y todo lo que la impide lo reduce.

Por esto la decisión del Gobierno de volver a la productividad el eje de su estrategia económica es tan trascendente. "La productividad", dice Krugman, "no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo. La capacidad de un país de mejorar sus niveles de vida depende, casi enteramente, de su capacidad para elevar su producción por trabajador". La productividad resulta de todo lo que ocurre en la economía y por eso es una medida crucial de su desempeño. Cuando el Gobierno adopta este indicador como eje nos dice que está dispuesto a atacar las causas de los niveles tan pobres de crecimiento de la productividad que ha evidenciado el País últimamente.

Si uno observa la economía mexicana, lo primero que resultará obvio es que hay enormes diferencias en niveles de productividad entre las millones de empresas que la integran. Así como hay empresas que compiten exitosamente con las mejores del mundo, otras no podrían competir ni con las más improductivas de su colonia. Esas diferencias ilustran la complejidad del reto del Gobierno y el País. ¿Por qué las diferencias? El argumento de Lewis es que parte del reto de la productividad yace dentro de las empresas, pero un enorme componente está en el entorno en que operan.

El ejemplo citado arriba revela que una empresa con buenas técnicas de producción, uso inteligente de la tecnología y una estrategia de administración de proyectos puede lograr que el trabajador con menos calificación sea tan productivo como el más calificado y experimentado. Lo que hace la empresa en cuanto a calidad y técnicas de producción es la esencia del incremento en la productividad. En esto el Gobierno tiene relativamente poca incidencia.

La intervención del Gobierno es crucial en el entorno en que operan las empresas y esa incidencia, dice Lewis, es casi siempre negativa. Un Gobierno pesado y poco eficiente implica costos adicionales para las empresas (más impuestos) sin que obtengan mejores servicios. Peor, las empresas más productivas pagan más impuestos que las menos productivas, lo cual distorsiona el mercado. La protección de intereses particulares -sindicatos, monopolios gubernamentales, empresas y empresarios favoritos, prácticas monopólicas privadas, inseguridad, disfuncionalidad del Poder Judicial, aranceles elevados, subsidios- implica desproteger a los demás, pero en particular la distorsión permanente de los mercados donde las empresas operan. Las acciones gubernamentales impactan a la productividad, por lo que el reto del Gobierno es monumental e interno: todos esos intereses que se benefician de las distorsiones que causa el Gobierno están en él, dentro de su partido o son cercanos a éstos.

El dilema no es difícil de visualizar. Imaginemos una empresa productiva que compite exitosamente en su mercado. Recibe materias primas y otros insumos en la mañana y despacha productos terminados en la tarde. Lo que está bajo su responsabilidad funciona bien. Sus dolores de cabeza no están ahí, sino en lo demás: inconstancia y precio de la electricidad, gas y otros energéticos; infraestructura; costo de las comunicaciones; asaltos a sus camiones; los años que toma resolver un incumplimiento de contrato; la complejidad y costo de obtener crédito; y los precios monopólicos que innumerables proveedores le imponen. Esos factores son responsabilidad del Gobierno. No hay de otra.

El Gobierno enfrenta dos enormes desafíos. Por un lado está el medular: atacar las fuentes y causas de las distorsiones. Algunas de ellas tienen que ver con prioridades que los gobiernos mexicanos abandonaron y que ahora se han convertido en retos monumentales: entre éstos los más obvios son todo el sistema de justicia, la (in)seguridad pública y la tolerancia al abuso que los monopolios energéticos le imponen a la sociedad y economía. Otras son producto de reformas incompletas, de nuevas realidades y de problemas desatendidos. Por donde uno vea, el reto es mayúsculo.

El otro desafío es quizá más simple en concepto, pero igual de oneroso en la práctica. El sector industrial del País se divide en dos grupos: uno hipercompetitivo y otro que depende de la protección del Gobierno. El primero representa al 80 por ciento de la producción y emplea al 20 por ciento de la mano de obra; el segundo representa al 80 por ciento de las empresas y a la misma proporción de mano de obra, pero produce menos del 20 por ciento del total. El problema no son las proporciones, sino que esas empresas no competitivas le restan productividad a la economía y castigan al crecimiento. En lugar de contribuir al desarrollo, lo limitan. Nadie en el Gobierno ignora esto y su dilema es: eliminar la protección contribuiría a acelerar el crecimiento, pero generaría quiebras y desempleo. La contradicción es obvia: el mismo Gobierno que hace suya la productividad acaba de elevar la protección y subsidios a ese sector industrial.

La única solución posible está en resolver los problemas que causa el Gobierno -seguridad, infraestructura, contratos, competencia, eficiencia en el gasto e impuestos más racionales y los monstruos energéticos- para que más empresas quieran invertir en el País y esto permita absorber la mano de obra que resultaría de la eliminación de la protección. En esto no hay de dos sopas ni hay solución sin riesgo: el Gobierno da el paso o seguimos atorados.

Luis Rubio
www.cidac.org
 

domingo, junio 16, 2013

 

Políticos e incentivos

Un profesor en una universidad canadiense era famoso porque nunca reprobaba a nadie. Un día, algunos alumnos argumentaron que las políticas del Gobierno eliminarían la pobreza y se convertirían en el gran factor igualador de la sociedad. El profesor les propuso un experimento: desde ese momento él promediaría las calificaciones de todo el grupo y nadie obtendría una A (un 10) y nadie reprobaría. Vino el primer examen, el profesor promedió y todo mundo obtuvo una B. Los que habían estudiado duro estaban molestos, mientras los que habían estudiado poco estaban contentos. Luego vino el segundo examen: los alumnos que habían estudiado mucho la primera vez estudiaron menos y los que habían estudiado poco no estudiaron. El promedio fue D. En el tercer examen el promedio fue F, o sea reprobado. El experimento mostró una faceta humana que los políticos en el mundo en general no acaban de entender: no se puede legislar un resultado.

Los políticos pueden legislar un conjunto de reglas (leyes) y regulaciones que, confían, arrojarán el resultado deseado, pero jamás podrán determinar la forma en que reaccionarán millones de ciudadanos ante sus preferencias u objetivos. No se puede legislar la prosperidad ni menor pobreza; tampoco un sistema financiero saludable o que haya menos tráfico en una ciudad o que se multiplique la riqueza al dividirla. Las personas siempre responden para sobrevivir a pesar de las malas ideas de los políticos y preservar lo que les importa: harán cosas que ni el más avezado político jamás podrá predecir.

En décadas pasadas, los políticos en EU, empleando mecanismos fiscales, obligaron a los bancos a dar préstamos hipotecarios masivamente a personas de bajos ingresos que no podían pagarlos. Así nació la crisis de los últimos años: ni tardos ni perezosos, pero sabiendo que no se podía utilizar una hipoteca tradicional para ese segmento poblacional, los banqueros idearon un crédito, el llamado "subprime loan" especialmente diseñado para personas de bajos ingresos: el pago mensual por los primeros años era muy bajo y fácil de pagar, pero éste se incrementaba súbitamente tiempo después. Millones de personas adquirieron casas de esa manera que luego, cuando ascendió el pago, abandonaron. Mientras eso sucedía, los banqueros habían convertido esos créditos en valores que revendieron por todo el mundo. Eventualmente explotó la crisis con las consecuencias que todos conocemos.

La lección es evidente: cuando los políticos usan subsidios, impuestos, preferencias o protección para beneficiar a ciertos grupos o para avanzar sus agendas, distorsionan la racionalidad económica que todo mundo entraña en su ser y producen resultados no siempre deseables. En su actuar, los políticos crean incentivos que no siempre comprenden a cabalidad.

En la Ciudad de México, en los 80, al Gobierno se le ocurrió la brillante idea de limitar el uso de coches a través del programa "un día no circula". Éste se anunció por tres meses y tuvo un efecto notable en unas cuantas semanas, pues una quinta parte de la planta vehicular salió de las calles. Pero al final del trimestre, el Gobierno local lo hizo permanente, con lo que cambió el esquema de incentivos: la población había respondido tal y como el Gobierno había deseado mientras fue temporal porque todos entendían las consecuencias de contaminación de los autos. Pero al hacerse permanente, la población respondió de forma lógica: comprando un vehículo adicional. El efecto sobre la contaminación fue fatal no sólo porque retornó el número original de vehículos, sino también porque la mayoría de los que se adicionaron eran carcachas y contaminaban más. Aumentó la planta vehicular y la contaminación.

El asunto no acabó ahí. Entre el final de los 80 y el presente se ha hecho todo lo posible por aumentar el número de vehículos en circulación: se han construido segundos pisos, los proyectos inmobiliarios son cada vez más distantes, el precio de los autos nuevos disminuye, el transporte público no ha crecido significativamente y las gasolinas están muy subsidiadas. Se han creado todos los incentivos imaginables para que la población adquiera más coches. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno? Volver a limitar el número de vehículos en circulación de manera coercitiva. No es difícil anticipar el desenlace, excepto si uno es el político a cargo de la decisión.

La legislación financiera que ha propuesto el Gobierno va por la misma línea. Su objetivo es loable: quiere que aumente el crédito como porcentaje del PIB y está intentando crear incentivos para que ocurra. La legislación propone dos mecanismos: uno positivo y otro negativo. El positivo, que toma como modelo al banco de desarrollo brasileño, consiste en dotar a los bancos de desarrollo nacionales de mecanismos para que apoyen a la planta productiva. Nada de malo en ello, excepto por lo que el propio ejemplo brasileño muestra de los riesgos de prestarle a empresas no viables pues, si lo fueran, los bancos comerciales les prestarían. Por el lado negativo, la iniciativa propone impedir que los bancos comerciales compren bonos gubernamentales con los recursos que no están prestando. El objetivo es incentivar a que incrementen el crédito con esos recursos. Al igual que con el tráfico en la Ciudad de México, no es difícil anticipar que, antes de extender créditos riesgosos, los bancos buscarán otras cosas en que colocar sus recursos, como bienes raíces o en instrumentos que mentes creativas desarrollarán para proteger sus propios intereses. Nuevamente, no se puede legislar un resultado.

"La política pública", escribió Thomas Sowell, "tiene que ser entendida en términos de la estructura de incentivos que produce y no de la retórica esperanzadora de quienes la concibieron". El mexicano es tan inteligente y competente como los demás seres humanos. Apostar a su estupidez o a su disposición a plegarse a los deseos de los burócratas arroja dudas sobre el carácter del apostador.

 
Luis Rubio 
www.cidac.org
 

sábado, junio 01, 2013

 

Movilidad Social

Una forma de ver qué tan efectivo es el desarrollo de una nación es observar la facilidad con la que la movilidad se da en los estratos sociales.

La medición de la movilidad social se coloca como la herramienta para evaluar cómo la sociedad reduce sus desigualdades y permite el ascenso en la escala social a quienes menos tienen.

Por décadas se ha considerado a la educación como el mejor vehículo para facilitar la movilidad social: a mayores niveles de educación y calidad de la misma, los miembros de una sociedad pueden escalar mejor los diferentes niveles sociales y tener un mayor desarrollo.

Inevitablemente, una condición necesaria para la movilidad social es el crecimiento de la economía, la expansión de la actividad económica; pero no es una condición suficiente. No basta con que el crecimiento económico se realice, sino que más ciudadanos contribuyan con él y logren beneficiarse del mismo.

En México, la movilidad social se ha vuelto un tema preocupante de acuerdo con la evaluación más reciente, pues permite observar las deficiencias enormes que tenemos como país para lograr que se reduzca la desigualdad tan lacerante.

La semana pasada fue presentado en la Ciudad, en la UR, el más reciente estudio sobre la movilidad social en México, realizado por convocatoria del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, que dirige el reconocido economista Enrique Cárdenas, y es el primero en su tipo que contempla una revisión de la movilidad social no sólo de los hombres, sino también de las mujeres en este país.

El "Informe de Movilidad Social de México 2013: Imagina tu Futuro" hace una revisión de los obstáculos y las motivaciones que permiten a la sociedad avanzar en su movilidad, para alcanzar mejores niveles de bienestar.

El mensaje central del documento es considerar viable imaginar un futuro donde las personas, independientemente de sus características personales -posición socioeconómica de la madre y el padre, género, culto o religión, preferencias sexuales- y físicas -talla, peso, color de piel-, reciban las mismas oportunidades y puedan competir en igualdad de condiciones por un puesto de trabajo. Así, el esfuerzo y talento deberán ser el motivo de su remuneración y no las características mencionadas.

Las dos principales conclusiones del estudio son: primero, que la sociedad mexicana se caracteriza por altas tasas de movilidad social en los sectores de clase media y una alta inmovilidad en los sectores más bajos, pero también en el más alto de la estructura socioeconómica.

Segundo, que los resultados en términos de la dimensión que refleja las condiciones de competencia de las personas son consistentes con lo que se observa en la movilidad ocupacional.

También se demuestra que el origen de las personas, aunque no condiciona el logro educativo para el nivel básico y medio, sí lo está haciendo para el nivel bachillerato y superior.

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, el estudio revela que aún tenemos un tema de desigualdad grave en cuanto al género.

Es más probable que las hijas de padres pobres se mantengan en pobreza, que si los hijos son varones. En el otro extremo, las hijas de padres de niveles socioeconómicos altos tienen más probabilidades de perder movilidad hacia abajo que los descendientes varones de estos padres que tienden en México a permanecer en su nivel socioeconómico alto.

Somos 30 millones de familias las que conformamos nuestro México. Analizando lo que significa la movilidad social para ellas, quiere decir que las 6 millones más pobres tienen menos posibilidades de ascender en la escala social que las de otros países latinoamericanos estudiados, como Chile o Perú. Igualmente, las 6 millones de familias más ricas de México tienen poca movilidad, por lo que permanecen en este nivel socioeconómico más tiempo.

La movilidad más dinámica en México se encuentra en los 18 millones de familias de la clase media. Sin embargo, son precisamente estos mexicanos los que menos programas sociales o de orientación pública tienen.

Este estudio refleja que los programas de atención a los grupos vulnerables en México no han ayudado en nada a mover a estas familias en la escala social. Al contrario, parecería que lo que buscan es mantenerlos en ese nivel de pobreza.

Es momento de reenfocar los programas sociales para fomentar la movilidad social de mejor manera. Al final, el mejor objetivo de cualquier sociedad es precisamente reducir la desigualdad y quitar los obstáculos para el crecimiento y movilidad social.

 
Vidal Garza Cantú 
vidalgarza@yahoo.com

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